Los trabajadores de Montevideo Refrescos SA (Monresa), embotelladora de Coca Cola en Uruguay, se declararon en asamblea permanente y realizan paros parciales en demanda de aumento salarial y estabilidad laboral. Al mismo tiempo reclaman que las autoridades adopten medidas eficaces para combatir el contrabando y la competencia desleal que representan la producción y el comercio informales.

En el correr de esta semana proseguirán las tratativas entre los representantes de la empresa y del Sindicato de Trabajadores de Coca Cola (STCC), según informaron al SIREL Antonio Adourián y Ernest Zelko, respectivamente presidente y secretario general de la organización gremial. Los dirigentes indicaron que los salarios de los trabajadores de Monresa no se ajustan desde hace quince meses, período en el cual otras empresas de la industria de la bebida otorgaron aumentos a sus empleados.

La situación en Coca Cola "no es ajena a la que hoy viven miles de trabajadores: particularmente en lo que tiene que ver con la defensa de la fuente de trabajo, que viene precedida de varias reestructuras, de cierres de plantas de fabricación en diferentes partes del país y por un conflicto muy extenso que tuvimos el año pasado, en el cual levantamos una carpa durante cien días frente a la puerta de la planta, pero que culminó con la pérdida de 70 puestos de trabajo", recordó Adourián.

La introducción de nuevas tecnologías en la industria, tanto en la utilización de nuevos equipos como en la modificación de los sistemas de producción, determinó una importante reducción de puestos de trabajo en los últimos años. Esa disminución no ha sido compensada por la creación de nuevos empleos, dado que el potencial crecimiento de las empresas se ha visto frenado, por una parte por el deterioro del consumo ocasionado por el empobrecimiento general de la población y, por otra, la acción del contrabando y la proliferación de empresas informales de producción de refrescos que comercializan el producto a precios bajos.

Aún así Coca Cola mantiene una participación de alrededor del 50 por ciento en el mercado local de refrescos, la de las empresas competidoras se ha reducido al 20 por ciento, mientras el contrabando y las empresas informales han crecido al punto de acaparar el 30 por ciento restante. Precisamente, la mayoría de esas empresas informales -denuncian los dirigentes- "no respetan ningún código laboral, comercial o empresarial; toman personal en negro y lo explotan con salarios miserables; evaden impuestos y fabrican un producto en condiciones totalmente insalubres, sin cumplir con ningún procedimiento bromatológico".

Si bien en su momento el contrabando de refrescos ocasionó importantes perjuicios a las empresas, actualmente se ha convertido en un problema de menor entidad ante la irrupción masiva de la producción informal. Buena parte de esas empresas sustituye el azúcar por edulcorantes artificiales, como el ciclamato, habiéndose comprobado que muchos de esos productos son agentes cancerígenos y que buena parte de los insumos utilizados son de dudosa salubridad.

La defensa de las fuentes de trabajo "es el problema número uno que tenemos los trabajadores", aseguró Adourián. El sindicato ha planteado el tema en el Parlamento y a las intendencias de la capital y del interior del país "en defensa de la salud de la población y de los trabajadores de esas empresas. No pretendemos que las cierren sino que ingresen en la formalidad, paguen los impuestos, cumplan con las leyes y paguen los salarios que marca el laudo de la industria, que se ciñan a las normas de salubridad y de relaciones laborales como corresponde".

El dirigente sindical recordó una anécdota: "un día estábamos haciendo estas denuncias en el Ministerio de Trabajo y un señor empresario nos increpó: pero ustedes qué quieren, en el interior del país la situación es difícil, yo tengo un grupo de gente a la que le doy trabajo y les pago 500 pesos mensuales (unos 17 dólares), mantenido. ¿Qué significa mantenido?, le preguntamos, y respondió: los obreros se quedan a dormir en la fábrica porque viven lejos, trabajan durante el día, durante las horas que pueden, y luego comen de una olla común que yo les proporciono, les pago semanalmente y se van a sus casas sábado en la noche y vuelven el domingo en la noche para volver a trabajar el lunes. Es decir, esclavos modernos que perciben un sueldo miserable, a quienes no se paga ni siquiera horas extras, y el empleador todavía se ufana de dar trabajo a sus empleados".

En este contexto Coca Cola sigue posicionada como la número uno del mercado de refrescos. Emplea actualmente a casi 400 trabajadores en forma directa y proporciona unos 600 empleos indirectos: distribuidores, microempresarios, camioneros, ayudantes, personal intermedio, subsidiarios, entre otros.

El sindicato reclama un aumento salarial que no se registra desde mayo de 2002. Otro punto conflictivo es el que se generó tras el cierre de la planta situada en el departamento de Canelones en 1985. En aquel momento el sindicato negoció el mantenimiento de los puestos de trabajo. Se firmó un convenio según el cual la empresa se haría cargo del traslado de los empleados desde ese departamento hasta la planta de Camino Carrasco, en Montevideo, y del retorno a sus hogares. Dicho convenio, que se mantuvo vigente durante 18 años y que ampara actualmente a 14 trabajadores de los 60 iniciales, fue denunciado por la empresa, quien suspendió el servicio en forma unilateral hace once meses. En las últimas negociaciones Monresa se comprometió a abonar el costo del transporte para esos trabajadores durante un período de 18 meses más como máximo. El sindicato pretende que al finalizar ese lapso se vuelva a discutir la posibilidad de extender en el tiempo el beneficio, reivindicación que la empresa no acepta. Los representantes del Ministerio de Trabajo, por su parte, propusieron que en el nuevo convenio se incluya una cláusula en la cual el sindicato manifieste su voluntad de rediscutir el tema y la empresa la suya de no hacerlo.

Los dirigentes sindicales adelantaron al SIREL que si esta semana no surgen avances en las negociaciones se profundizarán las medidas gremiales, pero aventuraron su esperanza de que exista un acercamiento entre las partes, en virtud de que no sería bueno para la empresa arriesgarse a afrontar un conflicto de proporciones en plena pretemporada. "Y menos en un tema en el que tenemos razón".

Washington Fernández

© Rel-UITA

14 de octubre de 2003