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La corporación Monsanto
acaba de ser multada en 2 millones de dólares por haber vendido algodón
transgénico en zonas declaradas protegidas por la Agencia de Protección
Ambiental de Estados Unidos.
La noticia es presentada en los más importantes medios
internacionales como una muestra de que en Estados Unidos el sistema de
contralor estatal funciona correctamente. Incluso se pretende llevar este
episodio a un ejemplo de vigor democrático: “Somos todos iguales ante la ley”.
La verdad, sin embargo, es muy otra. Fue la propia
Monsanto la que en 2007 advirtió a la
Agencia de Protección Ambiental (EPA,
por sus siglas en inglés) que desde el momento de la prohibición, en 2002, había
violado la reglamentación reiteradamente.
Para hacerlo la transnacional se valió de un método cínico:
evitó etiquetar los empaques de las semillas de algodón transgénicas Bolgard
I y Bolgard II como se lo exigía la ley, de manera que fuera
claramente reconocible por los agricultores la presencia en las simientes del
Bacillus thuringiensis, considerado un pesticida por la propia EPA.
La Agencia había declarado una moratoria contra el Bacillus en
diez condados del estado de Texas, intentando evitar que los monocultivos de
semillas idénticas generaran insectos resistentes a ese producto.
Luego de la autodenuncia de
Monsanto, la EPA
investigó el hecho y corroboró la contaminación en 1.700 casos, por lo que
solicitó una sanción “ejemplar” ante los tribunales administrativos que,
finalmente, el pasado 8 de julio, le impusieron a la trasnacional la referida
multa.
La EPA se declaró
públicamente orgullosa de haber logrado esta sanción inédita en la historia
estadounidense en aplicación de una ley de control de agrotóxicos que data de
¡1947!, esto es, anterior a la Revolución Verde, cuando se universalizó el uso
de químicos sintéticos en la agricultura.
“El público debe saber que las grandes compañías son
obligadas a respetar las leyes”, declaró una alta funcionaria de la Agencia, y
agregó: “Las empresas deben comprender que tomamos estas violaciones muy en
serio”.
Y eso sí que es difícil de entender, y no sólo para las
empresas como
Monsanto sino para cualquiera. Porque, para empezar, una
multa de 2 millones de dólares es totalmente insignificante para la economía de
una transnacional como
Monsanto, que invierte 100 veces eso -o mucho más-
para sustentar y consolidar los lobbys locales e internacionales que le permiten
seguir cometiendo cualquier fechoría.
Y además porque el resultado final de la autoincriminación de
Monsanto fue que la EPA terminó levantando la prohibición del uso
de semillas con Bacillus thuringiensis en los dos condados involucrados
en el episodio, ya contaminados por la presencia del algodón transgénico.
Quiere decir que
Monsanto violó la ley, contaminó,
pagó una cantidad muy parecida a una sencilla propina para sus arcas, y logró su
objetivo: ahora puede vender sus semillas transgénicas legalmente donde antes
sólo lo hacía delinquiendo. Negocio redondo. Así se comprende por qué se
autodenunció.
Es como si a un ladrón que robó 10 millones de dólares de un
banco, en vez de mandarlo a la cárcel le cobraran una multa de un millón. Y con
el regalo de que podrá seguir asaltando el banco cuantas veces quiera, porque
habrán abolido el delito.
Aún quedan ocho condados en Texas en los cuales no está
autorizada la comercialización de algodón transgénico, pero de lo que está
ocurriendo allí, ni
Monsanto ni la EPA han dicho palabra.
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