Coca Cola a cachetazo limpio

En Guatemala, una de las franquicias de Coca Cola, está en manos de Industrias de Café S.A. (INCASA). Nuestra organización afiliada, la Federación Sindical de Trabajadores de la Alimentación, Agroindustria y Similares de Guatemala (FESTRAS), preocupada por la situación de esos trabajadores mantuvo una reunión con representantes de las tres regiones: Capital, Retalhuleu y Escuintla. Sirel dialogó con tres dirigentes del Sindicato en relación al movimiento solidarista y la negociación del pacto colectivo.

Luis Felipe Catalán, secretario de finanzas de SITINCA Capital e integrante de la Comisión negociadora manifestó que “desde hace tiempo se instaló la represión contra los afiliados al Sindicato, con sanciones y suspensiones sin derecho a defensa. Existen casos en que inmediatamente después de afiliarse, van personeros de la empresa a intimidar a los compañeros o, en su defecto, a sus familias. Hay un caso específico de un representante de la empresa, el señor Ivo Orozco, que está en juicio por perpetrar amenazas de ese tipo”.

Sobre este mismo tema, Bairon Hernández de SITINCA Retalhuleu, agregó: “la empresa viene aplicando una política de represalias contra los trabajadores que intentan organizarse en un sindicato a la vez que promueve una asociación paralela con el fin específico de debilitar al movimiento sindical. Esta política se vio agravada a partir de abril del pasado año, cuando un grupo de compañeros se afilió al Sindicato. Se intensificaron las medidas intimidatorias y, en primera instancia, les recortaron las horas extraordinarias, se les retuvo la bonificación por producción y hasta la fecha no se ha firmado el pacto colectivo de condiciones de trabajo.”

La situación no es diferente en la agencia de Coca Cola en Escuintla, Manuel Castellanos, representante de esa delegación comentó que él mismo ha sido víctima de amenazas y persecución. “Compañeros del comité ejecutivo, fuimos a la agencia para una visita de rutina el pasado 1° de agosto y no nos permitieron ingresar al tiempo que guardias armados nos insultaban y amenazaban con dispararnos si no nos íbamos. Esto en presencia de jefes y supervisores de la agencia, que se reían viendo como nos intimidaban -armas mediante- para que nos retirásemos de allí”.

Consultados acerca de la campaña de desafiliación al Sindicato, los compañeros manifestaron que existe una clara postura de la empresa en ese sentido. La desafiliación la promueven a través de amenazas o sobornos. Para Castellanos la situación se agravó “A partir de la fecha en que nos comunicaron que hubo un acuerdo a nivel internacional entre UITA y Coca Cola Company de desarticular el movimiento solidarista que permanece en la compañía. A partir de ese momento, comenzó a ser más visible por parte de INCASA su apoyo a ese movimiento, al mismo tiempo que se agudizaron los episodios de represión a los afiliados al SITINCA.”

Respecto a la negociación del pacto colectivo, la situación es similar en las tres agencias, para Catalán, “la empresa está usando como estrategia retrasar la negociación, no ha habido voluntad de parte de la misma para llegar a un acuerdo y es así que actualmente estamos en la instancia judicial”, expresó. Bairon Hernández, concuerda en que “la empresa promueve tácticas dilatorias para desesperar a los trabajadores y desestabilizar al movimiento sindical. En setiembre de 2006, comenzamos la negociación del pacto por la vía directa y llegamos hasta marzo sin tener los resultados deseados, no tuvimos otra opción que recurrir a los órganos jurisdiccionales de trabajo para llevar nuestro planteamiento. En julio de este año pasamos a la instancia arbitral, donde se avanzó en la negociación, quedando pendientes solo nueve causas. El tribunal falló a favor de los trabajadores en puntos importantes como la vigencia del pacto. La empresa pretende no pagar la retroactividad y compensarla con un bono, lo cual es ilegal. Ahora estamos aguardando el fallo que será en 20 días contados a partir del 28 de julio”.

En relación a las medidas sindicales, los compañeros manifestaron que están llevando las denuncias a la vía judicial. “Además estamos coordinando con los compañeros de FESTRAS y STECSA algunas actividades para denunciar las acciones represivas por parte de los personeros de INCASA”, agregó Hernández.

Castellanos concluyó: “estos atropellos los hemos denunciado también ante la Inspección de Trabajo y la Procuraduría de Derechos Humanos”.