El ex gerente de la filial de Parmalat en Nicaragua,
Aldo Camorani, fue acusado este lunes 16 por un
acreedor nicaragüense de fraguar la intervención de la
empresa alimenticia para evadir el traspaso del 49 por
ciento de las acciones a un grupo empresarial ligado
al gobierno de Enrique Bolaños.
Camorani
"nos traicionó", denunció el representante del Grupo
nicaragüense Latin American Financial Services (LaFise)
Enrique Zamora, quien reclama el control del 49 por
ciento de la empresa láctea.
LaFise ayudó
en marzo pasado a la filial de Parmalat Managua a
cancelar una deuda de 5,4 millones de dólares (4,37
millones de euros), que la empresa tenía con el Banco
de América Central (BAC) -dirigido por empresarios
nicaragüenses supuestamente ligados al gobierno de
Bolaños- y el Tower Bank de Panamá.
Ambos bancos
amenazaron con subastar los bienes de la filial
alimenticia si los italianos no reembolsaban por
adelantado el préstamo, que debía ser pagado en tres
años, debido al escándalo financiero que sacudió a la
transnacional en Italia.
El consorcio
LaFise facilitó el dinero a través del privado Banco
de Crédito Centroamericano (Bancentro), del cual son
dueños, a cambio del traspaso del 49 por ciento de las
acciones de Parmalat, que las partes tenían que
formalizar el pasado 2 de junio.
"Lo salvamos
del gran problema en que se metió" con los bancos
internacionales y después "nos traicionó", aseguró
Zamora. Según Zamora, el traspaso no se hizo efectivo,
porque Camorani les pidió tiempo para resolver algunos
"problemas legales" que tenía con la documentación de
la empresa.
Durante ese
tiempo, una juez nicaragüense ordenó el pasado 24 de
junio transferir el 49 por ciento de las acciones que
LaFise tenía comprometidas en Parmalat a favor de un
ex banquero, Haroldo Montealegre, quien lleva años
persiguiendo al consorcio nicaragüense por una deuda
de 5,8 millones de dólares (4,7 millones de euros).
El pasado
uno de agosto Camorani abandonó repentinamente el
país, para asumir supuestamente un nuevo cargo en
Parmalat Italia, vacío que fue aprovechado por
Montealegre para intervenir y asumir la empresa con el
auxilio de una resolución judicial a su favor y la
intervención de la fuerza pública.
La
intervención causó un revuelo político en el Gobierno,
la empresa privada y el sector lechero, que a través
de un comunicado expresó su preocupación por la
actuación del Poder Judicial, el cual está controlado
por la oposición sandinista y el Partido Liberal
Constitucionalista (PLC), derecha, que mantienen una
abierta confrontación con el Gobierno.
Montealegre
se defendió y acusó al Gobierno de Bolaños de haber
amenazado supuestamente a Camorani con arrestarlo si
no abandonaba el país, con la intención de confiscar
la empresa italiana y luego "regalársela" al grupo
LaFise.
Ahora, según
Montealegre, Camorani pretende regresar muy pronto a
Nicaragua para asumir nuevamente las riendas de la
compañía, tras asegurar que mantiene una fluida
comunicación con él, en el marco de una aparente
alianza.
Fuente: Europa Press
17 de
agosto de 2004