La justicia
brasileña dio su aprobación a la solicitud de
concordato, lo que abre una nueva etapa en el proceso
de solución para la filial, sus trabajadores y los
pequeños productores que la abastecían.
Brasil era uno de los países en los que la
trasnacional italiana tenía concentradas buena parte
de sus inversiones y desde donde se realizó una fuerte
proporción de sus ruinosos negocios. La deuda local
era a su vez alta. En este contexto, y para salvar sus
activos, la empresa pidió un concordato. A fines de la
semana pasada la justicia brasileña dio lugar a ese
pedido y, a partir de entonces, la empresa dispone de
dos años para saldar sus deudas. Esto determina que la
solución para la filial brasileña sea diferente a la
que se implemente en muchos de los países
latinoamericanos en los que Parmalat tenía
presencia.
Por un lado, ese concordato da seguridad de que la
reestructura iniciada luego de la crisis se mantenga,
preservando los intereses de los actores locales, y
por otro otorga ciertas garantías de pago a los
acreedores del país.
De hecho la reestructura ya se había iniciado antes de
que la justicia aceptara el concordato, y lentamente
la empresa ha ido recomponiendo su posición en el
mercado. Como indicaba a Rel-UITA Siderlei de
Oliveira, Presidente de la Confederación de
Trabajadores de la Alimentación, Agro-Industria y
Cooperativas (CONTAC), “para sorpresa de
muchos Parmalat ha reabierto la planta de Goiás,
que se había cerrado antes de la crisis, con lo cual
no sólo no se pierden puestos de trabajo sino que se
recuperan algunos perdidos antes de que estallara el
escándalo”.
Esta situación trae, entonces, gran tranquilidad a los
trabajadores de la industria, que perciben buenas
perspectivas de que el proceso de reestructura
continúe y consolide los puestos de trabajo
existentes. “Si la justicia no hubiera aceptado el
concordato, la empresa estaría en quiebra y el remate
de sus activos no sería suficiente para cubrir el
monto de las deudas, además de que eso no garantizaría
que se mantuvieran los puestos de trabajo”, agregaba
nos De Oliveira.
En este nuevo escenario los trabajadores nucleados en
la CONTAC se preparan para concretar una
negociación nacional del sindicato con la empresa.
Hasta ahora Parmalat siempre se había mostrado
renuente a encarar un acuerdo de alcance nacional.
En cambio, para los agricultores el panorama no es tan
alentador, puesto que la empresa continúa adeudándoles
dinero, una situación incambiada respecto al período
anterior a que la justicia decretara la intervención.
De acuerdo a la ley de concordatos, la empresa dispone
de dos años para saldar sus deudas, tiempo que para un
pequeño productor es excesivo. Bajo la administración
de la intervención, Parmalat elaboró un plan de
repago para aquellos productores que aceptaron volver
a entregar leche a la empresa. Ese plan establece que
por cada cuatro litros entregados el productor cobra
por valor de cinco.
Elton Weber, secretario general de la Federación de
Trabajadores de la Agricultura de Rio Grande del Sul
(FETAG), comentó a Rel-UITA que esta
situación configura un elemento de presión inadecuado
sobre los pequeños productores, para muchos de los
cuales el cobro de esas deudas es decisivo para
garantizar la continuidad de sus emprendimientos. “Si
Parmalat quiere que los productores sigan
entregando leche, que primero pague lo que debe”,
agregó Weber.
Para buscar mayores garantías de pago los pequeños
productores han presentado un recurso ante la
justicia, a la que reclama que obligue a la empresa a
saldar sus deudas. “La noticia del concordato da
tranquilidad al mercado, pero no a los productores”,
comentó Weber. La empresa seguirá operando, pero a los
productores no se les asegura cobrar sus deudas antes
de tener que abandonar la producción por falta de
recursos, señaló.
Ariel Celiberti
© Rel-UITA
19 de agosto de 2004
