La vuelta al
poder a través de las urnas del Frente
Sandinista de Liberación Nacional (FSLN),
que hace 27 años derrotó con las armas a
una dictadura sangrienta, se ha
convertido en un hecho histórico. El
líder sandinista Daniel Ortega volvió a
la presidencia del segundo país más
pobre de América con el desafío de
ofrecer mejores condiciones de vida a la
población, a pesar de los pocos recursos
de que dispone la economía nacional. Las
circunstancias no son las mismas que
cuando estuvo al frente del país entre
1979 y 1990, como coordinador del primer
gobierno sandinista y luego como
presidente electo. Sin embargo, el
momento es de gran expectativa. Lo que
la población espera es que Ortega genere
empleo, reduzca la pobreza y mejore la
salud y la educación.
En aquella
época, el líder sandinista tenía que
enfrentar una guerra financiada por
Estados Unidos, que además de destruir
la economía del país y causar decenas de
miles de muertes, creó enormes
divisiones entre los nicaragüenses.
Actualmente, la Nicaragua que Ortega
pasa a gobernar es un país lleno de
contrastes, donde lujosos shoppings y
ricas áreas residenciales conviven con
casuchas erguidas sin infraestructura o
servicios básicos. Aunque el gobierno
saliente al final de su mandato hable de
buenos resultados económicos, 350.000
personas fueron incorporadas durante los
últimos cinco años al ejército de pobres
y el 70% de la población sobrevive con
menos de dos dólares por día.
A pesar de
que las estadísticas oficiales señalan
que el desempleo llega al 5,6% y el
subempleo, a 13%, los números reales
pueden sobrepasar el 50% de la Población
Económicamente Activa (PEA), que según
el actual presidente del Banco Central
de Nicaragua "es porque no quieren
trabajar".
En el área de
la salud, la situación no es mejor. La
Organización de las Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentación (FAO)
estima que el 27% de los 5,2 millones de
nicaragüenses están desnutridos. La
agenda social de Ortega promete atacar
inmediatamente el problema del hambre,
con el programa Hambre Cero, basado en
la producción de alimentos y desarrollo,
previsto para beneficiar a 75.000
familias campesinas.
Ortega, de 61
años, se comprometió con los organismos
financieros internacionales a mantener
la estabilidad macroeconómica, sin
descuidar los aspectos sociales, una
meta que los analistas consideran poco
creíble y populista.
