La “Declaración de Nuevo León”, firmada por los jefes de Estado de las Américas, es apenas un suspiro de intenciones sin propuestas prácticas concretas, dejando vigentes todas las contradicciones entre metas sociales y comerciales que encierra la negociación del ALCA.

Aunque la Cumbre de Monterrey fue convocada para darle una cara social al proceso del ALCA, y para avanzar en temas como la pobreza o la gobernabilidad, los presidentes no lograron que la “Declaración de Nuevo León” alcanzara esas metas.

El documento señala que los presidentes consideran que el bienestar de los pueblos de las Américas dependen de tres metas estrechamente relacionadas: crecimiento económico con equidad para reducir la pobreza, desarrollo social y gobernabilidad democrática. A partir de esas ideas, la Declaración de Nuevo León aborda muchos temas, desde la participación de las pequeñas y medianas empresas hasta la reforma del sistema financiero internacional, desde la defensa de los derechos de propiedad hasta proclamar la importancia del papel de la mujer, del apoyo a los pueblos indígenas hasta el combate contra el SIDA.

Algunas cuestiones estuvieron bajo fuerte discusión entre los gobiernos. Entre ellas se encontraba la propuesta de Venezuela de un fondo solidario basado en las requisas contra el narcotráfico, y que finalmente no se aprobó. En cambio, aparecieron varias declaraciones de lucha contra la corrupción, en especial invocando a la Convención Interamericana contra la Corrupción, aunque sin llegar al extremo de una suspensión de la OEA, como solicitaba Washington. También se contempló la inquietud de Estados Unidos de invocar la lucha contra el terrorismo, incluyendo un llamamiento a que las naciones del hemisferio ratificaran la Convención Interamericana contra el Terrorismo. Finalmente se incluyó el llamado a reducir por lo menos a la mitad el costo de las transferencias de remesas que los inmigrantes mandan a sus países de origen, a más tardar en el 2008.

Sobre el texto referido al ALCA, que tanta expectativas despertó en estos días por la resistencia de Brasil y Venezuela a incluirlo, tal como reclamaba Estados Unidos. Las negociaciones de Monterrey terminaron volcándose a favor de Washington. Se pasó entonces a una segunda trinchera en la discusión diplomática enfocada en mencionar o no la fecha de implementación del acuerdo hemisférico en el 2005; en ese caso prevaleció la posición de Brasil y no se menciona una fecha.

Enfocar el análisis sobre quién logró más ventajas en el encuentro, o quién triunfó, puede ser un ejercicio estéril. De hecho en Estados Unidos Los Angeles Times titulaba el miércoles 14 que la “nueva izquierda” de América Latina desafía a Bush, mientras el New York Times advertía que la declaración final no le otorgó al presidente “precisamente lo que buscaba”. Por otro lado, podría decirse que Washington obtuvo “casi todo” lo que buscaba, y en especial mantener en marcha el proyecto ALCA, y de la misma manera, habría que reconocer que buena parte del continente lo apoya (al menos Canadá, México, casi toda América Central, varios países andinos, Chile y Uruguay).

En efecto, el texto final aborda el ALCA estableciendo que los presidentes reconocen “los avances logrados hasta la fecha para el establecimiento” de esa área, y toman nota con “satisfacción de los resultados equilibrados de la VIII Reunión Ministerial del ALCA realizada en Miami en noviembre de 2003”, apoyan “el acuerdo de los ministros sobre la estructura y el calendario adoptado para la conclusión de las negociaciones para el ALCA en los plazos previstos, que fomentará, con la mayor eficacia, el crecimiento económico, la reducción de la pobreza, el desarrollo y la integración, a través de la liberalización del comercio”. Es cierto que no existe una referencia a la fecha, pero el párrafo es más que generoso con las negociaciones comerciales del ALCA. Finalmente la única observación provino de Venezuela, la que en el texto de la declaración establece que ese país “se reserva el párrafo relativo al ALCA, por motivos principistas y diferencias profundas acerca del concepto y la filosofía contenidas en el modelo propuesto, así como por el tratamiento dado a las materias específicas y a los plazos establecidos”.

Buena parte de los temas considerados en la declaración tienen fuertes relaciones con las negociaciones comerciales que se dan en el seno del ALCA. Por lo tanto, supuestamente la Cumbre de Monterrey podría haber avanzado a reformular las relaciones comerciales para permitir reducir la pobreza, en lugar de aumentarla, generar más empleos, en lugar de perderlos, y así sucesivamente. Sin embargo, la declaración no presenta propuestas concretas sobre cómo articular las metas sociales invocadas con las prácticas comerciales.

Se pueden considerar varios ejemplos para fundamentar esta evaluación. En el capítulo sobre crecimiento económico los presidentes reconocen que la “liberalización del comercio de productos agrícolas constituye, entre otros, un elemento esencial para el desarrollo de la agricultura” y además reafirman su compromiso para “promover un efectivo acceso a los mercados”. Ese propósito no es nuevo, y viene siendo reclamado por varios países latinoamericanos frente a las barreras y subsidios agrícolas y en acceso a mercados de Estados Unidos y Canadá. La declaración lo repite pero no incluye ninguna medida específica sobre cómo se pueden imponer estas condiciones a las negociaciones comerciales.

En el capítulo sobre desarrollo social los presidentes se refieren a las migraciones, incluyendo a aquellos que se trasladan en busca de trabajo, y a la necesidad de asegurar empleos decentes. De hecho el ALCA generaría un comercio con fuertes implicancias sobre el empleo, sea enfatizando un modelo de trabajo de bajísimas remuneraciones y malas condiciones, propio de las maquilas, o por impedimentos al libre flujo de la fuerza del trabajo como debería esperarse en una integración plena. La Declaración de Nuevo León nada dice sobre cómo reformar el comercio para evitar impactos negativos sobre el empleo.

En el capítulo sobre gobernabilidad democrática se subraya la participación de la sociedad civil; se reconoce su contribución a la “buena gestión pública” y se reafirma la “importancia de continuar consolidando nuevas asociaciones que permitan la vinculación constructiva entre gobiernos, organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales y distintos sectores de la sociedad civil”. Estas proposiciones son por demás compartibles, pero en las negociaciones comerciales del ALCA no se aplican; se mantienen restricciones sobre casi toda la documentación, las posiciones negociadoras de los gobiernos son confidenciales y las oportunidades que tienen ONGs o sindicatos de participar de los encuentros ministeriales deben enfrentar toda clase de problemas de seguridad.

La Declaración de Nuevo León está repleta de elementos como estos, con fuertes apelaciones contra la pobreza o a favor del desarrollo, pero sin vinculaciones concretas y efectivas en el terreno comercial. Se repite el drama de las Cumbres presidenciales del ALCA, donde sus propuestas y planes de acción están desvinculados de las negociaciones comerciales, y son éstas las que tienen consecuencias concretas sobre cada país.

Es más: las bases conceptuales del acuerdo comercial del ALCA implica que las metas sociales son potenciales distorsiones al comercio, y por lo tanto no pueden ser aplicadas. En el ALCA el comercio no puede estar regulado socialmente. Para evitar esa posibilidad, el acuerdo de comercio hemisférico contempla mecanismos donde se combate cualquier intervención sobre el libre flujo de capitales.

Se cae así en una paradoja: si fuera posible llevar a la práctica al menos algunos de los objetivos planteados en Monterrey, como el compromiso de los presidentes de “mantener un esfuerzo sostenido para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones rurales, al promover las inversiones y crear un entorno favorable para el mejoramiento sostenible de la agricultura”, sería necesario el papel activo del Estado en medidas tales como créditos preferenciales, protecciones de mercados internos, apoyo para la reconversión productiva, etc. Casi todas esas acciones pueden ser calificadas como distorsiones sobre el libre mercado, proteccionismos encubiertos o trabas a la inversión extranjera, y por lo tanto pueden ser denunciadas y combatidas desde el ALCA.

Queda en evidencia una fortísima tensión: o bien se abandonan las metas de compromisos como los de Monterrey, o bien se debe repensar toda la negociación comercial del ALCA. En tanto no se aborden estos temas de fondo, la Declaración de Nuevo León es apenas un suspiro.

Eduardo Gudynas (*)

Convenio La Insignia - Rel-UITA

16 de enero de 2004

(*) Eduardo Gudynas es analista de información en D3E (Desarrollo, Economía, Ecología y Equidad América Latina).