Una generalizado rechazo provocó el anuncio de venta de la planta lechera Parmalat, instalada sobre terrenos fiscales y cuya infraestructura fuera donada por el gobierno sueco al Consejo Nacional de la Niñez.

Cuando Giovanni Gottaro, administrador de Parmalat, anunció que la planta se encontraba en proceso de venta a un grupo de inversionistas extranjero encabezado por un venezolano, se desató una reacción en cadena. El administrador de Bienes Nacionales, Aristipo Vidal, respondió ordenando una investigación exhaustiva de la operación. Dirigentes del comercio mayorista y detallista y líderes de organizaciones comunitarias hicieron pública su preocupación. El presidente de la Fundación Pro Defensa de la Propiedad (FUNDAPRO), Santiago Moquete, consideró que si la transnacional italiana vende sus acciones, el Estado deberá ser parte de la operación porque es el dueño de la planta procesadora de leche y de los terrenos donde está ubicada. Ante estas noticias, Rel-UITA consultó a Bernabel Matos, dirigente de la Federación de Trabajadores de la Alimentación, quien comentó: “Cuando el doctor Peña Gómez se desempeñaba como alcalde de la capital (Santo Domingo, 1982-1986), gestionó ante el gobierno de Suecia una donación para equipar una planta lechera con la finalidad de satisfacer la demanda de leche en las escuelas, y otros planes sociales del gobierno. Esa donación se destinó al Consejo Nacional de la Niñez (CONANI). En 1994, las postrimerías del último gobierno de Joaquín Balaguer, se firmó un acuerdo entre el Instituto Nacional de Estabilización de Precios (INESPRE) y la Asociación de Productores de Leche (Aproleche), otorgando a estos la planta. Al tiempo los ganaderos se la entregaron a Parmalat.” La planta en cuestión está ubicada en el sector de Villa Duarte, cubriendo aproximadamente 25 mil m². Parmalat llegó al país en 1995.

El cotidiano HOY informó que los ganaderos “después de obtener los terrenos y edificios que albergan la referida planta, por la suma irrisoria de 100 pesos dominicanos al año, es decir 2,50 dólares anuales, se la entregaron a la transnacional Parmalat, quien logró a través del tiempo reducir la participación accionaria de los ganaderos al mínimo, mientras aprovechaba la oportunidad de los productores de leche locales de sólo pagar los simbólicos 2,50 dólares anuales”.

En conferencia de prensa el director del INESPRE, José Francisco Peña Guaba, consignó: “Parmalat sólo ha pagado alrededor de un millón 500 mil pesos de beneficios al Estado (37.500 dólares), en los ocho años que tiene operando en el país, lo que equivale a 15.625 pesos mensuales (390 dólares), aunque ha reportado ventas por 500 millones de pesos (12 millones 500 mil dólares) en algunos años.

Alberto Lereoux, dirigente del Consejo Nacional del Comercio en Provisiones (CNCP), consultado por el periodista Mario Méndez, manifestó: “Antes que nada creo que el gobierno debería retomar la posesión de esa planta, y aquí hay capacidad de manejarla con criterio para beneficio del desayuno escolar. Si se maneja de manera transparente aquí no va a haber inconvenientes, el problema es cuando se lo dan a particulares que se creen que son dueños de eso y hacen y deshacen”.

Cuando el hambre se junta con las ganas de comer

Nelson Minaya, en Listín Diario,¹ aborda el caso Parmalat relacionándolo con el contexto de debilidad institucional que padece la República Dominicana, un verdadero “caldo de cultivo para que personeros anclados en sectores organizados, materialicen planes y proyectos de beneficios particulares basados en la cosa pública”. A su vez, consigna, “otro 'vicio' de la debilidad institucional es la distorsión maliciosa y dirigida que se da al margen de los acuerdos, contratos, convenios y facilidades cuando se trata de asuntos gubernamentales, porque ni el propio Estado está organizado para hacer valer sus derechos frente a terceros o está ausente la 'voluntad política' para hacer cumplir leyes y resoluciones”. Finalmente, en relación con el proceso de desvirtualización del proyecto originario, Minaya comenta: “Podría sospecharse que se trata de un 'mamotreto' en el cual los ganaderos utilizaron la donación simbólica que les hizo el Estado a un precio de 100 pesos dominicanos por año para aportarlo como un activo propio en un 'joint venture' con la entonces poderosa Parmalat, a cambio de acciones”.

Lo cierto es que cuando Parmalat tomó el mando de la planta, fue manejando a su antojo a los productores. El pasado año los tamberos denunciaban que la lechería dominicana se encontraba en estado de extinción. Entre las causas: Nestlé y Parmalat, grandes procesadoras, pagaban por debajo de los costos de producción, y el precio fijado por el Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera (CONALECHE). Es que también, por estos tiempos, la arrogancia anda de la mano de la impunidad.

Gerardo Iglesias

© Rel-UITA

22 de setiembre de 2004

¹ Listín Diario, Tribuna Abierta, 14 de setiembre 2004.