Bogotá, enero 23 de 2007

CARTA ABIERTA A LOS HONORABLES REPRESENTANTES, A LA COMISIÓN DE MEDIOS Y ARBITRIOS Y A LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Y ATENCIÓN

AL REPRESENTANTE CHARLES RANGEL

Desde los inicios de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, entre los gobiernos de Estados Unidos y Colombia, las centrales de trabajadores de nuestro país, manifestamos total oposición al contenido de este acuerdo, no sólo en lo relacionado con la cláusula laboral, sino con el conjunto de normas del tratado que resultaría lesivo a los intereses de la economía nacional, al propiciar la destrucción de nuestro aparato productivo en los sectores agrícola, industrial y de servicios, con el consecuente incremento del desempleo y la desmejora en las condiciones de vida y de trabajo para la población.  Por ello, el 18 de mayo de 2004 la AFL- CIO  y las centrales colombianas firmamos una declaración planteando la inconveniencia de este tipo de TLC.

Al estudiar el contenido de lo acordado, nos ratificamos en nuestras opiniones, las cuales vemos enriquecidas por los nuevos análisis hechos por sectores políticos y sindicales de los Estados Unidos, que se preocupan no solamente por sus efectos en lo laboral, sino por disposiciones en materia comercial, de propiedad intelectual, de medio ambiente, entre muchos otros. 

Dada la asimetría entre nuestros países y ante el hecho de que la economía norteamericana tiene un desarrollo que supera en más de cien veces el de la nuestra, el intercambio comercial en términos equivalentes, resulta imposible. Las empresas nacionales y las multinacionales instaladas en Colombia habrán de fundamentar su capacidad exportadora en el abaratamiento, cada vez mayor, de los costos de la mano de obra y la reducción de los impuestos, dejando como resultado el aumento de la miseria y la disminución de los ingresos fiscales que conlleva al recorte de obligaciones sociales del Estado.

La concreción del tratado arrasará con los puestos de trabajo que todavía sobreviven a tres lustros de apertura del mercado interno colombiano, que ha significado un aumento del desempleo y la pobreza.

En los últimos quince años se ha modificado regresivamente la legislación laboral, a tal punto que los derechos de los trabajadores para organizarse en sindicatos y negociar colectivamente las condiciones laborales están prácticamente desaparecidos. Actualmente, de una población ocupada de 18 millones de habitantes, de los cuales la mitad son asalariados, hay menos de un millón de trabajadores sindicalizados y menos de 200.000 están amparados por convenciones colectivas, laudos arbitrales o pactos colectivos.

Además, las formas desreguladas de contratación, como las agencias de empleo temporal, cooperativas de trabajo asociado, contratos de prestación de servicios y otras, dominan el mercado laboral colombiano, en el cual es cada vez más notoria la sobreexplotación del trabajo de las mujeres y el empleo de niños. La legislación laboral colombiana y las prácticas empresariales avaladas por el gobierno, se distancian cada vez más de la normatividad de la OIT.

El TLC estimulará la implementación de nuevas reformas y prácticas laborales  que arrasen con los derechos que nos quedan. En esta dirección, el Presidente Uribe ordenó recientemente mediante decreto la liquidación del Instituto de los Seguros Sociales, ISS, encargado de la salud, las pensiones y los riesgos profesionales de los trabajadores, para entregar toda la seguridad social al sector privado.

Esta situación se empeorará por el encarecimiento de los procedimientos médicos y los medicamentos que se producirá como consecuencia de los contenidos sobre propiedad intelectual del TLC. Recientemente una misión del Banco Mundial aconsejó eliminar el salario mínimo legal, lo que ha encontrado eco en los gremios empresariales y en círculos del gobierno.

No sobra recordar que además del desconocimiento de los derechos laborales de los trabajadores colombianos, persiste en nuestro país y como parte de la misma campaña antisindical, la violación permanente de los derechos humanos, expresada en los asesinatos de dirigentes y activistas sindicales, en el desplazamiento forzoso y el exilio de miles de trabajadores por amenazas contra sus vidas.

Preocupa profundamente que con la previsible disminución de puestos de trabajo en el área rural que provocará la importación masiva de alimentos, un porcentaje importante del campesinado colombiano se verá obligado a dedicarse a los cultivos ilícitos y a otras actividades delincuenciales para subsistir.

No nos oponemos al fortalecimiento del comercio y los intercambios económicos, pero esto debe darse dentro del marco del respeto a la soberanía, el beneficio reciproco y el fomento del desarrollo productivo, aspectos que no contiene el TLC

Por todas estas razones las Centrales Sindicales colombianas exhortamos al Congreso norteamericano a no ratificar el Tratado de libre Comercio, que los gobiernos de Colombia y Estados Unidos han acordado.

Atentamente,

 CARLOS RODRIGUEZ DIAZ                                          APECIDES ALVIS FERNANDEZ

        Presidente CUT                                                                  Presidente CTC

                                           JESÚS ERNESTO MENDOZA

                                                      Presidente CPC