Estados Unidos

El zorro cuidando el gallinero

   

La corporación Monsanto acaba de ser multada en 2 millones de dólares por haber vendido algodón transgénico en zonas declaradas protegidas por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos.

 

La noticia es presentada en los más importantes medios internacionales como una muestra de que en Estados Unidos el sistema de contralor estatal funciona correctamente. Incluso se pretende llevar este episodio a un ejemplo de vigor democrático: “Somos todos iguales ante la ley”.

 

La verdad, sin embargo, es muy otra. Fue la propia Monsanto la que en 2007 advirtió a la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) que desde el momento de la prohibición, en 2002, había violado la reglamentación reiteradamente.

 

Para hacerlo la transnacional se valió de un método cínico: evitó etiquetar los empaques de las semillas de algodón transgénicas Bolgard I y Bolgard II como se lo exigía la ley, de manera que fuera claramente reconocible por los agricultores la presencia en las simientes del Bacillus thuringiensis, considerado un pesticida por la propia EPA.

 

La Agencia había declarado una moratoria contra el Bacillus en diez condados del estado de Texas, intentando evitar que los monocultivos de semillas idénticas generaran insectos resistentes a ese producto.

 

Luego de la autodenuncia de Monsanto, la EPA investigó el hecho y corroboró la contaminación en 1.700 casos, por lo que solicitó una sanción “ejemplar” ante los tribunales administrativos que, finalmente, el pasado 8 de julio, le impusieron a la trasnacional la referida multa.

 

La EPA se declaró públicamente orgullosa de haber logrado esta sanción inédita en la historia estadounidense en aplicación de una ley de control de agrotóxicos que data de ¡1947!, esto es, anterior a la Revolución Verde, cuando se universalizó el uso de químicos sintéticos en la agricultura.

 

“El público debe saber que las grandes compañías son obligadas a respetar las leyes”, declaró una alta funcionaria de la Agencia, y agregó: “Las empresas deben comprender que tomamos estas violaciones muy en serio”.

 

Y eso sí que es difícil de entender, y no sólo para las empresas como Monsanto sino para cualquiera. Porque, para empezar, una multa de 2 millones de dólares es totalmente insignificante para la economía de una transnacional como Monsanto, que invierte 100 veces eso -o mucho más- para sustentar y consolidar los lobbys locales e internacionales que le permiten seguir cometiendo cualquier fechoría.

 

Y además porque el resultado final de la autoincriminación de Monsanto fue que la EPA terminó levantando la prohibición del uso de semillas con Bacillus thuringiensis en los dos condados involucrados en el episodio, ya contaminados por la presencia del algodón transgénico.

 

Quiere decir que Monsanto violó la ley, contaminó, pagó una cantidad muy parecida a una sencilla propina para sus arcas, y logró su objetivo: ahora puede vender sus semillas transgénicas legalmente donde antes sólo lo hacía delinquiendo. Negocio redondo. Así se comprende por qué se autodenunció.

 

Es como si a un ladrón que robó 10 millones de dólares de un banco, en vez de mandarlo a la cárcel le cobraran una multa de un millón. Y con el regalo de que podrá seguir asaltando el banco cuantas veces quiera, porque habrán abolido el delito.

 

Aún quedan ocho condados en Texas en los cuales no está autorizada la comercialización de algodón transgénico, pero de lo que está ocurriendo allí, ni Monsanto ni la EPA han dicho palabra.

 

 

En Montevideo, Carlos Amorín

Rel-UITA

14 de julio de 2010

 

 

 

 

 

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