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 Brasil

Parmalat después del concordato

La justicia brasileña dio su aprobación a la solicitud de concordato, lo que abre una nueva etapa en el proceso de solución para la filial, sus trabajadores y los pequeños productores que la abastecían.

 

Brasil era uno de los países en los que la trasnacional italiana tenía concentradas buena parte de sus inversiones y desde donde se realizó una fuerte proporción de sus ruinosos negocios. La deuda local era a su vez alta. En este contexto, y para salvar sus activos, la empresa pidió un concordato. A fines de la semana pasada la justicia brasileña dio lugar a ese pedido y, a partir de entonces, la empresa dispone de dos años para saldar sus deudas. Esto determina que la solución para la filial brasileña sea diferente a la que se implemente en muchos de los países latinoamericanos en los que Parmalat tenía presencia.

 

Por un lado, ese concordato da seguridad de que la reestructura iniciada luego de la crisis se mantenga, preservando los intereses de los actores locales, y por otro otorga ciertas garantías de pago a los acreedores del país.

 

De hecho la reestructura ya se había iniciado antes de que la justicia aceptara el concordato, y lentamente la empresa ha ido recomponiendo su posición en el mercado. Como indicaba a Rel-UITA Siderlei de Oliveira, Presidente de la Confederación de Trabajadores de la Alimentación, Agro-Industria y Cooperativas (CONTAC), “para sorpresa de muchos Parmalat ha reabierto la planta de Goiás, que se había cerrado antes de la crisis, con lo cual no sólo no se pierden puestos de trabajo sino que se recuperan algunos perdidos antes de que estallara el escándalo”.

 

Esta situación trae, entonces, gran tranquilidad a los trabajadores de la industria, que perciben buenas perspectivas de que el proceso de reestructura continúe y consolide los puestos de trabajo existentes. “Si la justicia no hubiera aceptado el concordato, la empresa estaría en quiebra y el remate de sus activos no sería suficiente para cubrir el monto de las deudas, además de que eso no garantizaría que se mantuvieran los puestos de trabajo”, agregaba nos De Oliveira.

 

En este nuevo escenario los trabajadores nucleados en la CONTAC se preparan para concretar una negociación nacional del sindicato con la empresa. Hasta ahora Parmalat siempre se había mostrado renuente a encarar un acuerdo de alcance nacional.

 

En cambio, para los agricultores el panorama no es tan alentador, puesto que la empresa continúa adeudándoles dinero, una situación incambiada respecto al período anterior a que la justicia decretara la intervención. De acuerdo a la ley de concordatos, la empresa dispone de dos años para saldar sus deudas, tiempo que para un pequeño productor es excesivo. Bajo la administración de la intervención, Parmalat elaboró un plan de repago para aquellos productores que aceptaron volver a entregar leche a la empresa. Ese plan establece que por cada cuatro litros entregados el productor cobra por valor de cinco.

 

Elton Weber, secretario general de la Federación de Trabajadores de la Agricultura de Rio Grande del Sul (FETAG), comentó a Rel-UITA que esta situación configura un elemento de presión inadecuado sobre los pequeños productores, para muchos de los cuales el cobro de esas deudas es decisivo para garantizar la continuidad de sus emprendimientos. “Si Parmalat quiere que los productores sigan entregando leche, que primero pague lo que debe”, agregó Weber.

 

Para buscar mayores garantías de pago los pequeños productores han presentado un recurso ante la justicia, a la que reclama que obligue a la empresa a saldar sus deudas. “La noticia del concordato da tranquilidad al mercado, pero no a los productores”, comentó Weber. La empresa seguirá operando, pero a los productores no se les asegura cobrar sus deudas antes de tener que abandonar la producción por falta de recursos, señaló.

 

 

Ariel Celiberti

© Rel-UITA

19 de agosto de 2004

 

 

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