|
Con 13 votos a favor,
uno en contra y el voto particular del magistrado-presidente Jorge Rivera
Avilés, la Corte Suprema de Justicia de Honduras (CSJ) resolvió
sorprendentemente declarar inconstitucional el decreto legislativo 283-2010, que
fue ratificado en abril de 2011, con el que los poderes ejecutivo y legislativo
pretendían reformar los artículos 304 y 329 de la Constitución y crear
las Regiones Especiales de Desarrollo (RED), popularmente conocidas como
“ciudades modelo” (charter cities).
El pleno del máximo órgano judicial emitió una resolución definitiva, después de
que los magistrados de la Sala Constitucional no habían encontrado consenso en
torno a los más de 50
recursos de inconstitucionalidad, presentados por ciudadanos particulares y
organizaciones sociales y de juristas, con el apoyo decidido de amplio sectores
de la sociedad hondureña.
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
|
| |
La decisión de los magistrados
nos llena de mucha esperanza y nos proyecta hacia nuevos y más
importantes desafíos. La movilización de la gente en todo el país ha
sido muy importante, así como la sangre que se ha derramado para
alcanzar esta meta. |
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
|
| |
“No podemos confiarnos porque
nos estamos enfrentando a los poderes que controlan el país y la
oligarquía no duerme nunca. |
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
|
Según ellos, el proyecto de las RED atentaba contra preceptos pétreos
establecidos en la Constitución, como la forma de gobierno, el territorio y la
soberanía nacional. Recientemente, el Ministerio Público había avalado esta
posición y había emitido un dictamen con el que resolvía la inconstitucionalidad
de los decretos que creaban las RED.
Ideadas y promovidas por el economista estadounidense Paul Romer, las
RED proyectan el “sueño” de grandes zonas de territorio nacional con
altísimo grado de autonomía, ofrecidas por tiempo indefinido al capital
transnacional para generar empleo.
Después de una larga lucha e intensas jornadas de movilización y recolección de
firmas en todo el territorio nacional, la decisión de los magistrados hondureños
parece enterrar de forma definitiva lo que se ha considerado un burdo intento
para paliar la grave crisis política, económica y social originada a raíz del
golpe de Estado de 2009.
“Quedamos muy sorprendido de la decisión de la corte plena, porque el poder
judicial en Honduras está fuertemente cuestionado y viene de avalar un
golpe de Estado. Sin embargo, la gente está muy entusiasmada y sentimos que se
logró evitar que Honduras se conviertiera en un Estado feudal”, dijo a
Sirel, Fredin Fúnez, miembro de la Asociación de Juristas por el
Estado de Derecho.
Según Fúnez, la farsa de las “ciudades modelo” se ha acabado. “Es un
fallo definitivo y no cabe ningún recurso. El proyecto de las RED está
muerto y enterrado, y ahora el Congreso debe mandar a publicar esta sentencia
que es de ejecución inmediata”, sentenció.
También para Alfredo López, vicepresidente de la Organización Fraternal
Negra Hondureña (OFRANEH), el fallo de la CSJ es algo inesperado e
histórico al mismo tiempo, sin embargo no hay que descuidar la lucha.
“La decisión de los magistrados nos llena de mucha esperanza y nos proyecta
hacia nuevos y más importantes desafíos. La movilización de la gente en todo el
país ha sido muy importante, así como la sangre que se ha derramado para
alcanzar esta meta.
No podemos olvidar –recordó López – que el abogado defensor de campesinos
Antonio Trejo Cabrera fue uno de los firmantes del recurso de
inconstitucionalidad contra las RED”, dijo.
Trejo fue
brutalmente asesinado la noche del 22 de septiembre por desconocidos en las
inmediaciones del aeropuerto internacional en Tegucigalpa.
El dirigente garífuna manifestó a Sirel que entre la gente hay mucha
satisfacción y esperanza, sin embargo no hay que bajar la guardia. “No
podemos confiarnos porque nos estamos enfrentando a los poderes que controlan el
país y la oligarquía no duerme nunca. Vamos a seguir trabajando para definir una
verdadera estrategia de lucha que nos lleve a la refundación del país”,
concluyó.
Mientras tanto continúa la acción legal contra el mandatario hondureño
Porfirio Lobo, el presidente del Congreso Nacional Juan Orlando Hernández y
varios diputados, quienes fueron acusados en los tribunales por el delito de
traición a la Patria.
|
