Lástimas

por Enildo Iglesias

 

 

 

 

Entusiasta, George Bush manifestó: “Me fastidia cuando me dicen que no hago suficiente por la economía; miren lo que estoy haciendo a favor de la industria del libro.”

 

Lástima que el actual boom editorial es provocado por la venta de ejemplares dedicados a revelar intimidades de su administración y a criticar sus decisiones de gobierno, incluyendo los atentados del 11 de septiembre de 2001 y la guerra en Irak.

 

 

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Acaba de reunirse en Guatemala la vigésimo octava conferencia regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) donde se puso de manifiesto la preocupación existente por los pocos avances obtenidos en la lucha contra el hambre y los 54,8 millones de personas desnutridas en nuestro continente. Diez días antes, se había reunido la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que aprobó un documento donde se afirma que “es intolerable que el mundo cuente con 840 millones de personas subalimentadas y que cada siete segundos un niño menor de diez años muera directa o indirectamente de hambre.” El documento califica de “escándalo” el problema del hambre, y que es un asunto que “atenta contra la dignidad humana.” En la ocasión, fueron adoptadas una serie de medidas tendientes a corregir este flagelo, recibiendo el voto afirmativo de 51 de los 53 países miembros de la citada Comisión.

 

Lástima que Estados Unidos fue el único país que votó en contra.

 

 

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La repulsa y la movilización popular llevaron a que la pretensión de Estados Unidos de firmar a la brevedad el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA) se encuentre empantanada. En tiempo de elecciones, para tener algo que mostrar a la ciudadanía y al mismo tiempo presionar a los gobiernos díscolos, la administración Bush aceleró la aprobación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Centroamérica. Los obedientes gobernantes centroamericanos confían en que el TLC ayudará a sus pueblos a salir de la miseria y que a partir de su firma pasarán a ser tratados como iguales por el presidente de la potencia del Norte.

 

Lástima que la subjefa de los negociadores nicaragüenses, Alicia Martín, haya denunciado que Estados Unidos está realizando enmiendas “inaceptables” en el texto del Acuerdo. Según Martín, se introdujeron algunos cambios de estilo, pero hay otros que modifican lo acordado, entre ellos se encuentran la telefonía rural, textiles, asignación de cuotas y zonas francas.

 

 

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El pasado 1 de enero se conmemoraron 20 años de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). En 1994, el entonces presidente de México, Carlos Salinas de Gortardi, anunciaba el inicio de un largo ciclo de desarrollo y prosperidad.

 

Lástima que en estos 20 años el déficit acumulado de empleos en México llegue a 15 millones; que el poder adquisitivo de los salarios haya caído 49,7 por ciento; que hayan quebrado un millón y medio de pequeñas empresas; que mientras la canasta básica aumentó 468,7 por ciento, el salario solamente creció 185,8 por ciento y que de cada 10 nuevos empleos, siete son en la economía informal.

 

 

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Años atrás, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) comenzaron a presionar a nuestros países para que se privatizara la seguridad social. Así nacieron los fondos privados de pensión, que en opinión de aquellas agencias internacionales nos llevarían de la mano a un sistema más eficiente y seguro.

 

Lástima que ahora el BM reconozca que: “La reforma del sistema de pensiones a lo largo de más de una década le ha dado a América Latina importantes beneficios fiscales, sociales (?) y financieros. Pero el fracaso en la extensión de la previsión social y las pensiones privadas a un segmento más amplio de la sociedad ha sido decepcionante”. Y que para Indermit Gill, asesor del BM, no se puede considerar que los sistemas de seguridad social y pensiones privadas sean exitosos “ si sólo uno de cada cinco trabajadores participa en ellos, como sucede en varios países que han emprendido reformas.”  Diagnóstico que complementa  Guillermo Perry, otro asesor del BM, al afirmar que “la pobreza y la vejez siguen siendo una amenaza para los ciudadanos de la región y que los niveles de aportación resultan innecesariamente altos.”

 

 

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En 2002 los subsidios agrícolas de los países industrializados llegaron a 235 mil millones de dólares, que en teoría significaron promedialmente el 31 por ciento de la renta de los agricultores.

 

Lástima que según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) de cada dólar del subsidio, solamente una cuarta parte llega a los campesinos, pues “en lugar de ir a los agricultores, buena parte de los subsidios acaba inflando el precio de la tierra y beneficiando a terratenientes ricos que no precisan realmente de ellos.”

 

 

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Desde que el primer ministro Tony Blair llegó al gobierno en 1997, el Reino Unido creó 1,8 millón de nuevos empleos, principalmente en el sector privado. La tasa de desempleo en ese país, de 4,8 por ciento, es la más baja entre los integrantes del Grupo de los 7, frente al promedio de 8 por ciento en la Unión Europea y 5,6 por ciento en Estados Unidos.

 

Lástima que este incremento en el mercado de trabajo británico sea el resultado de décadas de flexibilización laboral, por lo que en el Reino Unido resulta más fácil que en el resto de los países industrializados de Europa contratar personas para un trabajo temporal.

 

 

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El argentino Gustavo Grobocopatel, factura 100 millones de dólares anuales produciendo soja y se define como “un sin tierra.”

 

Lástima que 64 mil hectáreas de las 80 mil que explota, son arrendadas, lo cual ha provocado que miles de familias abandonaran el campo.

 

 

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La producción industrial argentina se incrementó 5 por ciento respecto a 2001.

 

Lástima que lo hizo con 4,6 por ciento menos de trabajadores y un salario real 14,6 por ciento más bajo.

 

 

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Acaba de ser presentado el informe anual “Indicadores del desarrollo mundial 2004” del BM. En el mismo se reconoce que en 1981 vivían en América Latina 36 millones de personas con un ingreso diario de un dólar, cifra que aumentó a 50 millones en 2001. Y que en 1981 el número de latinoamericanos que debían vivir con dos dólares por día era de 99 millones, cifra que pasó a 128 millones en 2001.

 

Lástima por los burócratas del BM, que también debieron admitir que en China, donde el PBI per cápita se multiplicó por cinco desde 1981, el número de pobres bajó de 600 a 400 millones de personas. Que China haya logrado sacar de la marginación a 200 millones de personas en 20 años, sin que sus políticas económicas se apegaran al modelo impulsado por el BM y el FMI, es algo que debería ser considerado seriamente.

 

 

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El año pasado, durante una cena con primer ministro de Canadá, el presidente de México, Vicente Fox, refiriéndose al Programa de Trabajadores Agrícolas Mexicanos Temporales (PTAMT) expresó: “Hoy, el programa de trabajadores agrícolas temporales representa un modelo de cooperación en la escena internacional. Por ello hemos dado ya los primeros pasos para extenderlo a otros sectores de la economía.”

 

Lástima que el PTAMT encubra una especie de semiesclavitud. Antes de viajar, el trabajador seleccionado debe pagar su pasaporte, examen médico, el visado canadiense y la mitad del boleto de ida y vuelta. Ya en Canadá, antes de recibir cualquier pago, debe pagar a su empleador por la vivienda -generalmente insatisfactoria- que este le suministrará en la misma finca, pagará al Estado canadiense por el seguro médico y de desempleo que nunca recibirá, aportará para la jubilación que tampoco percibirá y, como los canadienses, pagará el impuesto sobre los sueldos. No puede cambiar de trabajo y si el que desempeña no lo satisface, lo único que puede hacer es regresar a México. De la evaluación que efectúe su empleador dependerá que vuelva a participar del Programa el año próximo. No existen los días de descanso y durante la cosecha, la jornada diaria puede llegar hasta 18 o 20 horas, sin pago adicional. Después de años de batallar, el sindicato local UFCW, logró que en diciembre de 2001 la Suprema Corte de Canadá reconociera a estos trabajadores el derecho a formar un sindicato; pero al mismo tiempo la Corte resolvió que los trabajadores no pueden declararse en huelga, ni los empleadores tienen obligación de reconocer a los sindicatos. Estas facilidades entusiasmaron a algunas empresas, tal el caso de Cargill e IBP, que comenzaron a contratar en sus empacadoras de carne mano de obra barata de trabajadores migrantes, especialmente mexicanos.

 

 

Enildo Iglesias

© Rel-UITA

6 de mayo de 2004

 

 

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