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El pasado 15 de agosto,
un fuerte contingente de efectivos policiales y guardias de seguridad privada
desalojó por segunda vez a decenas de familias campesinas, que se habían
instalado en los terrenos recientemente expropiados por el Instituto Nacional
Agrario (INA) a la empresa Azucarera del Norte S.A. de C.V. (Azunosa), que es
propiedad de la transnacional británico-sudafricana SABMiller, en la zona de
Santa Elena, Agua Blanca, en Progreso.
Durante la acción policial fueron detenidas 42 personas,
entre ellas varios menores de edad, quienes fueron acusadas de “usurpación de
tierra” y remitidas a los tribunales.
Finalmente, les dictaron auto de prisión y les aplicaron
medidas sustitutivas a la privación de libertad, entre otras presentarse a
firmar a los juzgados cada 15 dias y no acercarse a las tierras objeto del
conflicto.
“Fue un desalojo ilegal porque fue ejecutado por un oficial
de la Dirección General de Investigación
Criminal (DGIC),
quien se hizo pasar por juez ejecutor. Además, denunciamos el hecho de que entre
los detenidos hay varias mujeres y hasta niños, niñas y jóvenes menores de
edad”, expresó a Sirel, Magdalena Morales, una de las mujeres
detenidas.
La orden de desalojo habría sido emitida el pasado 10 de
agosto por el Juzgado de Letras de El Progreso, sin embargo, las familias
campesinas aseguran no haber sido notificadas en forma oficial.
En mayo pasado, el INA emitió la
resolución 050-2012, con la que expropió unas 6.600 hectáreas de tierra a los
ingenios Azunosa y Compañía Azucarera Hondureña SA (Cahsa), por no
haber solicitado, legal y en debida forma, el sobretecho establecido en la Ley
de Reforma Agraria.
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La sensibilidad de
SABMiller: entre los detenidos hay varias mujeres y hasta niños, niñas y jóvenes
menores de edad. |
En el caso de Azunosa, la
transnacional SABMIller, que en Honduras es propietaria también de
Cervecería Hondureña SA y posee la
franquicia para producir Coca Cola,
fue expropiada de unas 3.644 hectáreas de
tierra.
Ante tal situación, SABMiller, cuya actitud antiobrera es
de sobra conocida en toda la región latinoamericana, presentó un recurso e hizo
referencia a un tratado de protección comercial suscrito entre el Reino de Gran
Bretaña y el Estado de Honduras.
Actualmente, las partes están esperando que el Consejo
Nacional Agrario (CNA), la instancia superior del INA, emita un
fallo definitivo.
“En este país los extranjeros son los verdaderos dueños y
hacen lo que quieren. A nosotros nos acusan de invasores y usurpadores, pero son
ellos que han venido a quitarnos la tierra.
Se enriquecen y se llevan toda la riqueza, mientras que
acá dejan solamente la explotación de la tierra y de los campesinos y campesinas”,
aseveró Morales.
Pese a las dificultades, a este nuevo
desalojo y a las medidas cautelares, la dirigente campesina asegura que la lucha
no se va a detener.
“No nos vamos a cansar de luchar aunque
esto signifique más desalojos y más represión. Vamos a seguir exigiendo que se
nos entreguen las tierras que fueron expropiadas a Azunosa (SABMiller)
y que se respete el derecho que como pueblo tenemos a vivir dignamente”, aseguró
Morales.
Más violencia
Los
días 20 y 21 de agosto, la capital hondureña fue escenario de una nueva y
violenta represión policial contra unos 350 campesinos pertenecientes a
diferentes organizaciones del Bajo Aguán, quienes fueron desalojados sin piedad
de las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia a punta de toletazos y
gases lacrimógenos.
La
protesta pacífica de los campesinos y campesinas tenía el objetivo de exigir una
solución rápida y urgente al conflicto agrario en el Bajo Aguán y en el resto de
la región norte de Honduras, así como para denunciar el supuesto tráfico
de influencias ejercido por los terratenientes y productores palmeros
Miguel Facussé Barjum y René Morales Carazo, en el caso de las fincas
en posesión del Movimiento Autentico Reivindicador Campesino del Aguán (MARCA).
Hasta el momento el trágico saldo de la represión es de una decena de personas
heridas, seis menores con asfixia por el gas lacrimógeno y 27 campesinos
detenidos, entre ellos Yoni Rivas y Vitalino Álvarez, secretario
general y vocero del MUCA respectivamente, Carlos Ramón Navarro,
presidente de la Asociación Nacional de Campesinos de Honduras (ANACH) y
Antonio Trejo, apoderado legal del MARCA.
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