Cuando la
mexicana Fomento Económico Mexicano S.A. (FEMSA)
adquirió Panamco a mediados de 2002 por 3.600 millones
de dólares, se convirtió en la más grande
embotelladora de Coca Cola fuera de Estados Unidos,
con ventas anuales estimadas en 4.600 millones de
dólares. Actualmente opera en Argentina, Brasil,
Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, Nicaragua,
Panamá y Venezuela. Tamaño gigantismo no significó
ningún beneficio para sus trabajadores, muchos de los
cuales perdieron sus puestos de trabajo debido al
cierre de fábricas y reestructuras ocurridas en
Colombia, Panamá y Venezuela. Ahora está procurando
imponer un particular estilo de gestión, que
desconociendo las leyes de los países donde opera,
pone a prueba la capacidad de resistencia de las
organizaciones obreras. El último ejemplo lo
encontramos en Nicaragua, pocos meses después de que
la subsidiaria local firmara un nuevo convenio
colectivo de trabajo.
El pasado 30
de julio, el Sindicato Único de Trabajadores de Coca
Cola Nicaragua realizó una protesta a causa de una
revisión salarial mal aplicada por la empresa, esta
consideró la medida como un acto ilegal y despidió a
tres dirigentes sindicales -entre ellos el secretario
general- presentando en el Ministerio del Trabajo una
solicitud de cancelación de los tres contratos de
trabajo. Pero bastó que los trabajadores paralizaran
sus labores por dos horas, para que los despedidos
fueran nuevamente readmitidos. Todo lleva a pensar que
más que el momentáneo malhumor de un jefe, la
intempestiva medida fue un globo de ensayo destinado a
sondear la fortaleza del Sindicato.
Por su parte,
los dirigentes del Sindicato (con el respaldo de una
carta firmada por más de 300 trabajadores) se
entrevistaron con el viceministro del Trabajo quien,
como no podía ser de otra manera, les comunicó que
según las leyes nicaragüenses los despidos no
correspondían y que hablaría con la compañía para que
esta desistiera de su actitud. Más tarde, una carta de
protesta enviada por la UITA a la gerencia de
FEMSA
motivó que representantes de la misma viajaran a
Nicaragua y se entrevistaran con el Sindicato a quien
le manifestaron que dejaban sin efecto las medidas
superando el malentendido; “borrón y cuenta nueva”,
fueron sus palabras.
No obstante,
para el Sindicato solamente se volverá a la normalidad
cuando la empresa presente ante el Ministerio del
Trabajo una solicitud de disentimiento a la
cancelación de los contratos. Según argumenta la
empresa, esto todavía no se ha efectuado debido a que
el director general para Centroamérica, el panameño
Mauricio Ponce, no se encuentra en el país. Mientras
tanto, el Sindicato permanece vigilante hasta que el
caso se cierre por la vía administrativa.
Más allá de
estos hechos, que podrían tomarse como un incidente
cotidiano, para los trabajadores existen motivos de
preocupación por los cambios que, violando las leyes
del país, FEMSA pretende implantar. La aspiración de
la empresa es que los trabajadores realicen tareas que
no están estipuladas en el contrato de trabajo,
acuñando una novedosa categoría que denominan
“maniobras generales”.
Si examinamos
más de cerca la embotelladora de Coca Cola en
Nicaragua nos encontraremos con que sus negocios no
van mal, desde el momento en que reconoce captar el 65
por ciento del mercado. En la empresa laboran 693
trabajadores permanentes (de los cuales 528 son
sindicalizados) y 527 tercerizados, es decir,
pertenecientes a empresas prestadoras de servicios. O
sea, poco más del 43 por ciento del total de la
plantilla es personal tercerizado, sin derecho a
sindicalizarse y sin cobertura del convenio colectivo.
Pese a ello la intención es flexibilizar aun más.
Y es claro
que para imponer una política de flexibilización como
la que pretende FEMSA, la existencia del sindicato es
un impedimento -seguramente la empresa añora la
situación en Costa Rica, donde la organización
sindical no existe- y las provocaciones continuarán.
Habrá que permanecer atentos.
Enildo Iglesias
© Rel-UITA
18 de agosto de 2004
