Entre diciembre del año
pasado y lo que va de febrero de
2007, el gobierno de Evo Morales
atraviesa por el período más
difícil de su gestión,
caracterizado por una
intensificación de demandas y
movilizaciones que lo vienen
obligando a retroceder y
readecuar algunas decisiones
vinculadas, por ejemplo, con la
refundación de Yacimientos
Petrolíferos Fiscales Bolivianos
YPFB y con el incremento
impositivo a las actividades
mineras.
Los partidos tradicionales, por lo menos en forma directa, no
han tenido protagonismo en los
últimos sucesos y se mantienen
atrincherados en sus consignas
relacionadas con las autonomías,
el sistema de votación en la
Asamblea Constituyente y la
movilización mediática por la
presencia de un asesor
extranjero en la presidencia de
la República.
Claramente se aprecian dos escenarios paralelos en la
oposición al gobierno. El
primero proviene de la oposición
oficial a cargo de los partidos
tradicionales, acompañados por
algunas prefecturas y comités
cívicos. El segundo se concentra
en otros actores como el Comité
Cívico de Camiri y
organizaciones de carácter
económico corporativo como la
Federación de Cooperativas
Mineras.
¿Nueva oposición?
El caso de Camiri en particular estaría representando
a una oposición de izquierda
radical que busca enrostrar al
gobierno un carácter “no
revolucionario” planteando
exigencias de expropiación que,
ciertamente no figuran en el
diseño de la nacionalización
impulsada por el Movimiento al
Socialismo -MAS-. “No hay
nacionalización mientras no se
expropia, que el Gobierno no se
equivoque al intentar convencer
a la población de algo que no
tiene el nombre de
nacionalización” afirmó el
vicepresidente del Comité de
Huelga camireño.
Lo expuesto no resulta nuevo en los procesos sociales que ha
vivido Latinoamérica y,
guardando las distancias, tiene
semejanzas con lo que ocurrió en
Bolivia misma durante el
gobierno de la UDP y en
el Perú -casi cuarenta
años atrás-, cuando el gobierno
de Velasco Alvarado
enfrentaba la tenaz oposición de
la oligarquía, mientras la
mayoría de las organizaciones de
izquierda radical lo calificaban
como reformista burgués.
Ciertamente el gobierno boliviano tuvo que negociar con la
dirigencia radical de Camiri,
respaldada por el pueblo, y
conceder las principales
demandas contenidas en su pliego
de reclamos. La situación de
bloqueo de la vía troncal de
Santa Cruz hacia Argentina
y la toma de las instalaciones
de una transnacional, así lo
exigía. Consecuentemente el
nuevo actor social se ha
empoderado y, es pertinente
manejar como hipótesis, la
existencia de una voluntad que
la lleve a tratar de superar su
horizonte local y convertirse en
fuerza política.
Claro que resulta difícil prever las proyecciones de la
hipótesis enunciada, empero lo
que habrían sido iniciativas de
personalidades que se integraron
y aportaron contenido político a
las reivindicaciones económicas,
podrían significar un polo de
atracción a otros sectores
radicales para el ensayo de
iniciativas similares.
En dicho camino, la Federación de Cooperativistas Mineros se
encargó de plantearle otro gran
desafío al gobierno del MAS.
Las cooperativas mineras
surgieron como resultado de la
política de ajuste estructural
que provocó el cierre de la
minería estatal boliviana y la
desocupación de decenas de miles
de trabajadores que hasta
entonces trabajaban en
COMIBOL. El abandono de las
minas motivó el inicio de
actividades artesanales de
explotación y la posterior
formación de cooperativas que,
con el paso de los años y el
incremento del precio
internacional de los minerales,
se han convertido en la mayoría
de los casos en empresas
rentables que a la vez cuentan
con una amplia masa de
asalariados.
Los cooperativistas mineros apoyaron al MAS y fueron
uno de sus baluartes en la
campaña electoral, pero hace
unos meses se distanciaron
cuando Evo Morales cambió
al Ministro de Minería que
provenía de sus canteras, a raíz
de un intento de toma de una
mina con un saldo lamentable de
fallecidos.
Pero ahora, cuando el gobierno busca ampliar sus ingresos
colocando un impuesto
complementario a la minería, los
cooperativistas han vuelto a
tomar el centro de la ciudad de
La Paz. No hay acuerdo respecto
a la cantidad de movilizados,
todo indica que son más de diez
mil que, premunidos de cartuchos
de dinamita, han obligado al
gobierno a negociar.
En un ambiente extremadamente tenso, la negociación al
momento de redactar esta nota-
está en curso encabezada por el
presidente de la República. Los
amagos de enfrentamiento con la
policía se mantienen y lo más
probable y deseable es que se
llegue a un acuerdo; pero,
cualquiera sea su resultado, las
implicancias para la gestión
gubernamental serán de un costo
muy sensible y lo obligarán a
rediseñar sus estrategias de
relacionamiento social y
político.
Cabe la posibilidad futura de un “encuentro” político entre
cooperativistas mineros, cívicos
camireños y otros sectores
radicales, pero -por el momento-
esto no pasa de una
especulación.
Desde el balcón
Los partidos tradicionales, luego de haber desembarcado al
MAS de la presidencia de la
Cámara de Senadores, observan
-con placer disimulado y forzada
seriedad- los aprietos del
gobierno. Algunos voceros no han
vacilado en afirmar que “todo
esto es problema del MAS”
y que “ahora los movimientos
sociales le están pasando la
factura”, olvidando -a decir de
voceros del gobierno y
observadores independientes- que
fueron sus organizaciones
políticas las que impulsaron las
medidas de destrucción de la
minería.
En la Asamblea Constituyente el acuerdo está a punto de
surgir y es notorio que la
oposición no constituye un grupo
sólido, inclusive se menciona un
“desmarque” de algunos
integrantes de la agrupación
PODEMOS.
Es de esperar que una vez superado el conflicto con los
cooperativistas, esta oposición
intente recuperar su
protagonismo, pero será muy
difícil que logre impulsar
movilizaciones como las que se
han evidenciado en las últimas
semanas. Lo más probable es que
continúe restringida a sus
escenarios regionales.
Algunos rasgos para comprender
las estrategias en curso
a) La oportunidad: eventos internacionales como la Cumbre de
Presidentes en Cochabamba
y la coincidencia del
aniversario del gobierno del
MAS, pretendieron ser
utilizados por las fuerzas
impulsoras de las demandas para
dotarlas de mayor resonancia.
b) La focalización: aunque la lectura internacional suele
presentar los conflictos como
impactando a toda Bolivia,
la realidad sigue demostrando
que todavía no alcanzan una
dimensión nacional. Salvo la
inconclusa determinación del
reglamento de la Asamblea
Constituyente, la totalidad de
las tensiones continúan
involucrando territorialmente a
actores locales o regionales,
como en el caso de Cochabamba,
Camiri y los
cooperativistas mineros o
funcionalmente como sucedió con
las fuerzas políticas de
oposición, para las elecciones
de la directiva del Senado.
c) La rearticulación de la oposición: el mayor logro fue
alcanzado en la Cámara de
Senadores en la cual un acuerdo
entre Poder Democrático Social,
Movimiento Nacionalista
Revolucionario y Unidad
Nacional, permitió que el único
senador de esta fuerza política
ocupara la presidencia
desplazando al candidato del
MAS.
d) La movilización social directa contra la oposición:
Cochabamba con éxito relativo y
El Alto, con limitaciones
lindantes en el fracaso, fueron
los contextos en los cuales los
movimientos sociales decidieron
enfrentar abiertamente a los
prefectos alineados en la
corriente autonomista liderada
por el Comité Cívico de Santa
Cruz.
e) El surgimiento de la oposición de izquierda radical: los
sectores radicales de izquierda
que hasta el momento habían
permanecido en una situación
casi marginal han logrado, por
primera vez, un protagonismo
activo liderando políticamente
las demandas del pueblo de
Camiri que -luego de ocho
días de paralización y bloqueo
de la vía troncal que une Santa
Cruz con Argentina- han
sido aceptadas en lo fundamental
por el gobierno.
f) El reiterado efecto mediático. La mayoría de los medios de
comunicación continúan
ejerciendo su influencia que los
convierte en voceros exitosos de
la oposición.
José Pinto
ALAI
8 de febrero de
2007