Bolivia
Movilización social y política
del gas
en Bolivia |
Bolivia
es una nación gravemente endeudada que requiere
desesperadamente un impulso para lanzar su desarrollo
económico. Sus enormes yacimientos de gas natural
pueden ser un aporte clave si es aprovechado de forma
inteligente, y el país se apronta para el referéndum
del 18 de julio donde se decidirán aspectos claves
sobre el manejo de ese recurso.
El problema
sigue siendo cómo lograr que ese aprovechamiento permita el
mayor beneficio para los bolivianos. Ese tipo de
interrogantes fueron uno de los factores relevantes en las
movilizaciones ciudadanas de septiembre y octubre de 2003,
que terminaron con varios enfrentamientos de gravedad, la
muerte de 78 personas, muchos heridos y la renuncia del
presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. El entonces
vicepresidente Carlos Mesa finalmente asumió la primera
magistratura el 17 de octubre, en una peligrosa situación de
inestabilidad política, causada por la baja credibilidad y
legitimidad generada por el gobierno anterior por su
criticada política del gas.
¿Cómo puede una
medida, que muchos especialistas consideran una simple
cuestión técnica, causar tantas movilizaciones sociales? Los
hechos recientes demuestran que la política nacional de gas
estuvo, y todavía está, fuertemente vinculada con demandas
sociales y políticas. El debate sobre el gas tiene tanto una
dimensión social como una política. Apelando a esos nexos, e
incluso reforzándolos, varios líderes sociales han podido
movilizar distintos sectores da la sociedad civil usando un
discurso del fracaso del paradigma neoliberal sobre el
desarrollo, otro sobre el "neocolonialismo", mientras que
algunos apelan al nacionalismo.
Primero, los
cuestionamientos sobre el mejor aprovechamiento del gas se
articularon en una discusión ideológica sobre el paradigma
neoliberal, aplicado en Bolivia desde 1985. Las reformas
estructurales de sesgo neoliberal recomendadas por el
"Consenso de Washington", apenas lograron una reducción
global de un punto porcentual en la incidencia de la pobreza
y en general los resultados se quedaron atrás de los
expectativas (1).
Esa mala
experiencia fue utilizada por los líderes sociales para
criticar la propuesta del gobierno Sánchez de Lozada de una
política nacional de gas con sentido neoliberal, apelando a
la privatización y la reducción de los impuestos y regalías,
y priorizando la exportación del energético en vez de su
industrialización en el país. Evo Morales del MAS
(Movimiento al Socialismo), Felipe Quispe del MIP
(Movimiento Inca Pachacuti), y los líderes sindicales,
exigían el retorno a un nuevo papel interventor del Estado
en la economía y una mirada hacia el mercado interno:
promovieron la nacionalización de los hidrocarburos, la
industrialización del gas y el rechazo total de su
exportación como simple materia prima. Además reclamaron el
incremento de las regalías e impuestos de la venta del gas.
También exigieron la realización de un referéndum vinculante
que permita decidir a toda la población sobre el
aprovechamiento del gas, junto a la convocatoria de una
Asamblea Constituyente.
La demanda de un
referéndum como instrumento de democracia directa y de una
Asamblea Constituyente, que promete una reforma más profunda
del sistema político, demuestra la fuerte vinculación del
asunto del gas con los asuntos políticos, especialmente con
la reclamación de mayor participación popular en decisiones
políticas nacionales. La incorporación de esas demandas en
la agenda del poder ejecutivo de Carlos Mesa demuestra que
la insurgencia básicamente indígena-campesina en Bolivia es
una de las recientes revoluciones en América Latina en
contra de las políticas neoliberales del Consenso de
Washington, que ha logrado cierto éxito en la medida que
consiguió iniciar un proceso de cambio en el paradigma
económico y político.
En segundo lugar,
el gas reveló otra vez el conflicto profundo entre
básicamente dos grupos sociales dominantes en Bolivia: la
"oligarquía conservadora boliviana" o "criollos",
representados por sus partidos tradicionales, y los
indígenas, que forman casi un 70% de la población y cuya
representación política está en los movimientos sociales.
Pero aunque sean la mayoría, representan una minoría en las
posiciones claves de la sociedad, por lo cual reclaman un
Estado interventor que fortalezca su representación política
y social y que delimite el poder de los criollos.
En el contexto de
este conflicto entre grupos sociales el gas se convirtió en
el símbolo de la explotación de la tierra y de su gente a lo
largo de siglos: ni la plata, ni el oro, ni el estaño
sirvieron para modernizar el país e impulsar su desarrollo,
superando así desigualdades sociales y económicas (2). Todo
lo contrario: se enriqueció aun más la elite criolla
reinante en la república, mientras fueron los indios quienes
murieron en las minas bajo pésimas condiciones de trabajo.
En este simbolismo, la empresa transnacional se asemeja al
conquistador, y sus actividades de explotación y la posible
exportación se parece al "robo" de las minas durante el
período de la colonia, dando como resultado que el
"extranjero", el "conquistador", gana todo a costa de los
bolivianos, quienes pierden sus recursos y se empobrecerán
aún más, habida cuenta de que la economía de extracción no
deja nada productivo sino sólo destrucción.
En este sentido, la
política nacional de la explotación de gas en los términos
planteados por la administración Sanchez de Lozada tan sólo
era una réplica de estructuras y procesos coloniales y
supresión de los indios por los criollos, una opresión a la
que son sometidos como resultado del neocolonialismo. Ese
neocolonialismo también se expresa en la
transnacionalizacion de la economía y en una paradójica
igualdad formal legal que es desigualdad social en la
realidad cotidiana del país (3).
El caso del campo
gasífero Margarita ilustra el neocolonialismo percibido por
los movimientos sociales: mientras algunos pocos se están
enriqueciendo con la explotación del gas, como los grupos
oligárquicos intermediarios del negocio, las comunidades
indígenas locales, guaraníes, siguen sufriendo de
desnutrición y el índice del desarrollo humano de sus
municipios (4) es - también en comparación con otros
municipios bolivianos- bajo (0,569).
La realidad del
campo Margarita es también un caso que ilustra la debilidad
del Estado: "Las normas (los contratos con los empresas) no
están bien hechas, hay que cambiar eso sin castigar
demasiado a la empresa de forma que el proceso de
exportación no se vuelva inviable" sostenía un jerarca
gubernamental dejando en claro la debilidad estatal (5). Esa
capitulación ante intereses privados productivos es
solamente un ejemplo de la debilidad estatal que facilita el
"saqueo" de los recursos naturales: el Estado débil no puede
insistir en la redistribución de recursos en beneficio a los
pobres, el Estado débil fortalece los fuertes y el Estado de
Derecho se convierte en la ley del más fuerte. Ese es uno de
los factores que explica el protagonismo de los movimientos
sociales por un Estado interventor y la demanda por más
participación popular.
Finalmente, ciertos
grupos sociales, distintos a las elites, también buscan
protagonismo y ventajas sectoriales con el tema del gas, de
la misma manera que lo hace la elite política tradicional
que está infiltrado por normas de orientación y hábitos
sociales tradicionales, que son, esencialmente anti-pluralistas.
En estos discursos, el gas está instrumentalizado por los
líderes de los movimientos sociales para acumular poder y
poder demostrar que se cuenta con ese poder. A fin de
justificar sus posiciones, especialmente los sindicalistas,
usan un difuso nacionalismo en combinación con populismo, en
contra de una política neoliberal respecto del gas. Se
reduce el complejo tema de la explotación del gas a una
oposición blanco-negro. En un país tan divido como Bolivia,
el nacionalismo siempre sirve a los populistas para unir la
población a corto plazo. Pero estas simplificaciones y el
populismos son peligrosos para una democracia, porque abren
aún más el camino para actitudes antidemocráticas que pueden
afectar a una buena causa que originalmente incitó a los
movimientos sociales a su "guerra del gas". Además, junto
con ese discurso viene a menudo cierta xenofobia, la
violación de los derechos de otros y la reproducción del
autoritarismo y violencia; por ejemplo, acciones contra
jerarcas del gobierno o disciplinamiento interno de las
bases sindicales con represalias contra aquellos que no
participan (6). Por cierto que la elite hace otro tanto, y
replica, por ejemplo, que "quien impide exportar gas
desencadena la pobreza".
Por lo tanto, del
mismo modo en que reina la injusticia y el caudillismo en el
aparato estatal, otros tantos ejemplos se repiten en
sectores de la sociedad civil; así como las autoridades
estatales pierden su legitimidad en tomar actitudes
antidemocráticas, lo hacen también algunos elementos de la
sociedad civil que aplican estrategias y un discurso
destinado a crear un ambiente de enfrentamiento y convulsión
en vez de negociación y consenso. El analista político
Carlos Toranzo describió este fenómeno en cierta oportunidad
como un autoritarismo predominante en ambos sectores de la
sociedad, donde el autoritarismo dentro del Estado ganaría
legitimidad y se fortalecería cuanto más se expresara el
autoritarismo en sectores de la sociedad civil, y viceversa.
Es un circulo vicioso del cual parece difícil encontrar una
salida democrática.
Aunque se abrió una
nueva etapa en la política boliviana con un frágil proceso
de reconciliación social, el gobierno está amenazado por
"restos de la insurrección no consumados" (7) que parecen
convertir el referéndum sobre el gas que se llevará a cabo
el 18 de julio, en un plebiscito sobre el futuro de la
sociedad. Si el día después del referéndum marca el inicio
de una profunda democratización del país, los campos
gasíferos y petroleros serán realmente una doble bendición
para Bolivia: la esperanza de un desarrollo económico
exitoso mano a mano con un profundo cambio políticosocial de
la sociedad boliviana y sus instituciones. Si después de esa
fecha clave algunos sectores de la sociedad boliviana no
reconocen el voto popular, una vez más se dirá que la
compleja circunstancia boliviana no es fácil de superar.
Sanna Stockstrom (*)
Convenio La Insignia / Rel-UITA
14 de julio de 2004
Notas
1. PNUD (2002): Informe de Desarrollo Humano en Bolivia, La
Paz: Plural.]
2. Irving Alzaraz (2001): Bolivia Hora Cero, La Paz: Plural,
2da edición.
3. Ver las investigaciones históricas realizados por F.
Hylton, F. Patzi, S.Serulnikov y S. Thomson (2003): Ya es
otro tiempo el presente. Cuatro momentos de insurgencia
indígena, La Paz: Muela del Diablo Editores.
4. "Derecho indígena vs. Petroleras. Donde hay
hidrocarburos, hay indígenas...campo Margarita", Pulso
reportajes, 7-13 Mayo, pág. 2-3, 2004.
5. "Falta normativa y planificación del Estado". Entrevista
con Carlos Valenzuela, Pulso, 7-13 Mayo, pág. 6-7, 2004.
6. El ejemplo más reciente es el de los bloqueos por
Tiahuanacu, una ciudad turística cerca de La Paz; "Tiahuanacu,
a regañadientes", Pulso, 11-17 Junio, no. 251, pág. 15,
2004.
7. Editorial "Los conflictos paralizan a Mesa", Pulso, 4-10
de Junio, no. 250, pág. 7, 2004.
* S. Stockstrom es analista de información de D3E
(Desarrollo, Economía, Ecología, Equidad América Latina)
residente en La Paz (Bolivia)
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