Ya está ampliamente demostrado. Según ha admitido el propio Senado de Estados Unidos, entre 1970 y 1974 la Agencia Central de Inteligencia (CIA) invirtió por lo menos 7 millones de dólares para promover y justificar el derrocamiento del presidente constitucional de Chile, Salvador Allende.

 

El hecho fue reconocido en 1975 por una comisión especial de Estados Unidos que investigó el tema. Dicho organismo -denominado Comisión Church, por el apellido del senador que lo presidió-, redactó un informe sobre la base de testimonios de diversos funcionarios oficiales estadounidenses y agentes de la CIA. De acuerdo a ese documento, partidos políticos, grupos y medios de comunicación chilenos recibieron cuantiosas sumas de dinero.

 

Al referirse a las elecciones de 1970, la Comisión hace mención a una campaña de descrédito para evitar que Allende ganara las elecciones de ese año.

 

Funcionarios de la CIA se reunieron varias veces, en julio, con funcionarios de la Internacional Telegraf and Telephone (ITT). La CIA rechazó una propuesta de la ITT de servir de correo para hacerle llegar fondos a Jorge Alessandri -ex presidente y candidato de la derecha-, pero asesoró sobre la forma de hacerlo.

 

Unos 500.000 dólares de la ITT fueron transferidos a Alessandri: 250.000 para su propia campaña y otro tanto para el Partido Nacional. Otros 350.000, aproximadamente, fueron aportados por otras empresas estadounidenses.

 

El informe describe, además, el financiamiento proporcionado a grupos golpistas a mediados de 1973. El 20 de agosto, el Comité 40, de la CIA, aprobó una propuesta que otorgó un millón de dólares a los partidos de oposición y a grupos del sector privado; la entrega de fondos estaba sujeta a la aprobación del embajador en Chile, Nathaniel Davis, y del Departamento de Estado.

 

Nada de esos fondos pasó al sector privado con anterioridad al golpe militar, acaecido tres semanas después. Por entonces eran muchas las interconexiones entre los partidos políticos apoyados por la CIA, los gremios militantes y los grupos paramilitares, el más notorio de los cuales era “Patria y Libertad” (formado después de la elección de Allende, el 4 de septiembre, durante el “Track II”, plan estadounidense para promover el golpe de Estado.

 

La CIA suministró 38.000 dólares a través de un tercero a “Patria y Libertad”, con el objetivo de crear tensiones y como posible pretexto para la intervención de los militares chilenos.

 

La Comisión Church informó que la CIA invirtió grandes sumas en propaganda y apoyo a los medios de oposición al presidente Allende. Destinó un millón y medio de dólares para apoyar a “El Mercurio”, principal periódico del país y el más importante en la propaganda contra Allende. Según documentos de la CIA, esas gestiones desempeñaron un papel significativo en la preparación del escenario para el golpe militar del 11 de septiembre de 1973.

 

De esos informes surge también que “el principal proyecto de propaganda de la CIA financió un variado surtido de actividades, que incluyó varias revistas de circulación nacional y un buen número de libros y estudios especiales, así como materiales de la agencia para no incluir cierta información”. Se ocultó, por ejemplo, que “en 1971 la CIA comenzó a elaborar un programa de desinformación y propaganda para estimular a grupos militares golpistas a moverse fuerte y unificadamente contra el gobierno”.

 

Además, el material censurado incluía información sobre un esfuerzo a largo plazo para recolectar información operacional que sería necesaria para un golpe militar, tal como la obtención ilícita de planes para el caso de un levantamiento militar.

 

En 1971, Henry Kissinger y Richard Nixon autorizaron 3,5 millones de dólares para las intervenciones de la CIA en Chile.

 

La Comisión Church informó que la intervención estadounidense en Chile se mantuvo después del golpe con la finalidad de promover una buena imagen interna y externa de la Junta de Gobierno, presidida por Pinochet. Colaboradores de la CIA participaron en la preparación de un documento sobre un plan económico general que luego sirvió de base para las decisiones económicas más importantes de la Junta.

 

El documento del Senado estadounidense destaca que una vez inaugurado el régimen de Pinochet, Estados Unidos mantuvo el acceso a ciertos medios de comunicación para que la CIA ayudara a conseguir apoyo público al nuevo gobierno a partir de presiones ejercidas desde los medios. Se trataba de presentar a la Junta con la luz más favorable posible y de colaborar con periodistas extranjeros en la obtención de datos sobre la situación local.

Además, dos colaboradores de la CIA ayudaron a la Junta en la preparación de un Libro Blanco sobre el cambio de gobierno en Chile. Se buscaba -mediante ese libro- justificar el derrocamiento del presidente Allende y, con ese objetivo, fue distribuido ampliamente en Washington y otras capitales extranjeras.

 

La historia de las intervenciones encubiertas o públicas de Estados Unidos en la política interna de los países de América Latina merece ser revisada detalladamente. El día de reclamarle verdad, justicia y reparación histórica debe llegar más temprano que tarde.