Para los latifundistas este método resulta el más efectivo para descabezar paulatinamente al movimiento campesino que lucha por obtener tierras para vivir y trabajar, y es una práctica absolutamente tolerada por el gobierno paraguayo, que hasta el momento, demuestra una gran indiferencia por llegar a esclarecer estos hechos denunciados por las organizaciones campesinas y de derechos humanos, según el abogado Alberto Alderete, representante de la coordinadora que los agrupa, denominada Plenaria Popular Permanente, también director del Servicio Jurídico Integral para el Desarrollo Agrario (SEIJA).

Las denuncias sobre el asesinato selectivo de dirigentes campesinos fue radicada por Alderete ante la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional, aunque hasta el momento todas las investigaciones sobre estos hechos están paralizadas.

“Hay una gran preocupación entre las organizaciones campesinas y de derechos humanos en relación con la ejecución extrajudicial de dirigentes campesinos. Estas ejecuciones constituyen un plan del Estado, llevado adelante, fundamentalmente, por la Policía Nacional. Este plan viene siendo ejecutado desde hace unos años y es plenamente tolerado por la Fiscalía, el Poder Judicial y, por supuesto, por el gobierno”.

Alderete expresó que una coordinadora de organizaciones defensoras de los derechos humanos, no gubernamentales y de campesinos presentaron diversas denuncias sobre estos hechos ante la Policía Nacional, que hasta el momento ha actuado con total indiferencia, encubriendo a los efectivos involucrados directamente en estos asesinatos por formar parte activa de sus cuadros.

Igualmente, denunciaron estos crímenes ante la Fiscalía General del Estado y la Corte Suprema de Justicia que, no obstante, no otorgaron hasta el momento una audiencia a los denunciantes que exigen una investigación exhaustiva de cada uno de estos casos.

El abogado defensor de los derechos humanos afirmó que si los reclamos de esclarecimiento y condena a los culpables de las ejecuciones no son atendidos por las autoridades, recurrirán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) para denunciar estos casos de abusos de poder y muertes selectivas a representantes de un sector bastante golpeado por la marginación y el olvido oficial.

“La intención es solicitar la venida de una delegación de representantes de esta Comisión para ejercer una suerte de presión ante el gobierno paraguayo a fin de que reactive la investigación de las ejecuciones masivas de campesinos sin tierra”.

Según comentó Alderete, de las 90 ejecuciones comprobadas de campesinos, solamente una de ellas fue esclarecida hasta el momento por la justicia paraguaya. Se trata del asesinato del dirigente campesino Esteban Balbuena, quien fuera ejecutado el 7 de agosto de 1993, en el departamento de Itapúa.

Autores materiales

Ante la inacción de la Policía Nacional, el grupo denominado Plenaria Popular Permanente -conformado por la Organización de Lucha por la Tierra (OLT), la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC), el Movimiento Campesino Paraguayo (MCP), la Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (CONAMURI), la Coordinadora Interdepartamental Sebastián Larrosa y la Organización Nacional Indígena-, ha impulsado, en coordinación con la Pastoral Social Nacional, la investigación sobre la ejecución selectiva de campesinos, y llegaron a descubrir a algunos de los autores materiales de estos hechos.

“Mediante una acción judicial y una presión sistemática ejercida por la Unión Nacional Campesina, hemos logrado obtener la condena de Demetrio Vigo, autor material del asesinato del dirigente campesino Esteban Balbuena. En primera instancia otorgaron al imputado 20 años de prisión, luego el abogado defensor apeló y, en segunda instancia, bajaron la pena a 10 años. Nosotros volvimos a apelar ante la Corte Suprema de Justicia que, finalmente, sentenció al culpable a 9 años de cárcel”, explicó el abogado.

Señaló que Vigo recuperó su libertad hace poco tiempo por compurgación de pena. Pero, a diferencia de este caso, ninguna otra de las ejecuciones de dirigentes campesinos fueron esclarecidas hasta el momento. Alderete afirmó que tanto la Fiscalía General del Estado como el Poder Judicial se niegan a investigar las denuncias, a esclarecer los hechos, a administrar justicia y a castigar a los culpables, a pesar de las reiteradas denuncias realizadas por los familiares de las víctimas y por las organizaciones de derechos humanos.

El defensor de derechos humanos señaló que la desidia oficial llega a tal punto que todas las investigaciones fueron archivadas por las autoridades de justicia.

Reiteró que en la mayoría de estas ejecuciones extrajudiciales actuaron como sicarios los propios agentes de la Policía Nacional, algunas veces vestidos con sus uniformes reglamentarios, aunque también de civil, contratados por los latifundistas.

El director de SEIJA señaló que la Corte Suprema de Justicia les solicitó una prueba para que demuestren que realmente se trata de asesinatos selectivos de campesinos. Ante esto, las organizaciones campesinas denunciantes arrimaron los antecedentes del caso que involucró al dirigente campesino Benito Gavilán, quien fue víctima de un homicidio frustrado. Fueron sindicados como responsables de los disparos los agentes policiales, Francisco Brizuela y Agustín Pérez, y como autor moral, el estanciero Luis Beltrán.

El hecho aconteció el 19 de setiembre de este año, en el distrito de Mbujapey, departamento de Paraguarí. Gavilán iba caminando hacia su casa solo por un camino poco concurrido, cuando fue interceptado por dos desconocidos, que resultaron ser agentes policiales de la comisaría jurisdiccional. Los agentes se trasladaban en una moto, al ver al dirigente, bajaron y lo saludaron. Uno de los policías se colocó delante de Gavilán y el segundo detrás. Inmediatamente, el que estaba detrás desenfundó una escopeta y la apretó a la espalda del dirigente campesino, en tanto que el otro agente desenfundó una pistola y la apuntó directamente a la cabeza y sin mediar palabras, disparó, atravesándole el oído y uno de los ojos de la víctima.

Posteriormente, los efectivos policiales escaparon del lugar en la moto, tal vez imaginando que el dirigente campesino había muerto. Los mismos autores dieron aviso a la comisaría en la cual prestaban servicio sobre el hecho que, supuestamente, habían presenciado por casualidad. Cuando otros efectivos de la comisaría y un forense se hicieron presentes en el lugar de los hechos para hacer el levantamiento del cadáver, se encontraron con la sorpresa de que el cuerpo ya no estaba.

Los compañeros sin tierra de Gavilán, quienes se encontraban cerca del lugar en donde lo hirieron, al escuchar los disparos corrieron en su auxilio y lo llevaron monte adentro, para evitar que la policía lo volviera a encontrar. Gavilán se salvó de la muerte gracias a la inmediata acción de sus compañeros, aunque perdió un ojo y tiene severos problemas de audición en el oído que resultó dañado por el disparo.

Este es sólo uno de los casos de ejecuciones masivas perpetrados por los efectivos de la Policía Nacional. Gavilán, por suerte, vivió para contarlo y denunciar a los autores materiales de los disparos, pero la mayoría de las otra víctimas campesinas no corrió la misma suerte. 

Terrorismo de Estado

El segundo fin, añadió, es conseguir que la dirigencia campesina cese en sus luchas, disminuyan sus reclamos, las ocupaciones de tierra y, por último, buscan eliminar físicamente a las cabezas de las organizaciones campesinas. “En la mayoría de los casos, las ejecuciones tienen como víctimas a los altos dirigentes de los gremios que agrupan a labriegos del interior del país”.

Alderete denunció que las ejecuciones se siguen cometiendo en forma impune en las localidades del interior del país, especialmente en las zonas en donde existen grandes conflictos por la tenencia de tierras. Mencionó dos casos recientes que involucraron a un joven dirigente campesino de tan solo 15 años y a otro líder labriego que gestionaba la expropiación de una hacienda. En el primer hecho, el muchacho, de nombre Adriano Medina, iba circulando por un camino vecinal cuando su bicicleta fue intencionalmente embestida por la camioneta de un sojero brasileño (más conocidos como brasiguayos). Luego el productor arrojó el cadáver a una fosa cavada dentro de su propiedad. Los compañeros de la comisión vecinal, de la cual el joven formaba parte, denunciaron la desaparición del mismo. Al cabo de unos días de intensa búsqueda, decidieron ingresar a las tierras del sojero y encontraron el cuerpo del compañero enterrado en el lugar.

El segundo caso reciente es similar a éste y se produjo en el distrito de Capiibary, en el departamento de Canindeyú, e involucró al dirigente Esteban Hermosilla, quien se encontraba tramitando la expropiación de una hacienda. El mismo fue secuestrado por desconocidos y luego de unos días su cuerpo fue hallado también enterrado en el interior de una propiedad. Los estudios forenses realizados al cadáver del campesino demostraron que fue salvajemente torturado antes de morir, además de sufrir la amputación de una oreja, que probablemente haya sido utilizada como “prueba” de que la misión de eliminar al campesino se había cumplido. El propietario de la estancia en donde fue hallado el cuerpo, conocido como Joaquín, está siendo investigado por este hecho. Casualmente, los cuerpos de ambos dirigentes asesinados fueron  hallados por sus compañeros el mismo día, el pasado 29 de setiembre.    

Igualmente, en el departamento de Itapúa, líderes campesinos que se encontraban asentados con sus familias a la vera de un camino en espera a ingresar a unas tierras con la intención de ocuparlas fueron acribillados a mansalva por cuatro efectivos policiales que se encontraban vigilando la propiedad. Los labriegos denunciaron este hecho ante las autoridades locales, pero la justicia nunca tomó intervención en ninguno de estos casos que se repiten casi a diario en todo el país, según obra en la denuncia realizada por Alderete. 

El defensor de los derechos campesinos expresó que la Plenaria Popular Permanente está dispuesta a luchar para que el Estado paraguayo asuma su responsabilidad de investigar estos hechos y a la Policía Nacional, que está en conocimiento de la identidad de los autores de estos asesinatos selectivos, aunque sigue encubriéndolos. Por eso, afirmó que la alternativa que les resta es recurrir hasta los organismos internacionales defensores de derechos humanos para denunciar estas ejecuciones extrajudiciales de labriegos, la mayoría de ellas cometidas por efectivos policiales, con la total anuencia del gobierno y los estamentos judiciales paraguayos.

En Asunción, Rosalía Ciciolli

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2 de diciembre de 2005