Además, a través de la carta los firmantes invitan a "todos
los actores políticos y organizaciones
sociales coincidentes con la propuesta"
a participar de la "reunión" que se
llevará a cabo hoy martes 21 de
noviembre a las 16.00 horas en la sala
17 del Edificio Anexo al Palacio
Legislativo para constituir la
Coordinadora Nacional por la Nulidad de
la Ley de Caducidad.
La misiva explica que "La Ley de Caducidad fue aprobada bajo
amenaza militar contra los más
elementales principios éticos y
jurídicos de la República, desconoce la
separación de poderes, viola derechos
humanos fundamentales y transgrede
flagrantemente normas del Derecho
Internacional de los DDHH que obligan al
Estado a juzgar los crímenes de lesa
humanidad", por lo que "desde el punto
de vista jurídico" la normativa es
"nula" y agrega que "declarar la nulidad
extinguiría todos sus efectos, como si
nunca se hubiera aprobado".
Expresa posteriormente que fue el Estado que, durante la
dictadura "violó bajo un patrón regular
de conductas aberrantes, torturas,
ejecuciones extrajudiciales y
desapariciones forzadas. No fueron actos
aislados. Se cometieron crímenes de lesa
humanidad. Se comprobó la coordinación
represiva entre los países de la región
bajo el Plan Cóndor. Se reconoció, por
parte de las Fuerzas Armadas, la
existencia de vuelos clandestinos con
personas que continúan desaparecidas".
De todas formas "a pesar de los avances en la política de
DDHH" de esta administración, la Ley de
Caducidad "continúa siendo un obstáculo
real para la Justicia", ya que se
"impide juzgar los crímenes de lesa
humanidad ocurridos en nuestro
territorio".
La carta explica que "si el Poder Legislativo advierte que
una ley tiene un vicio jurídico
intrínseco, de forma o de fondo, que
causa su nulidad absoluta, no solamente
tiene el derecho de declarar su nulidad,
sino que debe hacerlo" y añade que, el
hecho que la normativa no haya sido
"removida" en referendum "no modificó
cualitativamente su contenido
antijurídico, ni lo convalidó".
"Los artículos 1º a 4º de la ley de caducidad no cambiaron su
naturaleza jurídica por el referéndum:
si nacieron nulos, siguen siendo nulos y
es posible declararlos inexistentes",
por lo que "nada impide a los
representantes de la soberanía nacional
ajustar las realidades antijurídicas al
Derecho con la sustentabilidad política
que les brinda su investidura
democrática", sostienen los firmantes.
"Las generaciones actuales reclaman remover los lastres de
las amenazas militares del pasado" y
"reclaman construir un modelo de
convivencia social con plena vigencia de
los derechos humanos, sin miedos, sin
impunidad y sin obstáculos para juzgar a
quienes, amparados en el poder de la
dictadura, cometieron las más crueles
violaciones de los derechos humanos".
Luego de 20 años de la aprobación de la normativa "no es
admisible" que "el país siga amarrado a
las condiciones impuestas por
situaciones políticas de la dictadura.
Entre 1984 y hoy, el mundo ha cambiado.
Nuestro Uruguay ha cambiado. La
impunidad ha retrocedido y las normas
del derecho internacional de los
derechos humanos extienden,
inconteniblemente, su gravitación".
"Declarar la nulidad de la Ley de Caducidad es un imperativo
histórico, moral y jurídico, que debe
estar por encima de coyunturas
políticas", además "hace a la esencia
misma del desafío que implica enfrentar
el pasado y la supervivencia de la
'sociedad represiva' encarnada en la
impunidad. Sólo así se podrá avanzar en
la consolidación de los valores que
deben cimentar el entramado social y en
el modelo de convivencia inspirado en la
matriz de los derechos humanos,
concebidos estos como un todo dinámico,
interdependiente e indivisible",
mientras que también la anulación "hace
a la esencia misma de la preservación y
profundización de la democracia, ya que
no es ni será posible consolidar un
Estado de Derecho democrático y pleno
sin asumir que la Justicia es un
elemento innegociable del modelo
cultural inherente a la democracia,
cuando se trata de dar respuesta a
situaciones que califican como "crímenes
de lesa humanidad".
Ante estos motivos los firmantes ratificaron el "compromiso
puntual y concreto de conjugar esfuerzos
para lograr que se declare la nulidad de
las normas de impunidad de la Ley de
Caducidad", mientras que se llama a
"construir un movimiento nacional
participativo, plural, democrático,
flexible y abierto a todas las personas,
organizaciones políticas y sociales, el
cual, estará basado en el mutuo respeto
de sus integrantes e inspirado en la
concepción interdependiente e
indivisible de todos los derechos
humanos, consolide un espacio común en
pro de la nulidad de la Ley de
Caducidad, bajo una coordinación
permanente y adecuada para cumplir con
el objetivo trazado".
Firman la convocatoria los senadores Margarita Percovich,
Rafael Michelini, Eduardo Lorier y
Victor Vaillant, el presidente honorario
del PIT-CNT, José D'Elía, la ex
presidenta de la Suprema Corte de
Justicia, Dra. Jacinta Balbela de Delgue,
los ex diputados Hugo Cores, Guillermo
Chifflet y Oscar López Balestra, el
Gral. (r) Víctor Licandro, los abogados
Pablo Chargoña, Walter de León, María
Elhordoy, Oscar López Goldaracena y
Hoenir Sarthou, Sara Méndez, Eduardo
Aparicio, Raúl Olivera y Daniel
Viglietti. También apoyan la creación de
esta coordinadora Amnistía Internacional
Uruguay, Asociación de Familiares de
muertos y Detenidos por la Dictadura,
Comisión de Familiares de Asesinados
Políticos, Crysol, Fucvam, el PIT-CNT,
Serpaj, Sersoc, el Semanario Brecha, y
casi una veintena de familiares de
detenidos desaparecidos.
