La inmensa mayoría de los
campesinos mexicanos rechazan la aplicación del Tratado
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN, NAFTA en
inglés) y las políticas agrarias del gobierno.
Organizaciones como la Central Campesina Cardenista, la
Coordinadora Nacional Plan de Ayala, la Unión Nacional
de Trabajadores Agrícolas, la Unión Nacional de
Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas, la
Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y
Campesinas, la Central Independiente de Obreros
Agrícolas y Campesinos, y la Central Campesina
Independiente, entre otras, se movilizaron desde que
empezó a aplicarse el tratado comercial.
Los campesinos
y agricultores mexicanos demandaron al gobierno de
Vicente Fox una moratoria en la implementación de
las cláusulas agrarias del TLCAN, la entrega de
subsidios de emergencia hasta el año 2020, la asignación
de un 1,5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB)
para el desarrollo productivo de la tierra y un 1,5 por
ciento más para el desarrollo social y ambiental del
sector rural, además del reconocimiento de los derechos
y la cultura de la población indígena, hasta ahora
marginada y olvidada.
Señalan haber
perdido la "soberanía alimentaria", pues la
importación de alimentos desde Estados Unidos se duplicó
-llegando a 3.2 mil millones de dólares- entre 1997 y
2001. Antes de la entrada en vigor del NAFTA,
México era en gran parte autosuficiente -cubría más del
80 por ciento de sus necesidades alimentarias-, hoy
esa cifra ha descendido a un 68 por ciento. Un 70 por
ciento de la carne que consumen los mexicanos también es
importada. La situación de los trabajadores agrícolas
sigue empeorando. De los 3,2 millones de obreros
agrícolas en México, más de 1,2 millones son
trabajadores temporales y migratorios.
La UNTA es una
de las organizaciones más importantes, agrupa a 150 mil
campesinos y productores de México. Álvaro López Ríos, a
quien entrevistamos es su secretario general.
Acuerdos rotos
-¿Qué ha
significado para los campesinos en México la aplicación
del TLC con Estados Unidos y Canadá?
- El principal
problema que tiene el campo mexicano es el modelo
económico impuesto, que depreda y saquea nuestros
recursos naturales y humanos. Y, por otro lado, la falta
de políticas de desarrollo y fomento para de parte del
gobierno neoliberal, que ha dejado a nuestros campesinos
abandonados a su suerte y a las reglas que impone el
libre mercado. En ese sentido hay demasiado abandono,
falta un presupuesto suficiente, existe una brutal
competencia desleal con los mercados internacionales,
sobre todo con Estados Unidos y Canadá, nuestros 'socios
comerciales'. Ellos subsidian su producción agropecuaria
con importantes recursos, y nosotros tenemos que
competir con una producción que mantiene grandísimas
dificultades y menos tecnificación. Nos obligan a
competir en el marco de este acuerdo comercial o NAFTA,
que desde su origen fue desventajoso para México por las
enormes asimetrías que había. Esas diferencias se
mantienen y no fueron consideradas en la negociación, a
la que nadie nos invitó.
-Pero estos
problemas existían antes que el NAFTA se negociara en
1993 y entrara en vigor el 1º de enero de 1994…
-Sí. Existían
problemas antes que México firmara el acuerdo comercial
con América del Norte, pero eran menos graves. Con
posterioridad a la entrada en vigor del NAFTA, México se
abrió de manera casi absoluta a Estados Unidos y Canadá,
y aunque se lograron plazos de desgravación en aranceles
de hasta de 15 años, lo cierto es que con gobiernos
tecnócratas y neoliberales como los que hemos tenido y
tenemos, las protecciones arancelarias y los plazos de
desgravación simplemente no se respetaron.
Tenemos por
ejemplo el maíz, que es un producto de consumo nacional
y base de nuestra alimentación. El maíz fue 'protegido'
con 250 por ciento de arancel y una desgravación
paulatina que terminaría en 15 años, sin embargo, desde
el primer momento en que entró en vigor el NAFTA y que
México empieza a importar maíz, no se aplicaron esos
aranceles y, al no aplicarse, se afectó la producción
nacional por la desleal competencia entre un maíz
subsidiado y otro que no lo estaba (el nuestro). Eso
significó el comienzo de una disminución drástica en la
producción nacional de este grano, y todas las
consecuencias que ello implica para nuestros campesinos
e indígenas.
-¿Esto sólo
ocurrió en el caso del maíz?
-No. El maíz
es sólo un ejemplo. Lo nombro porque fue el grano con
más protección y mayor plazo pactado en el NAFTA, pero
esto sucedió con todas nuestras ramas productivas. En el
tratado se establecían compromisos de inversión, de
capitalización, de fomento que -se señaló- iban a
permitir que el campo mexicano se colocara en
condiciones de competitividad y productividad. Sin
embargo, nuestro gobierno en razón de la crisis
económica que nos afectó en 1995 y de la irrupción del
movimiento que apareció en Chiapas, abandonó sus
compromisos. Ahí se entró de lleno a una etapa donde se
abandonó el campo a su suerte, por ello hoy nos
encontramos con mayores problemas que los que teníamos
antes.
"No se nos consultó para
nada"
Según López,
la Comisión para el Desarrollo Rural de México advierte
que el 71 por ciento de la población sufre de
desnutrición. "La crisis en el campo es parte de la
crisis económica que enfrenta nuestro país. Además, más
del 12 por ciento del presupuesto nacional se debe
destinar a pagar los intereses de la deuda externa".
Muchas fábricas filiales de compañías norteamericanas se
han trasladado de México a China debido a los bajos
salarios que pagan en el gigante asiático, lo que ha
significado la pérdida de 287 mil empleos desde
octubre de 2000 hasta ahora. La agricultura mexicana
está experimentando rápidos cambios que no son causados
por el TLCAN, sino que han sido acelerados por su
aplicación: Un millón de campesinos han abandonado sus
tierras en la década pasada y las explotaciones de
empresas agroindustriales continúan creciendo.
- Muchos
pequeños agricultores quebraron, no pudieron competir
ante gigantes como Estados Unidos y Canadá. ¿Ello
incrementó los niveles de pobreza?
-Aumentaron
dos cosas, primero, los niveles de migración desde el
campo hacia la ciudad y el extranjero, y, segundo, la
pobreza. Por otra parte, ha habido una quiebra casi
generalizada de la pequeña producción frente a la
apertura comercial y la imposibilidad de competir con
productores tecnificados y subsidiados por sus
gobiernos, y con una producción mucho mayor que la
nuestra. Hoy estamos padeciendo un proceso de ajuste y
readaptación. Nosotros señalamos que el gobierno debiera
invertir en los productores de autoconsumo para que
éstos tengan alimentos a la mano.
Estamos en esa
etapa. Hemos demandado que el gobierno haga mayores
inversiones en el sector productivo para el mercado
interno para que se logren mantener ciertos niveles de
autosuficiencia alimentaria y soberanía. Por otro lado
exigimos que las autoridades apoyen las exportaciones en
las que México ha crecido. El sector agropecuario tiene
una balanza favorable y un crecimiento de casi de un 5
por ciento.
Nosotros
decimos que a los competitivos hay que mantenerles el
apoyo, pero hay que invertir mucho más en el mercado
interno y recuperar la producción para obtener soberanía
alimentaria. No se puede abandonar a los pequeños
productores porque eso significará despoblar una
parte importante del campo y condenar a un genocidio a
14 millones de mexicanos e indígenas.
-¿Cuánta es
la población total de México y cuál es su relación con
el campesinado?
-Somos más de
105 millones de personas. Y el sector campesino es
importantísimo en la economía nacional. Un 28 por
ciento, casi 30 millones de mexicanos, son campesinos.
-El NAFTA
se negoció sin consultarle a los indígenas, campesinos
ni a la sociedad civil o sus organizaciones. ¿Cómo ha
sido la irrupción de las transnacionales en la
agroindustria?
- No se nos
consultó para nada. En México se ha dado el mismo
fenómeno que en el resto de América Latina. Con la firma
del NAFTA se provoca una reconstitución de la gran
empresa agropecuaria, ahora con fines de exportación.
Pero es un sector muy pequeño, según los estudiosos. Se
dice que es menor al 2 por ciento del total de los
productores nacionales. Sin embargo, es el sector más
favorecido y el que más crece. Creemos que si bien los
males que afectan al campo no son imputables totalmente
a la apertura comercial y el NAFTA, este vino a
complicar la existencia del 98 por ciento de los
productores, quienes entramos obligadamente a lidiar con
esquemas de producción, comercialización y exportación
que nos permitieran lograr ciertos grados de
competitividad para poder sobrevivir y mantener la
economía campesina".
(…) El TLCAN
entró en vigor en 1994, elogiado por sus signatarios
como el acuerdo más beneficioso para la población y
economías de Canadá, México y Estados Unidos. Desde
entonces, los campesinos reclaman más ayudas económicas
y moratorias en la ejecución de las políticas sobre
producción industrial y el comercio. Algunas de las
disposiciones más perjudiciales que entraron en vigor en
México, han significado eliminar los aranceles en 20
productos alimenticios de importación que incluyen al
trigo, el arroz, la papa y el café. Una cuarta parte
de los 100 millones de habitantes de México vive en el
campo y según el Consejo Agrícola Nacional -organización
patronal-, más de 700 mil empleos simplemente
desaparecerán al entrar en vigor las nuevas
disposiciones del TLCAN este año; agregan que ya se
han perdido ya unos 600 mil empleos desde que entró
en vigencia el 1º de enero 1994, el mismo día que
irrumpió el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN),
en Chiapas.
Los más pobres entre los
pobres
-¿Cómo ha
sido la lucha contra el gobierno?
- El año 2000
hubo un cambio en los administradores del poder. Se
terminó con la hegemonía de un partido que gobernó
durante 70 años, el PRI. Ganó un partido de
derecha. Hoy se dice que esto es una transición y una
alternancia. El nuevo gobierno es en su origen
anticampesino y contrario a la propiedad social, ejidal
y comunal. Por la posición histórica que este partido
tiene quisieron entrar en una fase de aniquilamiento de
las organizaciones y el movimiento campesino, y
radicalizar la contrarreforma regresiva que sus
antecesores hicieron en el campo. Empezó un debate al
interior de las organizaciones campesinas. Debate que
tenía que ver con levantar un Programa de Emergencia que
el gobierno debía aplicar frente a la entrada en vigor
de la Ley Agrícola de Estados Unidos. Esa ley significó
una inversión de 180 mil millones de dólares en los
últimos 10 años -hasta el 2009-, para los agricultores
norteamericanos. Esta tamaña inversión y subsidios
tienen impactos con sus 'socios' comerciales -como
nosotros-, que no tenemos capacidad para invertir
siderales cantidades de recursos. La ley iba a tener un
impacto negativo en México. En el 2003 se quedaban
solamente protegidos por aranceles tres productos: maíz,
frijoles y azúcar. El resto de los productos entraba a
la 'libre competencia'. Estas dos cosas y la propuesta
gubernamental de un presupuesto aún más reducido para el
campo significaban la posibilidad de que fuera el 'tiro
de gracia' para los productores. Esto nos llevó a un
reagrupamiento de organizaciones y a pactar un Acuerdo
de Movilización frente al gobierno. Lo iniciamos con dos
eventos: la toma del Senado de la República, el 9 de
diciembre de 2002, y luego la toma de la Cámara de
Diputados, el 11 de diciembre. Diez mil campesinos y
productores indígenas nos movilizamos para obligar al
Congreso a aumentar el presupuesto para el campo y que,
como parte de los poderes del Estado, llamara al
Presidente de la República y lo convocara a negociar con
los campesinos y aprobar el Programa de Emergencia.
Estas movilizaciones lograron sensibilizar a la sociedad
civil y el gobierno se vio obligado a tomar medidas. Se
aprobó la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Entre la
toma y la negociación pasaron tres meses, con un estado
de alerta de todas las organizaciones y los campesinos
para obligar al gobierno a resolver nuestras demandas".
-¿Hubo
mucha represión de parte del gobierno neoliberal?
-Sólo amagos y
amenazas. Afortunadamente no pasaron a mayores. Si el
gobierno hubiese llevado a cabo las amenazas que hizo…
en su momento dije que iba a ser la chispa que
incendiaría México. Lo obligamos a negociar lo que
denominamos un Acuerdo Nacional para el Campo, que es un
conjunto de 282 artículos que contienen compromisos y
definiciones de políticas y de desarrollo. Un decreto
que tiene rango de ley por haber sido suscrito por el
Ejecutivo, avalado por el Congreso y 24 organizaciones
campesinas.
-¿Cuál es
la situación actual de los indígenas en México?
-Los derechos
indígenas en México están pendientes. En el último
gobierno del PRI, en el diálogo realizado entre el
Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN),
y el gobierno federal a través de una ley de concordia y
pacificación que obliga a las partes a dialogar y a un
cese al fuego, se establecieron los acuerdos de San
Andrés. El gobierno tenía la obligación de darle a esos
acuerdos un rango de ley. Sin embargo, esta iniciativa
fue incompleta porque los partidos Acción Nacional (AN)
y el PRI, se opusieron a plasmar en ley los
acuerdos que eran un conjunto de normas que protegen los
derechos y cultura indígenas y daban autonomía en sus
territorios originarios. Esto no se plasmó cabalmente en
la Ley de Derechos y Cultura Indígena, y se mantiene
latente porque lo que se aprobó no fue lo aceptado por
las organizaciones indígenas. Entonces, la marginación,
la incomunicación de los pueblos y nacionalidades
indígenas se mantiene. Si acaso paleado por políticas
específicas de inversión, en infraestructura, caminos,
escuelas y salud, pero el problema fundamental de la
autonomía e independencia no se ha resuelto todavía. Y
eso mantiene latente un conjunto de problemas. El
diálogo social no ha sido muy fructífero. Es un asunto
de justicia el que los pueblos indígenas cuenten con
políticas que permitan su desarrollo y se respeten sus
derechos. Son indígenas 14 millones de mexicanos y
siguen siendo los más pobres entre los pobres.
Arnaldo Pérez Guerra
Convenio La Insignia
/ Rel-UITA
26 de octubre de
2006