La tragedia de Guatemala llega al extremo de que uno de sus poblados, Panabaj no sólo fue declarado inhabitable sino que se considera un camposanto. Las labores de rescate fueron abandonadas en ese sitio. Los habitantes del lugar, que se calcula en más de 1,400 personas, fueron enterrados por un alud de lodo y piedras, quedando así sepultada su miseria, sin lápidas ni epitafios.

Con este desastre, el estado guatemalteco evidencia su debilidad. No tiene la capacidad de regular el dios mercado para hacerlo menos inhumano, ni logra convencer a los todopoderosos empresarios y propietarios de todos los bienes para hacer las adecuaciones tributarias que permita una aceptable redistribución de la riqueza y por lo tanto se debe conformar con administrar despojos y testimoniar tragedias.

La concentración de la propiedad y de la tierra en pocas manos, el 2% concentra el 72% de la tierra, según cifras de organismos internacionales, provoca que el 57% de la población se encuentre en estado de pobreza y el 21% en estado de extrema pobreza. Guatemala es el país más desigual de América Latina.

Es decir, que de los 12 millones de habitantes de este país "del paisaje", casi 7 millones sólo cuentan con 2 dólares diarios para sobrevivir. Es obvio que familias en estas condiciones, no pueden habitar en lugares seguros, carecen de techos dignos, además de que están excluidos de los servicios básicos o sea, no tienen futuro.

El estado y la sociedad guatemalteca enfrentan un gran reto: o permite que esta injusticia y desigualdad se eternice o toma acciones urgentes para que la reconstrucción del país no se edifique sobre las mismas bases de exclusión y discriminación. La solidaridad de amplios sectores, muy generosa por cierto y la caridad no son la solución para construir un país que erradique este aberrante sistema que agrede la dignidad de todos los seres humanos.

No es casual que siempre son los sectores vulnerables, los pobres, los marginados, los indígenas, los habitantes de áreas rurales, de zonas marginales, los que se ven groseramente afectados con los fenómenos naturales. Su vida en un país como éste es un desastre y su muerte solo cierra este ciclo ante la indiferencia de quienes tienen en sus manos corregir tan secular situación.

Ni la readecuación del presupuesto anunciada por el gobierno, ni los millones de dólares y euros ofrecidos por la comunidad internacional son la solución para evitar que los fenómenos naturales arrebaten vidas de niños, mujeres, ancianos, y hombres pobres que tienen sobre sus espaldas siglos de indiferencia e infelicidad. El deber del gobierno es reencauzar las políticas públicas y la estructura tributaria para empezar a garantizar la redistribución de la riqueza aunque tenga que enfrentar a los sectores económicos. La responsabilidad social de los empresarios está a prueba.

Las cifras de más de 600 muertos y 1000 desaparecidos son una espina metida en el corazón de quienes tengan algo de sensibilidad social. Los afectados hoy son las víctimas constantes de la injusticia. Son esa mitad de la población guatemalteca que exige y merece una vida digna, con respeto a los derechos inherentes a todos los seres humanos.

Lo demás, es demagogia.

Ileana Alamilla

Agencia Latinoamericana de Información – ALAI

17 de octubre de 2005