Con el Eurodiputado Vittorio Agnoletto

La Directiva de la vergüenza

El pasado 18 de junio, el Parlamento Europeo aprobó la polémica “Directiva del retorno de inmigrantes ilegales”, es decir un acto normativo europeo sobre las repatriaciones de los migrantes "irregulares", desatando fuertes protestas a lo largo y ancho de todo el planeta.

Con esta Directiva, los parlamentarios europeos amplían la detención de los denominados “ilegales” en los Centros de Permanencia Temporal (CPT) hasta un máximo de 18 meses, incluyen la posibilidad, en algunos casos, de detención de menores de edaden los CPT, sancionan la prohibición de volver a Europa por un plazo de cinco años después del primer ingreso y permiten la expulsión hacia países diferentes del de pertenencia.

Para tratar de entender qué es lo que está pasando en Europa y cómo se llegó a aprobar esta Directiva “de la vergüenza”, la cual más que detener el flujo continuo e incesante de inmigrantes en busca de una oportunidad de vida, parece estar pensada para congraciarse los ciudadanos de cada país europeo, y poder decir “Yo sí lo intenté”, Sirel conversó con el parlamentario europeo de la bancada Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica (GUE-NGL), Vittorio Agnoletto¹.

-¿Cómo se llega a formular y aprobar esta Directiva europea?

-La Comisión Europea² escribió esta Directiva en respuesta a una invitación del Consejo de la Unión Europea³. Lastimosamente para nosotros los italianos, esta Directiva surge a raíz de la presencia del actual Ministro del Exterior italiano, Franco Frattini, quien en aquel entonces era Comisario Europeo de Justicia, Seguridad y Libertad. Cuando la directiva llegó al Parlamento para su discusión, ya se había logrado un amarre entre las bancadas de tendencia conservadora, la Comisión y el Consejo, para que el Parlamento no tuviera la opción de discutirla libremente, sino solamente de aprobarla como estaba redactada.

Esta situación se genera por diferentes motivos. Si aportábamos cambios al texto original, la Directiva iba a ser enviada nuevamente a la Comisión y al Consejo, para ser discutida otra vez, y aprobada, porque el texto definitivo debe contar con la aprobación de las tres instancias. Además, retrasar la aprobación quería decir casi seguramente que no se lograra su aprobación en esta legislación que termina en 2009, mientras que existían fuertes presiones de los gobiernos europeos para que se aprobara de inmediato.

Lo que en este caso se tambaleó peligrosamente fue la soberanía misma del Parlamento, o sea la posibilidad de los diputados de discutir abiertamente y aportar modificaciones al texto.

-¿Qué tipo de presiones hubo por parte de los gobiernos?

-Hubo presiones muy fuertes de todos los gobiernos para que la Directiva se aprobara de inmediato y sin modificaciones, pero hay que destacar el papel que jugaron los gobiernos de España y Francia, porque esta directiva nace a través de un férreo acuerdo entre Sarkozy y Zapatero, y sucesivamente, el Consejo la aprueba en sus líneas generales y la pasa a la Comisión para su redacción escrita. Es un hecho grave, porque los gobiernos de Francia, España, los laboristas ingleses y los socialdemócratas alemanes presionaron a sus partidos para que sostuvieran el texto de la directiva en el Parlamento, y eso abrió un enorme debate en la bancada del Grupo Socialista. Los tres partidos socialistas que actualmente están gobernando en sus respectivos países tenían un mandato taxativo de los gobiernos de aprobar esta Directiva. Es por esto que, al momento del voto, el Grupo Socialista presentó algunas mociones para mejorar el texto, pero fueron rechazadas por la alianza de la derecha (NdR: Grupo Partido Popular Europeo - Demócratas Europeos, Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa). Lo más grave fue que en el momento de la votación el Grupo Socialista se dividió: la mitad votó en contra, un 35 por ciento se abstuvo, incluyendo a los del Partido Democrático (PD) de Italia, y un 15 por ciento votó a favor. El voto contrario fue expresión de una parte de los socialistas, el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda verde Nórdica (GUE-NGL) y el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea (Verdes/ALE).

Al final, la Directiva fue aprobada con 367 votos a favor, 206 en contra y 109 abstenciones y es el resultado de la imprecisa democracia que hay en Europa, donde las leyes las proponen la Comisión Europea y el Consejo de la Unión Europea y sólo después se discuten en el Parlamento, es decir, no se originan desde el Parlamento como debería ser.

En esta ocasión, el Parlamento se enfrentó a un verdadero chantaje, porque los gobiernos no querían aceptar que la directiva tardara otros dos años antes de ser aprobada. Además, hay que subrayar una anomalía en este voto, porque no es normal una mayoría tan significativa en la aprobación de una Directiva que tiene que ver con los derechos humanos.

Históricamente el Parlamento siempre ha estado muy atento a estos temas, y el Grupo Liberal siempre ha votado con la derecha sobre temas económicos y comerciales, pero ha mantenido un voto con la izquierda sobre temas de derechos humanos. 

En esta ocasión no fue así, y esto se explica por las presiones de los gobiernos y el hecho que el tema de la inmigración se ha transformado en el punto sobre el cual descargar todas las tensiones políticas.

-¿Cuáles son los contenidos más importantes de la Directiva?

-Son cuatro. La detención en los Centros de Permanencia Temporal (CPT) para inmigrantes clandestinos es hasta un máximo de seis meses, pero ahora con la posibilidad de prolongarla por otros 12 meses. Llegar a los 18 meses depende de lo que decida cada gobierno de cada país en su legislación. Otro punto es que una persona expulsada no puede regresar en ninguno de los 27 países que conforman la Unión Europea en los cinco años siguientes a su expulsión. Se decide también que en determinadas circunstancias, los inmigrados pueden ser expulsados hacia un tercer país, que no sea el de procedencia, y que supuestamente han atravesado para llegar a Europa.

-¿Puede poner un ejemplo?

-Por ejemplo, un ciudadano de Somalía o Eritrea puede ser expulsado hacia Libia, y no es una casualidad que primero Italia y ahora la misma Europa estén financiando al gobierno de Libia la construcción de CPT en el desierto. Pero lo más grave es que esta gente que será encerrada en el desierto no va a tener ninguna garantía y no vamos a saber más nada de ellos. Tenemos otro punto de la Directiva que tiene que ver con los menores de edad. En algunos casos pueden ser internados en los CPT y, según ciertas condiciones, los que no están acompañados pueden ser repatriados solos. Es evidente que encerrar menores en los CPT va en contra de cualquier Convenio internacional sobre los Derechos de la Infancia.

-¿Cómo se va a aplicar esta Directiva?

-Los 27 países tienen dos años como periodo máximo para acogerla y traducirla en ley nacional. La Directiva traza los límites entre los cuales la ley se mueve y es evidente que el término de 18 meses de detención en los CPT no es obligatorio para los países, pero viendo la actitud de los gobiernos para que se aprobara de inmediato la directiva, es muy posible que se busque ese tipo de solución.

-¿Qué lectura podemos hacer de lo que ocurrió? Y además, ¿qué está pasando en Europa, si hasta los socialistas se dividen en la votación?

-Hay que hacer una aclaración. El problema con los socialistas es sobre todo un problema con Zapatero, a quien se le ve como un ejemplo a seguir, y en Italia hay mucha gente que mira hacia España o que sueña ir a vivir allá. Es cierto que durante su gobierno promovió las libertades civiles, pero sobre las políticas inmigratorias ha sido durísimo. Los CPT españoles son espantosos, así que la mano dura contra los inmigrantes no es algo nuevo para el gobierno español.

En términos más generales, lo que está ocurriendo en Europa es que su papel de gran potencia está en crisis, porque hay otras realidades, como por ejemplo China e India, que se están afirmando con fuerza como potencias mundiales. La economía no va bien, aumenta la franja de poblaciones pobres en los países europeos, aumenta el nivel de inseguridad social y se desencadena la búsqueda de un culpable. Un chivo expiatorio externo es lo más “saludable”, y sobre la inmigración se descargan las tensiones sociales y las preocupaciones por un futuro que los gobiernos no están en la capacidad de garantizar. La criminalización de los inmigrantes es, simplemente, otra cara de la moneda de la crisis del “Estado social”, de la caída de la ocupación y de los salarios. El objetivo es ofrecer un enemigo externo para protegerse de los problemas que existen en el país. Una Europa “maniquea”, con una división muy marcada entre inmigrantes regulares con derechos y los irregulares que son tratados de forma inhumana, aunque los primeros llegaron ilegalmente porque son las mismas leyes que los obligan a llegar de esta manera.

-Las reacciones han sido muy fuertes en América Latina. ¿Qué es lo que se percibe en Estrasburgo de estas reacciones?

-Unos días antes de que se aprobara la Directiva, fuera y dentro del Parlamento se distribuyó un documento firmado por representantes de agencias gubernamentales de 44 países, entre ellos toda América Latina, menos Colombia y casi toda África. En este documento los países pedían un voto en contra de la Directiva. Hubo también el posicionamiento de diferentes Conferencias Episcopales e iglesias.

Es por eso que considero que el voto fue un verdadero desafío público a 44 gobiernos del Sur del mundo. En segundo lugar, a la carta que envió el presidente Evo Morales, a las declaraciones del presidente Hugo Chávez sobre la posibilidad de suspender el suministro de petróleo a la Unión Europea y a un mensaje menos duro del presidente brasileño Lula, se les dio bastante espacio en los medios de izquierda, mucho menos en la otra prensa escrita y radial y fueron totalmente soslayados por los canales televisivos, por lo menos en Italia.

En cuanto a si estas declaraciones podrán tener peso a nivel de la Unión Europea, habrá que verlo al momento de reunirse nuevamente el Parlamento. Mi impresión es que la Comisión Europea, al no haber emitido una nota oficial en respuesta a las declaraciones de Chávez, está demostrando que cree que estos gobiernos levantan la voz para tener un consenso interno, pero que al final no va a pasar nada. Se necesitaría que estos países tomaran de verdad acciones fuertes, como por ejemplo el tema de la suministro de petróleo o poner en duda los Acuerdos de Asociaciones (AdA) que están llevando adelante con la Unión Europea. Por el momento, me parece que  la lectura que le da el establishment a estas declaraciones es que son disparates populistas y nada más.

-¿No se percibe, entonces, algún temor de la Comisión Europea con respecto a la continuación del proceso de negociación de los Acuerdos de Asociación con Centroamérica o la Región Andina?

-El problema es que estos países de América Latina por el momento no han cruzado la línea, es decir no han declarado que la aprobación de esta Directiva va a comprometer las negociaciones de los AdA. Si a la Comisión Europea no le tocan aspectos económicos y comerciales es capaz de tragarse cualquier cosa. Para que reaccione de verdad hay que tocarle estos temas.

-¿Todavía hay espacio de maniobra para revertir esta decisión?

-Desde un punto de vista puramente institucional el caso está cerrado y lo único que nos queda ahora es trasladarnos a un plan de protesta de la sociedad civil de cada país, donde se intente reproducir estas decisiones de la Unión Europea en una legislación nacional.