Las calles de la urbe paceña aparecieron hoy prácticamente
vacías y sus habitantes asistieron a los tradicionales
oficios religiosos, que permitieron un receso de las
manifestaciones de los campesinos y obreros que desde el
lunes exigen una Asamblea Constituyente y la nacionalización
de los hidrocarburos.
Pese a esta tregua, las fuerzas del orden siguen en alerta,
confirmó hoy el jefe departamental de la policía de La Paz,
Hernán Jaimes.
La localidad de El Alto, vecina de La Paz, marcó la nota
discordante con bloqueos esporádicos de las vías hacia el
resto del país y la huelga general convocada por los
sindicatos, que se cumple de forma desigual por parte de los
distintos sectores productivos.
Según el comandante general de la Policía boliviana, David
Aramayo, los bloqueos persisten en las carreteras que unen
La Paz con Desaguadero y con Copacabana, en ambos casos
rutas que conectan la urbe paceña con la frontera peruana a
orillas del lago Titicaca.
La vía que va desde La Paz a Oruro, que lleva al centro y
oriente de Bolivia, también está bloqueada en un tramo de
unos 100 kilómetros, agregó Aramayo.
"Estamos atentos a todo lo que pueda suceder", manifestó el
jefe de Policía de La Paz, después de que se confirmara el
abastecimiento de los surtidores de gasolina de esta ciudad,
que desde hace días se mantenían con las reservas.
Así vivieron hoy los bolivianos una jornada caracterizada
también por la resaca de la amenaza sediciosa del pasado
miércoles, cuando dos tenientes coroneles en activo
realizaron un pronunciamiento a través de televisión
pidiendo la dimisión del presidente Carlos Mesa.
Los oficiales Julio Herrera y Julio César Galindo, con un
oscuro pasado delictivo, no han respondido aún ante sus
superiores pese a que las Fuerzas Armadas anunciaron
sanciones contra ellos y apoyaron, inmediatamente y sin
reservas, al Gobierno.
Además de pedir la renuncia del presidente Mesa, los
militares díscolos se ofrecieron para dirigir un gobierno
cívico-militar, animaron a los bolivianos a seguir en las
calles para conseguir la nacionalización de los
hidrocarburos y la clausura del Congreso, lo que desbordó la
incertidumbre y los temores a un golpe de Estado.
En contra de lo esperado por los oficiales rebeldes, estos
hechos favorecieron que los líderes sindicales relajaran sus
discursos y unieran sus voces en favor de la democracia y la
institucionalidad.
Todo esto suavizó la crisis, dominada especialmente por la
petición popular de una Asamblea Constituyente encargada de
redactar una nueva Carta Magna y por las inquietudes
autonomistas de algunos departamentos, como la rica y
próspera Santa Cruz.
El Congreso reiniciará su actividad el próximo martes, para
cuando se prevé un aumento de la temperatura política y
social con el regreso de los campesinos y obreros a las
calles dispuestos a presionar al Legislativo para que de luz
verde a la Ley que permita convocar la Asamblea
Constituyente.
El ministro de la Presidencia, José Antonio Galindo,
confirmó hoy que el Ejecutivo ha iniciado contactos con los
líderes sociales con el propósito de alcanzar un acuerdo
nacional.
El analista político y ex congresista Roger Cortés manifestó
a EFE que "la tendencia es que el conflicto se vaya
disolviendo y se logre un acuerdo" y agregó que "un golpe de
Estado es impensable".
Cortés recordó que tanto las Fuerzas Armadas como el
Movimiento Al Socialismo (MAS), uno de los convocantes de
las protestas y liderado por el controvertido diputado y
dirigente cocalero Evo Morales, "se han plegado a las
consignas democráticas".
Consideró también que mañana viernes podrían resurgir
algunas protestas, pero la proximidad del fin de semana
indica que se mantendrá la tregua hasta el martes, día clave
para el Congreso y también para los solicitantes de las
reformas.
