En una coyuntura de gran tensión social y política por la que atraviesa Honduras, el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Bebida y Similares (STIBYS) se encuentra en huelga nacional, enfrentando a una de las transnacionales más antisindicales como lo es SAB-Miller. Sirel dialogó con Carlos Rodríguez, tesorero de la Junta Directiva de la Seccional de San Pedro Sula del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Bebida y Similares (STIBYS), quien concedió esta entrevista desde el interior de la planta de producción de San Pedro, ocupada por el Sindicato.

Carlos Rodríguez

-¿Cómo comenzó este conflicto?

-El principio de esto es que desde hace varios meses la empresa se niega a dialogar con nuestro Sindicato y al mismo tiempo no respeta los acuerdos y compromisos establecidos en el Convenio Colectivo que firmamos en enero de 2008. Algunas de estas violaciones al Convenio vienen afectando de manera sensible el ingreso de los compañeros de la sección Ventas, ya que ignorando los acuerdos expresos por ella asumidos, Cervecería Hondureña designa unilateralmente quiénes salen a trabajar en la venta y distribución, sin intervención ni negociación alguna con el STIBYS, y sin respetar la cláusula del Convenio que establece un orden de preferencia por antigüedad de los trabajadores.

-¿Esa condición fue aceptada por la empresa en el Convenio Colectivo?

-Absolutamente. Pero ahora hace lo que se le da en gana ignorando los compromisos que asumió. La empresa argumenta que no está realizando ninguna violación a la ley hondureña y, por tanto, no comete delito, pero en realidad está violando la legislación laboral y el propio Convenio, que es nuestra ley interna que regula las relaciones laborales.

-¿Eso afecta el ingreso de los trabajadores?

-Claro, porque una parte sustancial del ingreso de los compañeros de Ventas es la comisión que reciben por la cantidad de producto entregado cada día. También los afecta físicamente, ya que la empresa sobrecarga los camiones para subutilizar la flota de 90 vehículos y ahorrar combustible, lo que impone condiciones de trabajo mucho más duras para las tripulaciones y jornadas que pueden llegar a las 13 o 14 horas, lo que es ilegal. De ahí la alta incidencia de Lesiones por Esfuerzos Repetitivos (LER) que padecen los compañeros. Incluso, si se reportan enfermos luego son discriminados por la transnacional y se les niega la posibilidad de salir en los camiones.

Por eso fue que, cansados de tanta arbitrariedad, los compañeros de la sección Ventas de San Pedro realizaron un paro de actividades. Esto motivó que Cervecería Hondureña, que se venía negando a reunirse con el Sindicato, nos convocara para el lunes pasado en la mañana.

Al llegar nos encontramos con que ya tenían una agenda preparada en la que incluyeron el despido de los 18 compañeros que habían hecho el paro. Como nos negamos a admitir esa agenda sin haber discutido antes la que nosotros tenemos planteada desde hace meses, Victoriano Ortega, de la Dirección de Relaciones Industriales de la empresa, nos trató con ira y soberbia, arrojó nuestra agenda a los pies de nuestro presidente seccional, Julio Flores, gritando: “¡Si quieren guerra, guerra tendrán!”.

-¿Cómo reaccionaron ustedes ante este atropello?

-Lo primero que ocurrió fue que apenas dos horas después paró todo el sector Ventas a nivel nacional, y luego de algunas horas más se detuvo la producción en la planta de San Pedro que abastece a todo el país, por lo que ya se formalizó una huelga a escala nacional.

-¿Qué otras acciones emprendieron?

-El Sindicato procedió a requerir la presencia de la Inspectoría Regional de Trabajo de San Pedro que envió a una inspectora. La empresa la recibió, y después de cinco horas de reunión conjunta se verificó que no había acuerdo, ya que Cervecería Hondureña nos acusa de querer intervenir en la administración y la dirección de la compañía. Nosotros desvirtuamos esos argumentos y dijimos que si la empresa quiere introducir cambios en los acuerdos firmados, el Sindicato está abierto a considerarlos, pero que no aceptaremos cambios unilateralmente decididos, sin negociación previa.

El compañero Carlos Reyes, presidente de la Junta Directiva Central del STIBYS, estuvo en contacto con el Presidente de la República, José Manuel Zelaya, y con la Ministra de Trabajo, Mayra Mejía, quienes delegaron al Viceministro de esa secretaría de Estado, Roberto Cardona, para que participara en la discusión.

-¿Cuándo llegó el Viceministro?

-Llegó ayer, martes 10, y se reunió primero con el Sindicato para conocer nuestra posición, y luego hizo lo mismo con la empresa. De ahí surgió el compromiso de una reunión tripartita para ayer mismo a las 16 horas. Una hora antes de ese encuentro se detuvo el trabajo en los centros de distribución de la capital, Tegucigalpa, y amparándose en ese hecho la empresa se negó a asistir a la reunión si no se levantaba esa medida y se cumplían otras condiciones.

-¿Cuáles?

-Que se aceptara la suspensión de una semana sin goce de salario para los compañeros que realizaron el primer paro, y el compromiso del sindicato de no volver a parar porque entonces sí los despediría, lo que nos resultó inaceptable, sobre todo porque volvíamos al mismo punto que antes y con nuevas amenazas pendientes.

Nosotros exigimos que no se sancionara a ningún compañero. Los contactos se prolongaron hasta la medianoche de ayer, martes 10, en los que participaron la Directora de Trabajo Regional, doctora Luisa Rosales, y la inspectora que ya había intervenido en el caso, Betty Rocío. Finalmente, el viceministro regresó a la capital en la mañana de hoy, miércoles 11, sin que haya surgido espacio para un acuerdo pero manifestando su disposición para volver a San Pedro cuando sea necesario.

-¿A cuántos trabajadores involucra esta huelga?

-En la Cervecería somos 1.300 trabajadores, prácticamente todos afiliados al Sindicato.

-¿Cuál está siendo la reacción de la sociedad civil de San Pedro?

-El STIBYS es un “sindicato insignia” en el país, y todos saben que la SAB-Miller quiere quebrarnos como sindicato. No obstante, estamos recibiendo una enorme solidaridad que se expresó en una reunión que hemos mantenido ayer con 37 representantes de organizaciones sociales de la región, entre los que se contaban los trabajadores de la compañía eléctrica, de la Central Unitaria de Trabajadores de Honduras, de organizaciones afiliadas al Bloque Popular y a la Coordinadora de Resistencia, el sindicato universitario, los maestros y demás organizaciones del movimiento social.

El STIBYS informó allí de lo que está ocurriendo con este conflicto. Se decidió realizar una campaña de propaganda, porque la mayor parte de los medios de comunicación no han difundido la información, ya que tienen compromisos publicitarios con la empresa. También se resolvió realizar una movilización de masas con todas estas organizaciones que forman parte del Bloque Popular para el próximo viernes 13, exigiendo una solución a nuestro conflicto, pero también pronunciándose en defensa del salario mínimo decretado por el gobierno y que está siendo rechazado por los empresarios, quienes han presentado ante la justicia más de 200 recursos de amparo contra la resolución presidencial.

-¿Quién debe resolver al respecto?

-La Corte Suprema de Justicia, cuya integración, justamente, fue totalmente renovada el pasado 25 de enero. El movimiento popular esta reclamando que se convalide el aumento del salario mínimo, porque de lo contrario el pueblo se movilizará, y una de las medidas que se están analizando en el campo popular es una posible huelga general nacional.

-¿Cómo se posicionan los empresarios ante esta coyuntura?

-Además de los recursos de amparo, chantajean en sus empresas a los trabajadores para que acepten incrementos inferiores el decretado por el Ejecutivo, y han organizado para mañana, jueves 12, un “paro empresarial”, una suerte de lock out general con la consigna “Un día sin empresas”.

-¿Cuál es la disposición de los trabajadores de Cervecería Hondureña en este momento?

-Es la de seguir la lucha hasta que la empresa acepte dialogar sobre los puntos que planteamos desde hace varios meses y se avenga a dejar sin efecto los despidos y sanciones.