|
DECLARACIÓN DE SANTIAGO DE CHILE
LA INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA
COMO RESPUESTA A LA GLOBALIZACIÓN
Y A LA CRISIS DEL SISTEMA
CAPITALISTA.
El siglo XXI se ha
iniciado con una de la las crisis más graves y profundas del sistema
capitalista. Tan grave que no son pocos los que sostienen que no se
trata de una de las tantas crisis cíclicas por las que ha pasado,
sino que estamos en presencia del principio del fin de un modelo
civilizatorio.
Es evidente
que se trata de una crisis multidimensional del capitalismo, que
primero fue financiera, después económica y ahora social y política,
y que prueba el fracaso de la globalización neoliberal y de su
modelo de desarrollo.
Sin embargo,
se da la paradoja que la estrategia para la salida de la crisis del
capitalismo es… más capitalismo. Es así que los organismos
financieros internacionales, que no sólo fracasaron en prever y
prevenir la crisis, sino que son parte de los responsables, ahora
reaparecen en escena con las mismas recetas, la misma racionalidad y
sin la menor autocrítica.
El salvataje
a los bancos con billones de dólares de las arcas públicas desnuda
al sistema y le hace perder toda legitimidad política: ¿qué clase de
capitalismo es este capitalismo sin riesgos, que descarga sobre la
sociedad el costo de sus errores? La impresionante movilización de
dinero público, que permitió socorrer a bancos y grandes empresas,
mientras se exige “austeridad” a la sociedad, es la prueba cabal de
los valores perversos del orden económico y social vigente, que se
mantuvo impasible frente a la miseria de más de mil millones de
personas, que sufren hambre y desnutrición en el mundo.
Uno tras otro
van cayendo los gobiernos que han dejado de ser útiles a las fuerzas
y grupos hegemónicos que dominan la economía mundial. En su retirada
prestan un último servicio: asumir sutilmente ante la gente su
responsabilidad por la crisis, ocultando así a los verdaderos
responsables y permitiendo la llegada al poder de tecnócratas al
servicio del poder financiero, o de representantes de la derecha
política, como acaba de ocurrir en España.
El
neoliberalismo se pasea triunfante por Europa y, más temprano que
tarde, llegará a nuestras costas con sus conocidas recetas: recorte
del gasto social, reducción o eliminación de derechos laborales y
provisionales, menos Estado y más privatizaciones, mano de obra
dócil y barata, etc., etc. Latinoamérica debe estar preparada para
enfrentar a una nueva ofensiva contra los intereses populares en
general, y contra los derechos de los trabajadores en particular.
En la década
del ’90 la crisis económica y las recetas del FMI y del Banco
Mundial fueron la vía para despojar a los trabajadores de sus
derechos, aumentando la distribución regresiva de los ingresos, la
desigualdad social, la pobreza, la marginación, la mendicidad y la
delincuencia. Se impuso la precarizacion de las relaciones
laborales, el abaratamiento de los despidos y, en general, el
abatimiento del nivel de tutela que los trabajadores habían
alcanzado.
Es sabido que
esas políticas fracasaron estrepitosamente, por lo que resulta
paradojal que ahora se pretenda avanzar por el mismo camino. La
única explicación es que, aunque el modelo económico y social
vigente está agotado, son muchos los que piensan que no existe un
modelo alternativo, apoyado en principios y valores totalmente
diferentes, que permita elaborar una agenda realista y creíble de
iniciativas y políticas.
El colapso
del paradigma neoliberal de relaciones económicas y sociales a nivel
planetario, nos hace ver que el que debería reemplazarlo aún se
encuentra en gestión. Impregna el ambiente social, está latente,
pero aún no tiene forma ni nombre. Por eso son tiempos de confusión
y perplejidad, hábilmente aprovechados por los intereses vinculados
al viejo paradigma para ocultar un mundo que se desmorona. En su
fuga hacia adelante, eliminan la intermediación de los políticos y,
como hace Goldman Sachs en Europa, colocan a sus mejores cuadros
técnicos en la conducción política de los países.
La historia
demuestra que cuando se produce una colisión de paradigmas, los
intereses asociados al que está en retirada reaccionan para no
perder las ventajas y prebendas que disfrutaban. Por eso son épocas
violentas y con mucha represión. La criminalización de la protesta
social es una de las características de esta coyuntura histórica,
tal como lo podemos comprobar en muchos países latinoamericanos.
Desde casos extremos como Colombia y Guatemala, países
en los que la vida y la libertad de los activistas sociales no valen
nada, a formas más sutiles en las que se los persigue con leyes
injustas y jueces parciales y muchas veces corruptos.
Pero la
historia también nos enseña que la hora más oscura de la noche, es
la que precede al amanecer.
Latinoamérica
está en una situación muy diferente a la que existía durante la
década del ’90, cuando nuestros presidentes competían para ver quien
era el mejor discípulo de los gurúes del neoliberalismo. Uruguay,
Paraguay, Brasil, Argentina, Perú, Ecuador, Venezuela, Nicaragua,
Cuba y Bolivia, con sus contradicciones, marchas y
contramarchas y con sus diferentes realidades, hoy llevan adelante
procesos políticos que pretenden desarticular las estructuras
sociales de dominación y dependencia.
Este
escenario político, impensado poco tiempo atrás, nos permite
sostener que la crisis del sistema capitalista y la nueva ofensiva
contra los derechos económicos, sociales y políticos de nuestros
pueblos, deben ser enfrentadas avanzando decididamente en el proceso
de integración latinoamericana. Una integración que no se limite a
meras cuestiones económicas y aduaneras, sino que sea auténticamente
social, política y cultural. Avanzar en la construcción de la Patria
Grande con la que soñaron nuestros héroes de la Independencia. La
ALAL reitera, una vez más, que no hay región en el mundo en
mejores condiciones para cumplir con este imperativo histórico.
No hay
destino para nuestros países, ni posibilidades de emancipación para
nuestros pueblos, sin una Latinoamérica unida, fraternal y
solidaria. Sólo así se podrá enfrentar el nuevo y feroz ataque que
el neoliberalismo la lanzado contra los derechos de los
trabajadores. Sólo así se podrán establecer estrategias de
resistencia efectiva, a este nuevo proyecto de dominación y
explotación. Y sólo así se podrá construir un poder alternativo, que
permita abandonar la mera acción defensiva y encarar un autentico
proyecto de liberación.
La creación
de la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe (CELAC),
es un buen paso en la dirección correcta. De nuestros gobiernos
depende que no se trasforme en una nueva frustración.
En el proceso
de integración latinoamericana, una cuestión central será establecer
un mismo nivel de protección laboral para todos los trabajadores y
trabajadoras de la región, garantizándoles la libre circulación por
el espacio comunitario, con idénticos derechos laborales y de
seguridad social. La ALAL viene trabajando desde hace cuatro
años en un proyecto de Carta Sociolaboral Latinoamericana, que debe
ser debatida por los trabajadores y aprobada por los gobiernos, en
la que propone reemplazar el paradigma de relaciones laborales del
neoliberalismo, por uno totalmente diferente que coloque al
trabajador y su dignidad como eje de todo el sistema.
En el universo todo
avanza y evoluciona, por lo que el cambio de paradigma es
inexorable. Y quienes no queremos ser simples espectadores, debemos
ayudar a la historia a parir este embrión libertario. Y esto es lo
que pretendemos hacer en la ALAL, cuando nos proponemos
desarrollar un nuevo modelo de relaciones laborales, de cara al
siglo XXI, el siglo del reconocimiento definitivo de los derechos
humanos.
Lo que intentamos
desarrollar es un modelo de relaciones laborales con principios y
valores completamente diferentes a los actuales, que reemplace una
visión materialista y economicista del mundo del trabajo, por otra
profundamente humanista. Un sistema laboral que ponga la dignidad de
la persona que trabaja en el centro del escenario. El hombre como
eje del ordenamiento jurídico, y el trabajo humano inserto en un
marco de valoración que desborda el mero mercado económico. Pasar
del trabajo-mercancía, sujeto a las leyes del mercado, al trabajo
digno.
Porque en el contrato
de trabajo la prestación prometida por el trabajador es actividad
humana, y ésta es inseparable de la persona que la realiza. Lo que
se hace y el que lo hace son indivisibles. En la relación laboral el
trabajador se compromete física, mental y emocionalmente, razón por
la cual es un absurdo predicar la dignidad de la persona humana,
pero tratar como una cosa, o como un objeto del mercado de trabajo,
lo que ella hace.
Un derecho fundamental
en el nuevo sistema de relaciones laborales, es el derecho al
trabajo. Porque en el sistema capitalista, los que no tienen
capital sólo tienen tres caminos para subsistir: el trabajo
asalariado, la caridad (pública o privada) o el delito. Así de
simple.
Por lo tanto, es
válido suponer que en el Contrato Social que pretende legitimar el
actual orden social y económico, el derecho al trabajo debería ser
uno de sus pilares. En caso contrario, no se entendería que un
importante sector de la clase trabajadora haya abandonado su
primigenia intención de combatir el sistema capitalista y
reemplazarlo por otro.
Y siguiendo con esta
línea de razonamientos, podemos afirmar que un derecho de semejante
importancia debió ser reconocido con garantías de continuidad y
seguridad. En otras palabras, de estabilidad. Porque para que
el movimiento sindical acepte que la satisfacción de las necesidades
del trabajador sólo se alcanza a través del trabajo asalariado, es
lógico suponer que debió demandar mecanismos de seguridad para
garantizar el derecho al trabajo. La incorporación de este derecho
en algunos textos constitucionales sólo puede interpretarse como una
justa respuesta a esa demanda.
Si a todo esto le
sumamos que la estabilidad laboral es, de hecho, una condición para
el ejercicio de los demás derecho laborales, ya que quien tiene una
inserción precaria en la empresa tiene escasas posibilidades de
defenderlos, entonces arribaremos a la conclusión que aquel Contrato
Social debió garantizar a los trabajadores, no sólo derecho a un
empleo, sino derecho a un empleo estable.
A partir de esta nueva
visión del mundo laboral, resulta imprescindible resignificar
algunos conceptos. Así, por ejemplo, la empresa no puede seguir
siendo una estructura autocrática en la que uno manda y los demás
obedecen. Por el contrario, las relaciones laborales deben ser
democráticas y participativas. La imagen del individuo que
trabaja en relación de dependencia, como un sujeto sumiso, pasivo y
desprovisto de voluntad, está a contramano de un sistema que coloca
su dignidad como centro y eje.
Los derechos que le
son inherentes a su condición de persona y de ciudadano, no los
abandona en la puerta de la fábrica. En el trabajo dependiente hay
una implicación personal del trabajador, razón por la cual conserva
todos los derechos que el ordenamiento jurídico, nacional e
internacional, le reconocen a toda persona humana. Son derechos
fundamentales del hombre, que le corresponden por el sólo hecho de
serlo, y que lejos de perderse o atenuarse cuando ejerce su rol de
trabajador, se potencian por vía de los tratados internacionales y
los Convenios de la OIT.
No hay relaciones
laborales democráticas y participativas, sin el reconocimiento del
derecho de los trabajadores a la información y a la consulta
previa, respecto a todos los temas que hacen a la vida de la
empresa. No hay que olvidar que en el sistema capitalista, como ya
se dijo, el empleo y la remuneración se vinculan con la subsistencia
del trabajador y su familia, y con su proyecto de vida. Por lo
tanto, su compromiso personal con la suerte de la empresa es
absoluto. De ello se deriva, como lógica contrapartida, su derecho a
participar en todas las decisiones patronales que puedan
afectarlo.
En el contrato laboral la persona
busca, fundamentalmente, una remuneración justa. Busca el ingreso
económico que le permita atender sus necesidades y las de la
familia. Por lo tanto, el derecho a percibir en tiempo y forma el
salario también es un derecho vinculado con la supervivencia de la
persona, que es lo mismo que decir que se relaciona con el derecho a
la vida, que es el primer derecho humano. Por ello la Carta pretende
dotar a este derecho de todas las garantías posibles, estableciendo
la obligación solidaria de todos los que en la cadena productiva se
aprovechan o benefician con el trabajo ajeno, de abonar ese salario.
Y cuando esto falle, se propone la existencia de fondos de garantía
gestionados por el Estado.
En el nuevo paradigma de
relaciones laborales, la vida y la salud del trabajador son valores
centrales a proteger, porque son su único patrimonio. Su tutela no
puede considerarse un costo, ni quedar condicionada al éxito de la
empresa, como hoy ocurre. Los sistemas de prevención de los riesgos
laborales no pueden estar a cargo de operadores privados, que actúen
con fin de lucro, ya que se plantea una contradicción de intereses
entre ellos y las víctimas, que es insalvable.
La propia OIT ha
reconocido que la inmensa mayoría de los accidentes y enfermedades
laborales son evitables. Por ello llamarlos “accidentes” es una
concesión del lenguaje, nada neutral por cierto. También ha dicho
ese organismo internacional que los siniestros laborales producen
más muertos y mutilados que las guerras, el sida, el cáncer, o los
accidentes de tránsito. Ocultado por los medios masivos de
comunicación, el sistema laboral vigente, al servicio del lucro, la
rentabilidad, la productividad y la mejora de la tasa de ganancia,
está causando un auténtico genocidio. Los trabajadores están pagando
un “impuesto de sangre” para poder ganarse su sustento y el de sus
familias. Esto debe ser denunciado enfáticamente y tiene que
terminar. Los sindicatos y los gobiernos deben adoptar urgentemente
medidas para que se eliminen o neutralicen los riesgos del trabajo.
En nuestro modelo de relaciones laborales cada trabajador debe tener
el derecho a ser informado sobre los riesgos para su vida o su
salud, presentes en su puesto de trabajo. Y los empleadores que no
cumplan con las medidas de higiene y seguridad laboral deberán ser
duramente sancionados, tipificándose como delitos la violación de
sus obligaciones en materia de prevención.
La Carta Sociolaboral
Latinoamericana, que debe ser debatida por los trabajadores, intenta
ser un aporte de los abogados laboralistas en el proceso de
emancipación de la clase trabajadora. Apunta, en primer lugar, a
producir un cambio cultural que rompa con la idea de que la
estructura social vigente está el orden natural de las cosas y, por
lo tanto, es inmodificable. Décadas de bombardeo con slogans, que
por repetidos terminan pareciendo verdaderos, han logrado influir en
el sentido común de nuestros pueblos. La Carta pretende demostrar
que, desde principios y valores diferentes, otro mundo, más justo,
fraternal y solidario, es posible. Posible y necesario.
Santiago de Chile, noviembre de 2011.
|
