|
Chile
Chile es uno de los
países con más tratados de libre comercio en el mundo y
proyecta una imagen internacional llena de vigor económico,
con bajos índices de corrupción y con una estrategia de
desarrollo exitoso. Sin embargo, el "jaguar" sudamericano,
como llamaron a Chile hace unos años, esconde detrás de este
espejismo de éxito una serie de conflictos sociales que
sigue sin resolver, como por ejemplo, la situación de
vulnerabilidad de los trabajadores.
De hecho, en la misma semana en que Chile anunció la firma
de los TLC con China y Perú, el Tribunal Constitucional vetó
uno de los principales artículos de la nueva Ley de
Subcontratación que se discutió hace meses en el Parlamento.
O sea, mientras el Gobierno de Michelle Bachelet festejaba
por los acuerdos comerciales, los trabajadores nuevamente
sufrían una derrota en la lucha por sus derechos. Y es así
como funciona la economía chilena, simplemente,
privilegiando al capital y a la gran empresa, menospreciando
la fuerza laboral.
La Ley de Subcontratación será promulgada próximamente y
representa un avance en una materia donde los trabajadores
han sufrido prácticas que vulneran su dignidad y sus
derechos durante décadas. No se les pagan sus imposiciones
previsionales, trabajan sin contratos y en actividades para
las cuales no están capacitados. Por eso, la nueva normativa
intenta regular esta situación que es extensiva en todas las
actividades productivas.
Así lo demostró la Encuesta de Empleadores (ENCLA) de 2002,
que indicó que más de la mitad de las compañías afirman
haber recurrido a terceros para adquirir personal de trabajo
y que, lejos de ser una práctica poco utilizada, irá
creciendo en los próximos años. La llamada gran empresa
tiene la mayor proporción de contratos bajo este régimen,
alcanzando a las tres cuartas partes de su mano de obra,
mientras que la microempresa tiene un personal subcontratado
inferior al 30%. Esto demuestra que entre mayores sean las
ganancias brutas del negocio, existe más desigualdad y
desregularización en el mercado laboral.
El sector con mayor cantidad de problemas es la agricultura
con un 76,4% de mano de obra subcontratada. Sin embargo, el
panorama es peor cuando se agrega el irregular sistema de
temporeros y la marcada desprotección que sufre el
trabajador, por ejemplo, estar expuesto a los distintos
plaguicidas que se usan.
En definitiva, la gran empresa -que genera apenas el 20% de
los puestos de trabajo- es la que más recurre a la
externalización de mano de obra. Por esta razón, la nueva
ley pretendía establecer una relación solidaria entre la
empresa contratista y la subcontratista para proteger a los
trabajadores en el caso del no pago de sus derechos. Sin
embargo, la UDI y RN, los dos partidos políticos de derecha
que conforman la Alianza por Chile, impugnaron este artículo
ante el Tribunal Constitucional, que finalmente lo vetó.
Mientras el senador UDI Pablo Longueira se reunía con la
directiva de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) para
ofrecer talleres de capacitación en liderazgo sindical,
rechazaba junto al senador derechista Andrés Allamand un
artículo de vital importancia para la protección de los
trabajadores. Así, la Alianza por Chile resguarda a los
grandes conglomerados económicos y deja en el total
desamparo a los trabajadores, demostrando nuevamente qué
intereses defiende la derecha.
Marcel Claude*
Convenio Rel-UITA / La Insignia
1 de setiembre de 2006.
* Marcel Claude
es economista y director de Oceana.
Volver
a Portada
|
