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“Monsanto es responsable del perjuicio sufrido por Paul François
como consecuencia de la inhalación de Lasso”. |
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La justicia
civil francesa acaba de comunicar su fallo sobre el caso del agricultor Paul
François, intoxicado por el herbicida Lasso en 2004. Por primera vez una
transnacional productora de agrotóxicos es condenada por la justicia ambiental
de Francia.
En la tarde del 27 de abril de 2004,
Paul François, un agricultor de la comuna de Bernac, en el centro oeste
de Francia, terminaba de aplicar el herbicida Lasso sobre su campo
cerealero. Verificando la limpieza de una cubeta del tractor inhaló vapores de
monoclorobenceno, un solvente integrado a la fórmula del herbicida.
En el momento perdió el conocimiento
y fue conducido al servicio de Urgencias del hospital regional. En las
semanas posteriores sufría de amnesia y tartamudeaba, pero tiempo después debió
permanecer internado durante cinco meses y estuvo más de nueve sin poder
trabajar.
Las consecuencias
a
mediano plazo
Paul
padece dolores de cabeza tenaces, sufre desmayos fulminantes (coma) que no
duran mucho tiempo pero son profundos, vértigos, calambres, no puede trabajar
más que medio tiempo porque sufre una fatiga crónica. Los médicos consideran
que su sistema nervioso fue afectado. En la actualidad permanece bajo
observación permanente porque le han descubierto lesiones cerebrales.
No fue sino hasta 2008 cuando la
Seguridad Social francesa reconoció que Paul padece una enfermedad de
origen profesional, admitiendo que los daños a su salud los provocó el herbicida
de Monsanto. La institución estableció que Paul tiene una
incapacidad laboral del 50 por ciento.
El
espinoso camino judicial
Desde entonces, Paul François
inició una acción judicial por responsabilidad civil contra Monsanto.
Durante la audiencia que se celebró
el 12 de diciembre de 2011, su abogado, doctor François Lafforgue, acusó
a Monsanto de haber “hecho todo para que Lasso permaneciera en el
mercado”, a pesar de que su peligrosidad ya había sido probada en la década de
1980, a partir de lo cual fue prohibida en
Canadá, Inglaterra y Bélgica. Sin embargo, en
Francia solo fue retirada en 2007.
Lafforgue
también reprochó a Monsanto no
haber detallado la composición del producto en la etiqueta, “lo que constituye
una falta grave de información”, y no haber indicado el uso obligatorio de
mascarilla para su manipulación.
Finalmente, el pasado lunes 13 de
febrero, la 4ta Cámara Civil del Tribunal de Gran Instancia de Lyon emitió su
veredicto: “Monsanto es responsable del perjuicio sufrido por Paul François
como consecuencia de la inhalación de Lasso”.
La transnacional deberá indemnizar
el daño causado que será determinado por una consultoría médica.
Un
fallo sin precedentes en Francia
Se trata de la primera vez que se
produce un fallo de este tipo a nivel de la justicia ambiental de Francia.
Paul
quiere llamar la atención del Estado sobre la salud de los agricultores: “Ellos
ocultan sus problemas de salud, la nariz que sangra, los ojos que pican, los
dolores de cabeza… La van dejando pasar, pero las intoxicaciones químicas
terminan provocando enfermedades graves”, afirma.
Sin pelos en la lengua, agrega: “Hay
agricultores que están reventando en su rinconcito”. ¿Por qué lo hacen?
Según Paul, son víctimas de un sentimiento de culpabilidad por haber
usado productos nocivos para la salud y para el ambiente. Temen aumentar la
polémica si comentan su situación. “Ellos mueren, y además se les acusa -comenta
Paul indignado-. A ellos se los estigmatiza, pero las empresas químicas
continúan embolsando beneficios”, concluyó
Según François Veillerette,
portavoz de generaciones Futuras -una ONG que ha venido apoyando una
intensa campaña contra la utilización de pesticidas en la agricultura de
Francia, y particularmente el caso de Paul-, “El reconocimiento de la
responsabilidad de Monsanto en este asunto es esencial: las firmas de
agrotóxicos saben que ya no podrán desviar sus responsabilidades hacia las
autoridades públicas y los utilizadores de sus productos, y que se les pedirán
cuentas”.
Las primeras reacciones de abogados
especializados en temas ambientales admiten que esta “primicia” podrá abrir las
puertas para otros procesos similares.
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