Las autoridades, cómplices del deterioro en la salud, desnutrición y obesidad de los menores

La organización El poder del consumidor informó que ayer presentó tres denuncias ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), de la Secretaría de Salud (Ssa), en contra de sendos productos de las empresas Kellogg’s y Nestlé, por difundir publicidad “engañosa” dirigida a los niños, en la que se promueven malos hábitos alimentarios y se violan sus derechos como consumidores.

Denunció que las instancias federales encargadas de velar por el contenido de los comerciales que se transmiten en las barras infantiles son cómplices del deterioro que padecen los niños en su salud, así como de los altos grados de desnutrición y obesidad, entre otros padecimientos físicos vinculados con la ingesta de productos industrializados por las empresas denunciadas, por su inoperatividad para aplicar las leyes y sanciones ejemplares.

Al respecto, organismos internacionales han alertado que la obesidad se ha convertido en una epidemia que en los últimos tres años registra un crecimiento sostenido de 7.4 por ciento anual en todo el mundo. Refieren que hay entre 160 y 180 millones de diabéticos, y la cifra podría alcanzar 400 millones en los próximos 13 años, debido al incremento de obesos.

En México, sólo en el Instituto Mexicano del Seguro Social hay 10 millones de pacientes diabéticos, derivados de este sobrepeso, y anualmente realiza 10 mil amputaciones por pie diabético.

Datos oficiales indican que el deterioro de los hábitos alimenticios en el país tiene como una de sus causas principales el abandono del consumo de frutas y verduras, cuya ingesta entre la población disminuyó 30 por ciento en 14 años.

En conferencia de prensa, el director de El poder del consumidor, Alejandro Calvillo, aseguró que las trasnacionales denunciadas “dictan las políticas nutricionales del país”, al grado de que han tenido el poder de impedir que el Congreso de la Unión legisle en la materia.

“Estamos exigiendo a la Ssa que aplique a Nestlé la mayor sanción contemplada en la ley, por sus anuncios del helado Chocobabana, que invita a sustituir el consumo de alimentos naturales por un helado”, manifestó.

Agregó que Kellog’s fue demandada por la vía administrativa debido a la imagen que maneja en la publicidad de chococrispis y zucaritas, en la que sugiere a su audiencia que con el consumo de dichos productos podrá realizar actividades físicas inusuales. Además –afirmó– de que en los anuncios de chococrispis se habla de un forticalcio que permite “crecer grande y fuerte”, lo que es un engaño.

Informó que las denuncias se sustentan con referencias científicas, donde se demuestra que la mayoría de los niños pueden distinguir entre un programa y un anuncio hasta los ocho años.

Ejemplificó con un estudio recientemente aplicado en menores de 9 a 11 años, en el que se descubrió que 94 por ciento prefería las recomendaciones de alimentos del Tigre Toño (mascota de Kellogg’s) y de Ronald McDonald, que las de sus padres.

Expuso que dos elementos son sustanciales para la efectiva defensa de los derechos de los niños: el reconocimiento de que son consumidores, como acepta la propia industria, y el de la existencia de un mayor umbral de engaño en la publicidad infantil.

Citó que hasta los años 80 del siglo pasado, los promocionales estaban dirigidos a los adultos, ya que los publicistas consideraban que “los niños eran moldeados por sus padres en un proceso socializador de consumo”. Esta situación cambió en los 90, cuando esta industria consideró a los menores como “consumidores autónomos”.

En los años 80, en Estados Unidos los niños gastaban más de 6 mil millones de dólares anuales e influían en la decisión de sus familias en el gasto de 132 mil millones al año. Estudios recientes indican que los de tres a cinco años deciden el gasto de 1.5 mil millones e influyen en el gasto de 15 mil millones de dólares más; los de cuatro a 12 gastaron 27 mil millones e influyen en el gasto de sus padres en una cantidad estimada de 188 mil millones.

Gabriel León Zaragoza

La Jornada

13 de agosto de 2007