El pasado jueves 17, decenas de miles de
hondureños se lanzaron a las calles en
todo el país para exigirle al gobierno
respuestas concretas a un paquete de
doce demandas. Las acciones se llevaron
a cabo en 20 puntos de diferentes
regiones, paralizando a 15 de las más
grandes ciudades de Honduras por medio
de tomas de puentes y carreteras,
marchas, mítines y paros de labores.
El denominado “Paro Cívico Nacional” fue convocado por la
Coordinadora Nacional de Resistencia
Popular (CNRP) y las principales
centrales obreras del país.
Frente al éxito de esta actividad y a la desbordante
participación popular, el gobierno envió
tropas de la Policía y del Ejército que,
según los manifestantes, reprimieron,
desalojaron y detuvieron violentamente a
los participantes, haciendo uso de gases
lacrimógenos, armas de guerra y hasta
tanquetas. Pese al despliegue militar,
la población hondureña siguió
protestando, demostrando estar dispuesta
a la lucha hasta alcanzar una respuesta
satisfactoria a sus demandas.
En la capital la protesta llegó hasta las inmediaciones de la
Casa de Gobierno, la cual estaba
fuertemente resguardada por policías y
militares, pero el presidente Manuel
“Mel” Zelaya no accedió a
reunirse con los representantes de las
organizaciones sociales y sindicales. En
su lugar delegó a algunos de sus
ministros, actitud que fue tajantemente
rechazada. Frente a la negativa del
presidente Zelaya, los
representantes de las organizaciones
sociales decidieron retirarse, no sin
antes dejar abierta la posibilidad de
una reunión en los próximos días para
abordar todos los temas puestos en el
tapete.
Independientemente de los resultados, las organizaciones
sociales y sindicales llamaron el pueblo
hondureño a una nueva movilización el
próximo 1º de mayo.
Para conocer los pormenores de esta importante demostración
de fuerza y organización, Sirel
conversó con Erasto Reyes,
integrante de la conducción del Bloque
Popular de San Pedro Sula y de la
Coordinadora Nacional de Resistencia
Popular
(CNRP)1.
-¿Cómo surge este Paro Cívico Nacional que demostró la
capacidad de movilización de las
organizaciones sociales y sindicales?
-El primero de febrero, en el marco del “Primer Encuentro de
Organizaciones Obreras,
Campesinas, Comunitarias y
Populares”
en San Pedro Sula, se reunieron tres
centrales obreras, la Confederación
Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH),
la Confederación de Trabajadores de
Honduras (CTH), la Central
General de Trabajadores (CGT) y
la
Coordinadora Nacional de Resistencia
Popular (CNRP).
En esta ocasión acordamos impulsar doce demandas, cuyas
respuestas vienen siendo postergadas por
el gobierno, la clase política hondureña
y los empresarios.
-¿Cuál es el contenido de las doce demandas?
-En primer lugar la derogación de la Ley Marco del Agua
Potable, porque permite la
municipalización del servicio y abre el
camino a su privatización, a través de
concesiones a empresas privadas. Lo que
pedimos es que se tome en cuenta la
propuesta presentada por los movimientos
populares hondureños en 2003. La segunda
demanda tiene que ver con detener el
aumento de la canasta básica, a
través de un estricto control de
precios, y un aumento general de
salarios en todas las actividades
económicas del país. A este propósito,
pedimos también la derogación del
Decreto de Diferenciación de Salarios,
con el cual se obliga a los trabajadores
y trabajadoras de la maquila de cinco
departamentos del país, Choluteca,
Valle, Olancho, El Paraíso y Santa
Bárbara, a ganar menos que el salario
mínimo establecido en el país. Esto es
violatorio del principio del Derecho
Laboral que contempla que para igual
trabajo debe haber igual salario. Esta
diferenciación violenta la Constitución
de la Republica, el Código del Trabajo
y los convenios internacionales. Otra
demanda muy importante es la
implementación de una Reforma Agraria
integral, con acceso a tierra y crédito
para el sector campesino, y garantizar
la soberanía alimentaria al pueblo
hondureño, abasteciendo de granos
básicos a todo el país.
-¿Qué otros puntos tocaron en sus
demandas?
-Exigimos la derogación de la Ley de
Modernización Agrícola aprobada
en 1992. Esta ley se hizo para que
los terratenientes pudiesen monopolizar
el derecho a la tierra y actualmente hay
miles de hectáreas de tierra abandonada.
Pedimos que se grave con impuestos estas
tierras en manos de terratenientes, pero
también que se actúe para entregárselas
a los campesinos. Pedimos también la derogación de los Decretos 219/2003,
Ley de Racionalización de las Finanzas
Públicas y 220/2003, Ley de
Reordenamiento del Sistema Retributivo
del Gobierno Central, que
atentan contra la estabilidad laboral y
los derechos de los trabajadores del
sector publico en el país.
Exigimos, además, la no privatización de la Empresa Nacional
Portuaria (ENP), de la Empresa de
Correos de Honduras (HONDUCOR),
de la Educación y de la Salud y
que se profesionalicen y mejoren para
ponerlas al servicio del pueblo
hondureño. Entre otros puntos, estamos
también demandando una nueva Ley de
Minería y una nueva Ley Forestal,
que garanticen una explotación integral
de los recursos naturales en beneficio
del pueblo hondureño, sin estarlos
entregando a las transnacionales las
cuales, en abierta violación de la
soberanía del país, lo único que nos
dejan cuando se van es contaminación,
muerte y desastres naturales. Finalmente
se pidió también el respeto a los
derechos de los trabajadores, como
la libre sindicalización y contratación
colectiva, sobre todo en el sector de la
maquila y el respeto a los pueblos
indígenas y negros que son víctimas
de los intereses empresariales
nacionales y extranjeros, con miras a la
explotación de los territorios que
ancestralmente les pertenecen.
-¿Apoyaron también la protesta de los Fiscales?
-Por supuesto que apoyamos la lucha de la Asociación de
Fiscales de Honduras (AFH).
Tienen doce días de estar en huelga de
hambre protestando contra la corrupción
de las instituciones y de las clases
política y empresarial del país. Esta
lucha tan valiente es la de todos
nosotros. Como quiere ser desestimada
por el Fiscal General de la República,
declaramos estar junto a los fiscales
para que no se detengan los juicios
contra los corruptos.
-¿Cómo se ha desarrollado la jornada de protesta?
-Ha sido una de las actividades de mayor éxito en los últimos
diez años y una de las más grandes
después de la huelga de 1954. Todos
los movimientos que representan los
trabajadores, los campesinos, los
comunitarios, los profesionales, los
indígenas nos unimos y fuimos capaces de
movilizar a más de 100 mil personas en
todo el país. Se tomaron más de 60
puntos de carreteras y esto nos está
garantizando que el pueblo se sumó a
este gran Paro Cívico Nacional que
celebramos. La lucha se extendió en
muchas ciudades como Tegucigalpa, San
Pedro Sula, Santa Rosa de Copán, El
Progreso, San Lorenzo, Choluteca, Danli,
La Paz, Comayagua, Siguatepeque, Tela y
La Ceiba, entre otras
El gobierno llamó a nuestros dirigentes, quienes llegaron a
la Casa Presidencial a las dos de la
tarde, pero no hubo reunión porque el
Presidente no quiso atenderlos, sino que
delegó a cinco ministros. Nosotros
queríamos reunirnos con quien tiene
capacidad para tomar decisiones y no con
cualquier persona que nos ponen allí.
De manera extra oficial sabemos que hay
pláticas para que el Presidente se reúna
con nuestros representantes en los
próximos días, y estamos pidiendo
también respuestas de parte del Poder
Legislativo y Judicial. Además de eso,
ya hicimos un llamado para que el 1 de
Mayo se convierta en una de las
movilizaciones más grandes de los
últimos años.
-¿Cuál fue la actitud de la Policía?
-Hemos denunciado y condenado los hechos represivos de la
Policía en diferentes partes del país.
Hubo ataques y violencia contra los
manifestantes, hasta con uso de gases
lacrimógenos y balas de goma, que
dejaron como saldo a muchas personas
golpeadas, heridas y hasta detenidos,
que más tarde fueron liberados. El
Estado tuvo una actitud irresponsable de
querer reprimir la voz del pueblo que
estaba manifestando de manera pacífica.
-Una de las demandas es justamente el tema de la Reforma
Agraria. ¿Cuál es la situación de la
propiedad de la tierra en Honduras?
-En los años 70 se emitió una Ley de Reforma Agraria bajo el
gobierno de Osvaldo López Arellano
y, de alguna manera, hubo beneficios
para los campesinos. Durante los 80 se
trató de revertir ese proceso con
ataques sistemáticos a las
organizaciones campesinas y en 1992 se
emitió la mal llamada Ley de
Modernización Agrícola. Esa ley logró
fue dar títulos, pero no crédito a los
campesinos, para después poder
presionarlos y comprarles la tierra.
Esto ha venido provocando la migración
de miles de hombres y mujeres del campo
a la ciudad. Sin tierra, ni crédito, se
trasladaron en los centros urbanos para
buscar cómo sobrevivir, y muchos de
ellos y ellas terminaron trabajando en
las empresas maquiladoras, siendo
explotados, ultrajados y violentados en
sus derechos.
Otro efecto de esta ley y de la crisis del campo es la
migración de más de un millón de
hondureños al extranjero, los cuales se
han convertido en la segunda fuente de
ingresos del país: en 2007 han entrado
al país más de 2.500 millones de
dólares en calidad de remesas
familiares. Sin los emigrantes este país
se caería en pedazos y explotaría bajo
la presión social.
-¿Este fenómeno esta relacionado también con la actual
crisis alimentaria que se ha generado en
la región y también en Honduras?
-Al haberse olvidado del campo, en el país se ha generado un
desabastecimiento de alimentos básicos.
Estamos importando arroz, maíz y otros
productos agrícolas a precios altísimos,
lo cual está provocando una severa
crisis alimentaria. Hay datos de la
CEPAL que dicen que el 65 por ciento
de los hondureños sobrevive con un dólar
al día. Una amenaza muy reciente para el
campo es el desarrollo de los
agrocombustibles. Esta situación va a
profundizar aún más la crisis, y
hemos hecho un llamado de atención para
que se reflexione al respecto,
impidiendo que Honduras se convierta en
un inmenso campo de caña, de maíz o de
palma africana para ese tipo de
producción.
-¿Cómo está actuando el gobierno frente a la crisis
alimentaria?
-Finalmente admitió que nos estamos enfrentando a una crisis
alimentaria, pero recién lo hizo cuando
la FAO lo denunció a nivel
internacional. Apenas ahora los
políticos y empresarios se están dando
cuenta de que en este país hay hambre y
miseria. Nosotros estamos denunciando
esta actitud y rechazamos esta postura,
y pedimos una nueva reforma agraria
integral, con un modelo de desarrollo
con base en la justicia social y en los
derechos del pueblo hondureño.
-La semana pasada el presidente nicaragüense, Daniel
Ortega, propuso una reunión urgente
entre los mandatarios de la región para
acordar un plan conjunto para enfrentar
a esta situación de crisis. ¿Crees que
pueda ser algo positivo para los
pueblos?
-Ojalá fuera práctica y no teoría. Ojalá sean cosas concretas
y no falacias. Nuestros pueblos
necesitan respuestas concretas,
necesitamos medidas que sean aptas para
nuestra situación y necesitamos revivir
el campo, pero ¿cómo es posible hacerlo
cuando nuestros gobiernos han aprobado y
ratificado un TLC con Estados
Unidos que nos está hundiendo?
Todavía no logramos entender cómo lo van
a hacer si tenemos la bota del
imperialismo estadounidense encima.
No queremos que especulen y jueguen con
las necesidades, con el hambre y la
miseria del pueblo. Necesitamos
respuestas concretas.
