Como suele suceder, los limeños sólo se enteran de que las provincias más pobres del Perú existen cuando se producen hechos de inusual gravedad. E el caso de la crisis de Tintaya, muchas personas todavía ignoran que la provincia de Espinar es una de las más pobres del Perú; y normalmente,

la pobreza extrema no es el mejor caldo de cultivo para la felicidad.

La actividad minera en Espinar, además, ha tenido impacto negativo en el medio ambiente de las comunidades aledañas, cuyos habitantes no hablan castellano en su mayoría, y han sentido mucha frustración e impotencia. En Yauri, la capital de la provincia, no se perciben mejoras en las condiciones de vida. Por ejemplo, la mayoría de empleos que ha proporcionado la actividad minera tienen carácter especializado y los jóvenes de Espinar no pueden acceder a ellos. Es comprensible por ello que un sector de los habitantes exijan simplemente el cierre de Tintaya, al sentir que sólo ha generado perjuicios.

La empresa BHP Billiton llegó en años anteriores a una serie de acuerdos con las comunidades más afectadas, pero desde hacía meses se tenía información sobre el incumplimiento de varios compromisos de la empresa; y aunque en las recientes movilizaciones han intervenido algunos grupos políticos locales, no se puede reducir el origen de dichas protestas a simple manipulación, manteniendo el estereotipo de que los campesinos son seres ingenuos que pueden ser manipulados por cualquier agitador. Espinar vive un ambiente de descontento y pretender convencer a sus habitantes de que la actividad de Tintaya se realiza en bien del país es simplemente una abstracción, a falta de beneficios visibles.

¿Qué se podría haber hecho? La respuesta es tan sencilla que resulta indignante que los pronunciamientos que denuncian los actos de violencia no lo tomen en cuenta: el Estado habría podido prevenir el conflicto con una adecuada inversión en salud, educación, carreteras y demás servicios a los cuales los habitantes de Espinar tienen tanto derecho como los demás peruanos. Lamentablemente, son otras las prioridades de nuestros gobernantes: la crisis de Tintaya ha coincidido con el ingreso al Callao de una de las fragatas Lupo, en las cuales el Estado peruano ha gastado decenas de millones de dólares, y con la última opulenta gira mundial del Presidente Toledo.

El ente estatal más cercano a este conflicto, el Ministerio de Energía y Minas, ha incumplido hasta el momento su obligación de promover un clima de mutuo respeto entre empresas mineras y comunidades, porque no da signos concretos de que su prioridad sea evitar que la actividad minera deteriore las condiciones de vida de la población. En consecuencia, ha perdido legitimidad.

Otro factor clave para prevenir estos conflictos es que las empresas mineras busquen una relación respetuosa con las comunidades vecinas, evitando los actos que puedan impactar de manera negativa. En este contexto, casos como el de Majaz en Huancabamba son especialmente cuestionables: no es posible comenzar una actividad minera acusando de terroristas a sacerdotes, agentes pastorales y dirigentes comunales. El punto de partida es que los funcionarios de las empresas logren percibir que los campesinos son seres humanos con los mismos derechos que ellos. Evitar actitudes arrogantes y racistas es mucho más importante que tomarse fotos al lado de niños chaposos, sonrientes y pobres.

Del lado de la población es preocupante el empleo de la violencia para plantear sus demandas. Este recurso se viene repitiendo con mucha frecuencia, como ocurrió el año pasado en diversos conflictos municipales. Sin embargo, gracias al régimen de Fujimori buena parte de los campesinos de Espinar carecen de posibilidad de ejercer sus derechos fundamentales por vías legales, al haberse establecido que el DNI es un documento costoso y temporal. Una reforma en este sentido ayudaría mucho a encauzar las demandas sociales por vías pacíficas (RP 20), salvo que en el fondo no se quiera que los campesinos puedan participar y por eso se les busca mantener indocumentados.

Finalmente, la crisis de Tintaya es una voz de alerta a quienes se entusiasman con las alentadoras cifras macroeconómicas. Sobran en nuestra historia ejemplos de prosperidad asociada a las peores formas de injusticia: recordemos la explotación del guano, basada en realidad en la explotación de los chinos, y el boom del caucho que generó la captura y esclavitud de miles de nativos amazónicos.

Si la población de los lugares más pobres del país sigue sintiéndose tan ajena al crecimiento económico, tendremos que acostumbrarnos a vivir entre estallidos similares. El desarrollo verdadero del Perú implica afrontar de manera integral la exclusión de millones de ciudadanos.

13 de junio del 2005