Nestlé tiene más de 600 mil convenios con agricultores

de 80 países en desarrollo y transición.

 

Empresas trasnacionales extranjeras y mexicanas tienen el control sobre una décima parte de los alimentos producidos en el país, que son cultivados bajo un modelo de agricultura por contrato entre las compañías y productores locales, reveló un organismo de Naciones Unidas.

 

La presencia de empresas transnacionales se ha hecho extensiva a toda la cadena de seguridad alimentaria, expresó Gregorio Canales, presidente del grupo de expertos en acuerdos de inversión de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

 

Empresas como Cargill y Wal-Mart, entre las extranjeras; y Maseca, Bimbo y Comercial Mexicana son las que participan en los modelos de agricultura por contrato en México, informó Canales, durante la presentación del Informe sobre las inversiones en el mundo: empresas transnacionales, producción agrícola y desarrollo, elaborado por la UNCTAD.

 

El informe menciona que la inversión extranjera directa (IED) en la agricultura va en aumento, aunque su volumen total es todavía limitado. A finales de la década de 1990, los flujos mundiales de IED en el sector agrícola no llegaban a mil millones de dólares, cifra que aumentó a 3 mil millones para el bienio 2005-2007, último dato disponible a nivel mundial.

 

Práctica en 110 países

 

En los últimos dos años, los principales receptores de IED en la agricultura fueron: Camboya, 15 mil 100 millones de dólares; República Democrática Popular de Laos, 12 mil millones; Malasia, 10 mil 900 millones, y Ecuador, 10 mil millones de dólares.

 

Gregorio Canales explicó que en por lo menos 110 países ya existe registro de que empresas trasnacionales realizan operaciones de agricultura por contrato. Incluso, en naciones como Brasil, la mayor economía de América Latina, 75 por ciento de la producción avícola y 35 por ciento de la de soya se realiza bajo esta modalidad, es decir, por encargo de las firmas extranjeras. En Vietnam, 90 por ciento del algodón, 50 por ciento de la leche fresca y 40 por ciento del arroz se produce bajo esquemas de contrato con trasnacionales; lo mismo ocurre en Kenia, con 60 por ciento del té y el mismo porcentaje de azúcar.

 

El reporte menciona, por ejemplo, que una trasnacional como la suiza Nestlé tiene más de 600 mil contratos con agricultores de 80 países en desarrollo y economías en transición (las del antiguo bloque socialista de Europa) para que sean sus proveedores. Grupo Bimbo, de México, concretó el año pasado 3 mil contratos en varios países latinoamericanos, con el fin de asegurarse suministro de materia prima para elaborar sus productos.

 

Supermercados trasnacionales, como Wal-Mart, de Estados Unidos, y Carrefour, de Francia, son otros ejemplos relevantes de compañías con contratos de suministro de productos agrícolas en regiones seleccionadas, añadió el reporte.

 

No con la intensidad de otros países y regiones, pero en México también esta práctica ha ido creciendo en los últimos años, aunque prevalece un obstáculo, de acuerdo con el experto de la UNCTAD: en los contratos que firman agricultores mexicanos con empresas, el gobierno es el garante de última instancia, lo que ha impedido un mayor crecimiento de la agricultura por contrato.

 

Sin embargo, mencionó, una décima parte de toda la producción agrícola del país ya se realiza por encargo de grandes compañías trasnacionales. Se puede afirmar que la mitad es contratada por firmas extranjeras y la otra mitad por las grandes compañías agrícolas nacionales, comentó Canales.

 

La actividad de agricultura por contrato en México no es todavía muy importante, indicó. Estimó que en la última década la inversión extranjera directa en agricultura en el país suma unos 569 millones de dólares, la mitad destinada a cultivos y la otra a cría de ganado.

 

Los principales proyectos se concentran en Baja California, Sonora, Sinaloa, Tamaulipas y Chiapas.

 

Por una parte, la agricultura por contrato asegura mercado y precio al productor, pero tiene también efectos perniciosos en materia de protección de medio ambiente, como la devastación de zonas agrícolas; y sociales, tal como el desplazamiento del empleo en algunas zonas, según el documento de la UNCTAD.