El Salvador

Trabajo Infantil en las plantaciones

de caña de azúcar

 

Las empresas extranjeras usan el producto final

del trabajo infantil peligroso

Las empresas que compran azúcar de El Salvador, entre ellas The Coca-Cola Company, están usando el producto de un trabajo infantil que es tanto peligroso como generalizado, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy.

 

La zafra requiere que los niños usen machetes y otros cuchillos afilados para cortar la caña de azúcar y arrancar las hojas de los tallos, un trabajo que realizan hasta nueve horas al día bajo un sol abrasador. Casi todos los niños entrevistados por Human Rights Watch para su informe de 139 páginas, "Oídos sordos: Trabajo infantil peligroso en el cultivo de caña de azúcar en El Salvador", dijeron que habían sufrido tajos en las manos o las piernas cortando caña. Estos riesgos hicieron que un ex inspector de trabajo calificara la caña de azúcar como una de las formas más peligrosas de trabajo agrícola.

 El trabajo infantil es rampante en las plantaciones de caña de azúcar de El Salvador. Las empresas que compran o usan azúcar salvadoreño deben darse cuenta de esta situación y asumir la responsabilidad de hacer algo para corregirla.

Michael Bochenek, consejero de la División de Derechos del Niño de Human Rights Watch

"El trabajo infantil es rampante en las plantaciones de caña de azúcar de El Salvador", dijo Michael Bochenek, consejero de la División de Derechos del Niño de Human Rights Watch. "Las empresas que compran o usan azúcar salvadoreño deben darse cuenta de esta situación y asumir la responsabilidad de hacer algo para corregirla".

Hasta un tercio de los trabajadores de las plantaciones de azúcar de El Salvador son menores de 18 años, muchos de los cuales empezaron a trabajar en los campos cuando tenían entre 8 y 13 años. La Organización Internacional del Trabajo estima que al menos 5.000 y hasta 30.000 menores de 18 años trabajan en las plantaciones de azúcar salvadoreñas. El Salvador establece una edad mínima de 18 años para el empleo en tareas peligrosas y de 14 años para la mayoría de las demás formas de trabajo.

Con frecuencia, no se dispone de atención médica en las plantaciones, y los niños tienen que pagar frecuentemente el costo de su tratamiento médico. Sus empleadores no se lo reembolsan, a pesar de una disposición del Código de Trabajo de El Salvador que los hace responsables de los gastos médicos derivados de riesgos laborales.

Los ingenios azucareros de El Salvador y las empresas que compran o usan azúcar salvadoreño saben o deberían saber que este azúcar es en parte producto del trabajo infantil. Por ejemplo, Coca-Cola Co. usa azúcar salvadoreño en sus bebidas embotelladas para el consumo doméstico en El Salvador. El embotellador local de la compañía compra azúcar refinado al ingenio más grande de El Salvador, Central Izalco. Al menos cuatro de las plantaciones que suministran caña de azúcar a Central Izalco utilizan regularmente mano de obra infantil, como descubrió Human Rights Watch en las entrevistas con trabajadores.

Cuando Human Rights Watch planteó esta información a Coca-Cola Co., el fabricante de sodas no contradijo estas conclusiones. Coca-Cola Co. tiene un código de conducta para sus proveedores, conocido como "Principios Rectores para Proveedores de The Coca-Cola Company", pero ésto se limita a cubrir a los proveedores directos, lo que incluye a los ingenios azucareros pero excluye a las plantaciones. Los principios rectores disponen, por ejemplo, que los proveedores directos de Coca-Cola Co. "no utilizarán trabajo de menores de acuerdo a la definición del mismo por las leyes locales", pero no se ocupan de la responsabilidad de sus proveedores directos de garantizar que sus propios proveedores no utilizan trabajo infantil peligroso.

"Si Coca-Cola se toma en serio evitar la complicidad en el uso de trabajo infantil peligroso, la compañía debe reconocer que su responsabilidad de asegurar el respeto por los derechos humanos se extiende más allá de sus proveedores directos", dijo Bochenek.

Además, los niños que trabajan en plantaciones de caña de azúcar suelen perder varias semanas o meses de escuela. Por ejemplo, una maestra de una comunidad rural al norte de San Salvador, la capital del país, estimaba que alrededor del 20 por ciento de su clase no asistía a la escuela durante la zafra. Otros niños abandonaban totalmente los estudios. Algunos niños que asisten a la escuela se ven abocados al trabajo peligroso porque es la única manera de que sus familias puedan costearse su educación.

El Salvador es uno de los cinco países de América Latina que participan en un Programa de Duración Determinada de la Organización Internacional del Trabajo, una iniciativa para erradicar las peores formas de trabajo infantil. Pero los funcionarios del Ministerio de Trabajo de El Salvador dijeron a Human Rights Watch que la mayoría de los niños que cortan caña son simplemente "ayudantes" de sus padres.

Human Rights Watch pidió a la nueva Unidad para la Erradicación de las Peores Formas de Trabajo Infantil del Ministerio de Trabajo que colabore con otros organismos gubernamentales, especialmente el Ministerio de Educación y el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia, para desarrollar programas de formación profesional y otras iniciativas para ofrecer a los niños y a sus familias alternativas al trabajo infantil. Human Rights Watch también instó al Ministerio de Educación a que prosiga con sus iniciativas para eliminar las tasas escolares ilegales y reducir los costos indirectos de recibir una educación básica.

Además, Human Rights Watch instó a los ingenios azucareros salvadoreños, Coca-Cola Co. y otras empresas que compran azúcar salvadoreño a que incorporen normas internacionales en sus relaciones contractuales con proveedores y les exijan que hagan lo mismo en toda su cadena de suministro. También deben adoptar sistemas efectivos de control para verificar que las condiciones laborales en las plantaciones de caña de sus proveedores son compatibles con las normas internacionales.

 

Human Rights Watch

10 de junio de 2004

 

  

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