Una inesperada huelga magisterial, demandas de aumentos salariales, el debate sobre los biocombustibles, el arranque de las negociaciones con el FMI, el intento para revitalizar al Plan Puebla Panamá (PPP) y al horizonte, un Acuerdo de Asociaciones con la Unión Europea, son algunos de los temas sobre los cuales el Enlace Nacional de la Coordinadora Civil (CC), Georgina Muñoz, conversó con SIREL en una exhaustiva entrevista.

 

-¿Cómo se origina esta huelga inesperada del gremio magisterial?

-La situación actual de crisis en el magisterio se origina principalmente por los escasos aumentos salariales que se les otorgaron a los maestros. Requiere una solución negociada y una propuesta concreta que permita tener los recursos económicos necesarios para los incrementos salariales que históricamente los maestros han demandado. Tiene que ver con convenios firmados en los años anteriores, que prevén la equiparación de sus salarios con los de los maestros centroamericanos.

 

-¿Cuál es la posición de la Coordinadora Civil?

-Es una demanda real y la respaldamos. Cualquier gobierno tiene la obligación de cumplir con estos compromisos que se firmaron y tiene que encontrar los recursos necesarios. El actual gobierno logró por parte del BID una condonación de la deuda que alcanzó los 44 millones de dólares, pero en el presupuesto de la República se registraron sólo 21 millones. Nuestra propuesta es que el Ejecutivo negocie con los maestros y presente a la Asamblea Nacional un proyecto de reforma del presupuesto, destinando esta otra cantidad para ajustes salariales al magisterio. Es importante hacerlo de inmediato y antes de que se firme el nuevo programa económico con el FMI.

 

-¿Cuál es la relación con el programa del FMI?

-Desde 1992 hasta 2006 el FMI ha planteado la necesidad de un congelamiento salarial para los maestros, situación que ha incidido negativamente en sus condiciones de vida. Actualmente siguen ganando en promedio unos 80 dólares cuando la canasta básica alcanza los 300 dólares. Por eso hay que garantizar de inmediato los aumentos salariales y, posteriormente, establecer una política salarial del gremio para los próximos cinco años, previniendo las reglas que el FMI querrá imponer al país.

 

-¿De qué forma pueden incidir las negocia-ciones con el FMI?

-Existen recursos que tienen que ver con las condonaciones de la deuda externa, que no han sido aplicados para políticas de reducción de la pobreza y para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Estos recursos se han utilizado para pagar una deuda interna que no se quiso reestructurar, lo que habría permitido liberar fondos para cumplir estos objetivos. Por otro lado, el FMI siempre impuso el congelamiento de la masa salarial estatal, de las transferencias municipales, así como la revisión de las autonomías municipal y universitaria, entre otras cosas. En el FMI existe una gran contradicción entre lo que pregona –la lucha contra la pobreza- y lo que después le impone a los gobiernos. Ante la inminencia de nuevas negociaciones con este organismo, estamos previendo una marcha para reclamar que no se impongan nuevamente las “condicionalidades” de siempre, y que el programa económico tenga en cuenta la agenda ciudadana que todos los partidos firmaron antes de las pasadas elecciones. Planteamos también que se estructure un Plan Nacional de Desarrollo para acabar con la pobreza en el país.

 

-¿Cómo evalúan las primeras pláticas entre gobierno y FMI?

-El mes pasado tuvieron una “encerrona” de dos días a la cual nadie tuvo acceso. Tenemos informaciones de que se comenzó a hablar del programa y de sus contenidos, y consideramos que son asuntos que interesan a todas y todos los nicaragüenses, por tanto, no deberían ser discutidos sólo entre los delegados del FMI y del gobierno. Criticamos el secretismo, reivindicamos el principio de información transparente y esperamos que los próximos encuentros se lleven de otra forma.

 

-En estos días se está desarrollando un encuentro en México para revitalizar al Plan Puebla Panamá (PPP). ¿Cuál es la posición de la Coordinadora Civil al respecto?

-Creemos que ese Plan obedece a la política exterior estratégica de Estados Unidos para hacerle frente a la implementación del ALBA en la región y al proyecto de unidad latinoamericana. El PPP representa un megaproyecto, conformado por más de 90 proyectos, que va a desarrollar una política de enclaves en nuestros países y a favorecer a las grandes empresas transnacionales atraídas por nuestra mano de obra barata. No va a dejar desarrollo ni capacidades, más bien lo que va a dejar son cascarones de infraestructuras vacías y daños a nuestros recursos naturales. Además, está pensado para facilitar el flujo de mercadería desde Estados Unidos hacia otros continentes, y nuestra región va a ser un simple corredor de pasaje. Un tratado comercial es bueno cuando, de acuerdo a la realidad de los países, contribuye a que la gran mayoría de personas pueda incorporarse a un sistema de mercado, y no cuando se trata de imponer, desde afuera, una lógica económica que trata de beneficiar a las grandes empresas. En ese caso lo que genera no es desarrollo, ni capacidades para que nuestros países se inserten en una economía global, sino violaciones a los derechos laborales, sindicales, ambientales, ampliando aún más la brecha entre ricos y pobres.

 

-En estas últimas semanas, y después del viaje del presidente Bush por América Latina, se ha hablado mucho de los biocombustibles. También en Nicaragua hay sectores que están impulsando la idea de que es necesario buscar esta salida a la dependencia del petróleo. ¿Qué opinan al respecto?

-En el caso de Nicaragua es urgente la diversificación de los cultivos. Ya hemos experimentado en el pasado los desastres que dejaron los monocultivos, como el algodón, el banano y la caña de azúcar. Producir energía debe obedecer a una estrategia de carácter nacional que realmente potencie los recursos renovables con que cuenta el país, y también hay que invertir en los cultivos que permitan obtener ese tipo de combustible. Pero hay que hacerlo dentro de un marco jurídico claro, donde haya una inversión privada y, a la par, un Estado que aproveche también estos recursos y controle todo lo relacionado con los derechos laborales, el respeto al medio ambiente, el uso de agrotóxicos y el pago para la explotación de los recursos naturales por parte de las empresas.

 

-¿Cómo interpretan el hecho de que la Nicaragua Sugar States Ltd. (Grupo Pellas) haya decidido trasladarse a Honduras para cultivar caña de azúcar y producir etanol?

-Tiene que ver con sus intereses comerciales y con buscar un país con un marco jurídico bastante permisible, lo que seguramente le permitirá bajar costos.

 

-Hay otro tema que se está asomando en Centroamérica: el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea (UE).

-El 22 y 23 de abril se va a realizar un encuentro institucional en Guatemala para tratar ese tema. La sociedad civil organizada de la región se va a reunir para dar seguimiento al mandato negociador que ya fue aprobado por la UE, mientras que nuestros gobiernos todavía no han buscado una estrategia común. La percepción que tenemos es que el mandato negociador deja muy en claro que la prioridad para la UE es crear una zona de libre comercio. Nos preocupa que se pueda repetir la experiencia negativa del CAFTA.

 

-La representante de la UE en Nicaragua y el Informe Meyer, que incluye la recomendación del Parlamento Europeo al Consejo sobre el mandato de negociación, insisten en decir que ese acuerdo es diferente, y que se van a tomar en cuenta todos los aspectos prioritarios para Centroamérica. ¿Cómo la sociedad civil puede incidir en ello?

-Conocemos muy bien estas posiciones y creemos que hay parlamentarios europeos de izquierda que están defendiendo los derechos de los centroamericanos y que han levantado sus voces para ello. Esto va a ser muy positivo dentro del proceso de negociación que se va a iniciar, y es un síntoma de que hay mucho más conocimiento en Europa que en Centroamérica, donde las organizaciones sociales están más enteradas de este proceso que los gobiernos. Por otro lado, consideramos que la UE ha tenido una política diferente hacia la región en relación con la política implementada por Estados Unidos. Es por eso que ese Acuerdo de Asociaciones podría ser una oportunidad, siempre y cuando exista una voluntad de invertir en un diálogo político y en discutir los puntos que hemos subrayado en la Declaración de Tegucigalpa del mes pasado.

Por el momento, la UE ha demostrado interés en escuchar los planteamientos de la sociedad civil regional, pero ahora se trata de dar un paso más y que estos puntos aparezcan en las negociaciones.

En Managua, Giorgio Trucchi © Rel-UITA 12 de abril de 2007

 Fotos: Giorgio Trucchi

  

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