Parmalat Nicaragua ha difundido una respuesta a
nuestra campaña de solidaridad con los trabajadores
despedidos de esa empresa cuando intentaban
constituirse en un sindicato, hasta entonces
inexistente,
pero
que la lucha ha transformado en realidad.
Esta respuesta, firmada por la licenciada Norma
Medina Urbina, gerente de Recursos Humanos de
Parmalat Nicaragua, niega que los trabajadores hayan sido
despedidos por persecución sindical y enumera las
supuestas faltas al servicio en las que habrían
incurrido los funcionarios.
Con un extraño lenguaje marcado por una sintaxis
italianizada (¿los patrones italianos le dictaron la
carta a la licenciada Medina?) y un tono autoritario,
Parmalat
Nicaragua asegura que en esa empresa no existe un
sindicato, y poco falta para que anuncie que "nunca
existirá".
Con respecto a los argumentos esgrimidos por la
empresa para disimular la represión antisindical,
declaramos que la legislación del trabajo nicaragüense
prevé que en casos de faltas funcionales graves o
indisciplinas se debe aplicar el artículo 48 del
Código del Trabajo, por el cual la empleadora sólo
está obligada a pagar las prestaciones legales
habituales como el décimo tercer mes y las vacaciones
acumuladas por el trabajador a la hora del despido.
Sin embargo, en estos casos que nos ocupan -30
despedidos- la empresa alegó el artículo 45 que
habilita los licenciamientos cuando simplemente la
parte empleadora decide prescindir unilateralmente de
los servicios de un funcionario. En ese caso debe
pagar la indemnización correspondiente de un mes de
salario por cada año de trabajo en la empresa.
Por otra parte, la Federación de la Alimentación
de Nicaragua ha introducido dos demandas en la
justicia del trabajo reclamando el reintegro inmediato
de los despedidos por represión sindical.
En relación con el fondo del asunto, ese
necesario que la empresa
Parmalat
Nicaragua comprenda que no sólo hay un sindicato en su
seno, sino que además ese sindicato cuenta con el
apoyo de la Federación de la Alimentación local. Y
otra novedad: ambas organizaciones cuentan con la
UITA,
que continuará apoyando este conflicto hasta obtener
justicia plena.
Carlos Amorín
© Rel-UITA
20 de octubre de 2004
