Los efectos de la globalización económica, en el marco de una nueva ola de grandes inversiones en la extracción y explotación de recursos naturales de la región, están dando lugar a una movilización sin precedentes de las comunidades locales que se enfrentan a los graves impactos sociales y ambientales de esos emprendimientos.

 

Desde el legendario lema del movimiento ecologista -"pensar globalmente, actuar localmente"- y la adhesión de las ONG ambientalistas a los valores democráticos, hasta la fórmula común hoy en los acuerdos de las organizaciones internacionales sobre medio ambiente y desarrollo, la participación local, o sea, la intervención de las comunidades en la toma de decisiones sobre las políticas y proyectos que las afectan, parece haberse consolidado.

 

Se ha consolidado, sin duda, como concepto irrefutable, pero está muy lejos de ser llevado a la práctica. Cada órgano o entidad aplica el concepto según su criterio y son pocos todavía los que se preocupan por averiguar qué creen al respecto y cómo lo harían los propios involucrados. Es más, cuando los aludidos deciden actuar por su cuenta y riesgo, en vez de ser bienvenidos, a menudo son ignorados, se busca manipularlos o son simplemente rechazados.

 

Esto se traduce concreta y dramáticamente hoy en América Latina en un número creciente de conflictos ambientales en los cuales las comunidades locales han decidido actuar. Por lo general ocurre cuando la situación es crítica (contaminación, depredación ambiental, degradación social, etcétera) y evidencia que los actores habituales y las instituciones vigentes en estas sociedades no incluyen ni están preparados para tratar al nuevo protagonista.

 

Los impactos de la globalización

 

La región latinoamericana arrastra una serie de problemas ambientales no resueltos, que cada tanto desembocan en alguna catástrofe producida por accidentes o el desborde de condiciones críticas. Los pasos dados a este respecto por los poderes públicos, las empresas y los restantes actores sociales involucrados han sido hasta ahora insuficientes. La cuestión es grave porque, en vez de disminuir o aplacarse, estos conflictos tienden a aumentar y a agudizarse.

 

La mayoría de los gobiernos de la región, incluidos algunos en donde han triunfado fuerzas de izquierda, no tienen la determinación política de cuestionar las políticas del FMI, el BID y el Banco Mundial. Asumen la globalización económica como un hecho, y por tanto que la única vía para el desarrollo nacional es la apertura, sin restricciones, al capital extranjero. Esta es la receta que facilitó hasta ahora el saqueo de la región, y hoy las características de esa inversión son peores.

 

Y es que a los problemas tradicionales o históricos, se agrega una nueva serie de inversiones interesadas en explotar las riquezas naturales de la región. Desde el boom de la minería y la expansión de la agroindustria, como el caso de la soja, hasta las plantaciones de pinos y eucaliptos, con la instalación consiguiente de la industria de la celulosa, son todos proyectos de gran escala con fuertes impactos ambientales y sociales sobre las poblaciones locales.

 

Extracción de minerales, gas y petróleo en zonas ricas en biodiversidad y frágiles ecológicamente (por ejemplo: el proyecto Pascua Lama en los glaciares cordilleranos de Argentina y Chile); deforestación de los bosques naturales y plantaciones masivas de árboles para las fábricas de celulosa; patentes de productos biológicos para la industria farmacéutica y la agroindustria, son algunas de esas inversiones que enfrentan una creciente resistencia de las poblaciones.

 

Lo significativo de esta resistencia es su asiento territorial, o sea, son movimientos comunitarios, asambleas ciudadanas o juntas de vecinos de una zona o localidad. El antecedente de estos movimientos son los pueblos indígenas que, al conservar su identidad étnica y cultural asociada a la tierra, actúan siempre en forma colectiva y territorial. Al igual que los indígenas, estos movimientos cuestionan las instituciones políticas y a los actores tradicionales de la sociedad.

 

La resistencia de las comunidades

 

En el norte del Perú se proyectan grandes minas en desmedro de la agricultura. Las comunidades campesinas ven peligrar sus cultivos y el ganado, los cursos de agua y sus condiciones de vida. Un caso ejemplar de resistencia fue Tambogrande, donde la población, gobiernos e iglesias locales, enfrentaron un proyecto de mina de oro a tajo abierto, lo denunciaron dentro y fuera del país y demostraron con un plebiscito su rechazo, hasta lograr la desistencia del gobierno nacional.

 

El boom minero alentado por el gobierno peruano de Fujimori, con apoyo del Banco Mundial, multiplicó los conflictos entre las empresas y las comunidades. Finalmente, de ese proceso surgió la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (CONACAMI) para defender los derechos de las poblaciones y luchar por un cambio del modelo económico. La "planificación participativa y descentralizada" fue definida como la "única vía para el desarrollo sostenible".

 

En forma similar a Tambogrande, en Esquel, en la Patagonia argentina, la Asamblea de Vecinos Autoconvocados realizó en 2003 un plebiscito en el cual el NO a una mina de la Meridian Gold triunfó con 81 por ciento de los votos. Las autoridades no respetan ese resultado y la movilización local continúa. Las reformas legislativas de los años 90 en Argentina alentaron una proliferación de proyectos mineros, que las poblaciones resisten en defensa de su salud y del medio ambiente.

 

En Brasil, además de los conflictos entre las poblaciones indígenas y las empresas agroindustriales y de celulosa -como los Tupinikim y Guaraní con Aracruz Celulose, en el estado de Espírito Santo-, que vienen luchando desde hace años por la reforma agraria, las poblaciones se enfrentan también a las políticas de forestación porque las grandes empresas absorben cada vez mayores tierras utilizables para la producción de agricultura familiar.

 

Dos proyectos de plantas de celulosa sobre el río Uruguay, compartido entre Argentina y Uruguay, generaron un serio conflicto binacional a partir de la movilización de las asambleas ciudadanas ambientales de la provincia de Entre Ríos, que han cortado los puentes que unen ambos países y obligaron al gobierno argentino a cuestionar esos proyectos ante la Corte Internacional de La Haya, a pesar de existir en ese país emprendimientos de forestación y celulosa similares.

 

(continuará)

Por Víctor L. Bacchetta

© Rel-UITA

8 de diciembre de 2006