-¿Cuál es su formación?
-Estudié Economía del Desarrollo hasta el nivel de maestría,
pero diría que mi formación ha sido sobre todo de campo.
Viví en El Salvador durante siete años, trabajando muy de
cerca con la población rural y con refugiados y desplazados
por el conflicto civil de los 80. Durante el período de
reconstrucción tratamos, junto a las comunidades locales, de
recomponer la economía rural, cosa que fue prácticamente
imposible porque el comercio había destruido el mercado del
maíz, y como los campesinos dependían de esa producción la
mayoría tuvo que emigrar a Estados Unidos. Esta experiencia
despertó mi interés por las relaciones entre el mercado, las
políticas de comercio que nacen de ese poder y los impactos
en las comunidades.
En un principio fui a El Salvador por dos motivos. Por un
lado, porque en el gobierno de Estados Unidos estaba
influyendo demasiado un conflicto interno, una guerra civil
y muchos ciudadanos norteamericanos atribuíamos
responsabilidad en él al gobierno de nuestro país. Y por
otro lado, por un sentimiento de solidaridad con la
comunidad que sufría. Fue precisamente en El Salvador que
surgió mi interés por la economía, especialmente por la
macroeconomía, al haber visto sus resultados concretos.
-El modelo agropecuario es parte de esa
macroeconomía. ¿Puede haber posibilidades de desarrollo de
países o de regiones en ese marco?
-Francamente creo que no. He tenido la oportunidad de viajar
mucho. Durante 3 años fui encargado para América Latina de
una institución que promovía el desarrollo social. Visité un
montón de países y examiné gran cantidad de proyectos, y me
convencí de que con las actuales políticas macroeconómicas
no hay posibilidades de desarrollo. Por supuesto que siempre
habrá comunidades creativas y heroicas que saldrán adelante,
pero los paradigmas vigentes actualmente no están pensados
para promover el bienestar de las comunidades, en especial
las de bajos recursos. Estoy abierto a que personas con
mayor experiencia actual de campo que yo –la mía fue hace 10
años– me planteen alternativas concretas que se puedan
llevar a cabo dentro del contexto del modelo, pero de todas
maneras creo que, si existen, en todo caso van a ser más la
excepción que la norma. En el plano de las relaciones
comerciales, lo que está en juego no es la legitimidad de
instituciones como la OMC, sino su democratización. Se trata
de instituciones que hace largos años han sido capturadas
por intereses económicos y que ahora hay que democratizar.
-¿En qué consistiría el cambio de paradigma
que usted preconiza?
-El problema fundamental es garantizar tres principios en el
manejo de la economía: crear mecanismos para que en la
discusión sobre políticas económicas intervengan todos los
afectados; que los poderes que surjan de los procesos
democráticos de participación deban rendir cuentas a las
bases que los eligieron, evitando que los gobiernos o las
instituciones oficiales tomen decisiones a puertas cerradas;
tender a la transparencia: que todos los habitantes de un
determinado país puedan tener acceso a la información que se
maneja al más alto nivel, para poder hacer evaluaciones. En
el modelo actual esos tres principios son sistemáticamente
violados. En un paradigma alternativo lo importante no será
establecer normas sobre cuánto comercio pueda haber, o qué
tipo de productos se podrá comercializar sino manejarse con
esos tres principios, para que la toma de decisiones sobre
qué tipo de comercio, qué tipo de inversión pública, qué
tipo de acceso al crédito se fomentará, esté sujeta a un
debate auténtico y democrático en el que tomen parte las
poblaciones afectadas. Lo básico es que surjan soluciones a
las necesidades, adecuadas a cada realidad.
-Observando el mapa, ¿dónde piensa usted que
existan hoy mejores condiciones para desarrollar más
rápidamente procesos de ese tipo?
-Hace dos años habría dicho que en Brasil, tras la llegada
al gobierno de Lula, pero se evolucionó en un sentido
diferente. En Uruguay ahora se vislumbra una posibilidad de
que haya mayor participación de la gente. De todas maneras,
aunque algunos gobiernos nacionales tengan efectivamente la
voluntad de experimentar, de probar otras maneras de
conducir la política, pienso que están sujetos a las normas
internacionales y carecen de la capacidad de salirse de
instituciones como la OMC o los organismos financieros.
Tienen que estar allí, y bien sabemos que las condiciones en
que les son otorgados los préstamos los obligan a imponer
políticas que no van en favor de procesos más abiertos, más
democráticos en la economía.
Resulta muy difícil para cualquier país apartarse de ese
sistema. Por eso es que lo fundamental es llevar a cabo un
trabajo sistemático de cambio a nivel internacional, por
ejemplo promoviendo el comercio justo, para intentar
garantizar un ingreso adecuado a los productores. Hay muchas
experiencias interesantes a nivel local o regional que
podrían ser consideradas como modelos alternativos, pero
tienden a quedarse a nivel micro, precisamente porque la
capacidad de hacerlas crecer se enfrenta a las normas del
sistema actual. A mí me encantaría que alguien me dijera que
eso no es así, pero...
-Los cambios que usted pregona no van a
producirse entonces a corto plazo...
-Pienso que el sistema actual puede llegar a sucumbir
víctima de sus propias contradicciones. Me anima mucho que
la gente a nivel local y regional siga experimentando, pero
lo importante es coordinar esas formas alternativas con
esfuerzos de cambio estructural. Si creemos realmente en el
proceso de participación, las experiencias que suceden a
nivel de las comunidades concretas deberían servir de
insumos a la hora de definir qué tipo de reglas deberían
gobernar ese nuevo sistema. Para mí no se trata de decir
mercado sí o no, comercio sí o no, sino de fijar los límites
de los mercados y del comercio. En El Salvador fomentábamos
procesos de desarrollo local tratando de formar promotores
económicos de las propias comunidades, para que pudieran
sistematizar la información que recibían de su gente e
intentar formular planes de desarrollo para sus comunidades.
En esos ámbitos de discusión un campesino nos dijo: “no
entiendo por qué después de sembrar yo me voy al pueblo en
Tzalatenango, voy al distribuidor, compro mis insumos, desde
plaguicidas a fertilizantes, él me pone el precio y me dice
cuánto. Luego cosecho y vuelvo al mismo distribuidor con mi
cosecha y él me dice cuánto me va a dar por mi producto.
¿Cómo es posible? Quien tiene el producto debería poner el
precio. ¿Por qué es posible que ese señor ponga los dos
precios?”. Ese es un ejemplo micro de cómo funciona
básicamente el sistema agrícola a nivel mundial. Cuando
existe esa integración vertical entre los proveedores de
insumos, los procesadores de cosechas e incluso los
fabricantes de comida y la distribución, si todo ese sistema
está en manos de los mismos intereses pueden imponer los
precios a los agricultores y además influir no sólo en el
precio sino en la calidad y el contenido de los alimentos.
Quienes trabajen directamente con las comunidades deben
pensar en aquello que dijo el campesino salvadoreño y tratar
de comparar las realidades de esas comunidades y la forma de
actuar de los actores que ellos conocen con las de los
actores macro que manejan el sistema a nivel mundial.
-¿Cómo están comunicando este proceso los
organismos de investigación y de transferencia de
tecnología?
-Los investigadores pueden realizar dos tipos de aportes:
por un lado, están los de los agrónomos y de otras personas
que manejan técnicas específicas para mejorar la producción,
no solamente la cantidad de cosecha sino la sustentabilidad.
Y por otro, están los investigadores de las instituciones,
que tratan de estudiar el funcionamiento del sistema. Hay
muchos buenos investigadores que están dándole más
transparencia al sistema, por ejemplo sobre cómo se están
decidiendo los precios, los contenidos y la calidad de los
productos.
En nuestra iniciativa tenemos tres polos: el primero tiene
que ver con cómo nosotros podemos ayudar a vincular entre
ellos a los investigadores que estudian la estructura del
sistema. Hoy hay 15, 20 empresas que dominan el sistema
agroalimentario mundial, desde la semilla hasta el plato del
consumidor. ¿Cuáles son y en qué países operan? ¿Qué
porcentaje de mercado controlan? ¿Cuáles son los impactos de
esa grave concentración? ¿Quiénes son los otros actores,
sean trabajadores, agricultores, consumidores? Para
responder a esas preguntas, y que a través de nuestro sitio
web (www.coc.org)
todo el mundo pueda ver “el mapa del sistema”, la
investigación es fundamental.
El segundo polo está integrado también por expertos, pero en
materia legal, institucional. Son juristas e investigadores
académicos de estructuras que nos ayudan a responder
interrogantes como cuáles son las legislaciones nacionales e
internacionales que se aplican a estas empresas, cómo
podemos hacer para que las respeten e incluso proponer
nuevas leyes. El tercer polo, quizás el más importante, lo
constituyen los movimientos sociales. Para cambiar este
sistema es importantísimo sumar la fuerza y la legitimidad
de los cuatro movimientos a mi modo de ver más relevantes:
los agricultores; los trabajadores (en este plano me encanta
la relación que se está estableciendo con UITA, por su
alcance a nivel mundial no solamente al agrupar a los
trabajadores de campo y a los asalariados en la producción
sino también en materia de procesamiento y elaboración de
ideas); los consumidores, que pueden tener mucho poder si
logramos concientizarlos y que vayan tomando opciones en
base no solamente al precio sino también a las condiciones
laborales y de producción, medioambientales, etcétera; los
ambientalistas, que desde hace años luchan contra los
efectos perjudiciales de la agroindustria, el uso de
agrotóxicos, la amenaza de los organismos genéticamente
modificados.
Si logramos reunir a nivel mundial a esos movimientos, y los
reforzamos con las iglesias y las comunidades de fe y con
las agencias de desarrollo, pienso que de ahí alguna
solución debería salir. Puede ser una propuesta alternativa,
pero también una voluntad mancomunada de lucha contra las
estructuras actuales, que están acaparando los recursos del
sistema agroalimentario y dejando a los actores más
importantes con las manos vacías. Nuestro papel en este
proceso no es aparecer como los expertos que dicen “hagamos
tal cosa” sino favorecer procesos. Apostamos a la capacidad
y la representatividad de los movimientos sociales, para que
si conseguimos facilitar los procesos las respuestas a corto
y a largo plazo sean legítimas. Estamos tratando de modelar
una forma de democracia de participación transparente, que
debería existir en la conducción de las economías pero que
no existe. Deseo poder facilitar y fomentar ese proceso de
encuentro para que surja una legítima, válida y efectiva
respuesta al poder monopólico.
-¿Que tipo de participación deberían tener
los poderes públicos en este proceso de cambio de paradigma?
-En los últimos 20 años la inversión pública en el
desarrollo local, especialmente en el agro, sobre todo
comunitario, cayó estrepitosamente como consecuencia de los
programas de ajuste estructural que se han aplicado. Si bien
es cierto que se debe modificar las políticas de comercio y
de subsidio también hay que lograr que el Estado vuelva a
promover el desarrollo a nivel rural a través de la
inversión y la creación de oportunidades. Por otra parte, si
antes mencionaba la importancia de que los gobiernos rindan
cuentas de sus acciones ante los ciudadanos de sus
respectivos países, también las ONG deben rendir cuentas a
sus propias bases sobre lo que están haciendo: nuestras
propuestas, ¿las hacemos a partir de lo que plantean las
personas afectadas o simplemente se trata de construcciones
intelectuales, tal vez muy buenas pero que no nacen de la
gente? A mí me interesa sobre todo la creación de un espacio
en el cual las organizaciones que deberían estar
representando a los diversos actores sociales se relacionen
entre sí y debatan.
-En diversos foros internacionales
organizaciones sociales han acusado a algunas ONG de
intentar suplantarlas...
-Hay que corregir esas actitudes, pero también reconozcamos
que es imprescindible que haya instituciones
representativas, porque de otra manera no se puede dialogar.
No es factible juntar a 10 mil campesinos de Uruguay con 10
mil de México y hacer un plenario en un estadio de fútbol. A
lo largo de la historia humana la lucha para garantizar el
buen funcionamiento de las instancias representativas ha
sido una constante.
