El Tribunal pasará revisión a la actuación de las empresas
transnacionales en cinco áreas, escogidas por las denuncias
recibidas o por simbolizar luchas emblemáticas. Éstas son:
servicios públicos –agua y electricidad–, recursos naturales
–hidrocarburos y minería–, cadena agroalimentaria, el mundo
del trabajo y finanzas. Luego de la presentación de un
informe general por área, durante dos días el Tribunal
escuchará los testimonios de unas 30 personas de 11 países
de América Latina y el Caribe, quienes hablarán del impacto
del accionar de las transnacionales en sus países, sus
comunidades, sus lugares de trabajo, sobre la soberanía de
los Estados y muchas otras dimensiones.
Entre las empresas enjuiciadas constan la empresa Suez de
Francia, en relación a los servicios privatizados del agua
en cinco países; la petrolera española Repsol, con
testimonios de Colombia, Bolivia y Ecuador; la empresa
alemana Bayer, por el efecto de los agroquímicos en Perú;
seis empresas de forestación y celulosa, por las
plantaciones en Uruguay y en el sur de Brasil; y la
Telefónica de España, a propósito de derechos laborales.
Un jurado de ocho miembros, provenientes de los dos
continentes, emitirá un veredicto. Al igual que los
anteriores tribunales de los pueblos, se trata, por
supuesto, de un tribunal de opinión, que no tiene un poder
vinculante. Su relevancia reside más bien en las
orientaciones que puede dar para la continuidad del trabajo
de los movimientos de lucha –donde no se excluye la
posibilidad de llevar algunos de los casos ante la justicia
ordinaria–, y la visibilidad que permite dar a las
denuncias.
Enjuiciar
al sistema de poder transnacional
Como comentó una de las coordinadoras del Tribunal, Claudia
Torrelli, de la Alianza Social Continental: "el tribunal es
un primer paso para empezar a sistematizar, generar
convergencias en todo lo que sea el trabajo con las
multinacionales, tanto para fortalecer campañas concretas,
como para tener dentro del movimiento demandas más claras y
articuladas sobre la lucha frente a las transnacionales y
qué es lo que pretendemos: si son regulaciones, si es
sacarlas de determinados sectores económicos...". Apunta,
además, a la visibilización de esta problemática y a la
desmitificación "porque mucha gente piensa que sin
transnacionales no podemos vivir, que necesitamos la
inversión transnacional directa, que son siempre buenas, que
siempre traen recursos tecnológicos, que acomodan la balanza
de pagos de nuestros países".
El Tribunal está organizado por la Red Biregional Europa -
América Latina y el Tribunal Permanente de los Pueblos. A
diferencia de tribunales anteriores, este es el primer
tribunal que se propone enjuiciar, no solo a empresas
concretas, sino también al propio sistema del poder
transnacional corporativo. "Estamos denunciando que ésta es
una cuestión estructural y sistémica –señala Torrelli–. Y
que por lo tanto requiere de una respuesta que va mucho más
allá de las respuestas o luchas concretas, si bien la suma
de todas estas luchas hace parte de un proceso de
visibilización y de estrategias. Pero no queremos hablar
solamente de casos concretos, sino a través de estos casos
mostrar una situación mucho más estructural".
El Tribunal es parte del Foro Enlazando Alternativas, que
proseguirá paralelo a la Cumbre Presidencial hasta al día
13.
Europa:
mayor inversionista en ALC
Hasta ahora, por ser EE.UU. el primer país en inversiones en
la región, y más aún con la oposición que han concitado las
negociaciones del ALCA y de los TLCs, la mirada de los
movimientos sociales ha estado dirigida sobretodo al impacto
de las empresas norteamericanas; sin embargo, la Unión
Europea, como conjunto, tiene más inversiones que
Norteamérica en la región, y está presente en muchas áreas
estratégicas como agua, finanzas, telecomunicaciones y
energía.
Las transnacionales europeas, durante los años '90,
comenzaron a gravitar con fuerza en la economía
latinoamericana, con impactos concretos en el medio
ambiente, sobre el empleo, en las comunidades, en el uso de
la tierra y particularmente en los servicios públicos.
España, que cuenta con la mitad de esta inversión, tiene una
considerable presencia en servicios públicos,
telecomunicaciones y finanzas, entre otros sectores. En
servicios públicos están también Portugal, Francia e Italia.
Incluso, España y Portugal comenzaron a ser economías
globales a partir de las inversiones en América Latina de
sus empresas estatales (que luego privatizaron), tomando
grandes porciones de estos sectores económicos en el
continente del sur. Holanda, Inglaterra y Alemania tienen
una trayectoria de muchas décadas de inversión, más
diversificada, en áreas como supermercados, servicios
financieros, seguros e hidrocarburos, entre otros.
Sally Burch
Agencia Latinoamericana
de Informacion – ALAI
10 de mayo de 2006
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