La crisis institucional que vive Ecuador por la destitución de 57 de los cien diputados por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE) no tiene visos de solución a corto plazo, ya que el Congreso Nacional todavía no ha logrado el quórum necesario para reunirse, debido a que los diputados suplentes no pueden tomar posesión del cargo y los cesados tratan de aferrarse a sus puestos.

 

El golpe al Congreso opositor de derecha es una victoria de Rafael Correa en el camino a la Asamblea Constituyente, y un punto de quiebre para fortalecer su gobierno, dejar de lado ciertas ambigüedades e iniciar inmediatamente la profundización de los cambios políticos, económicos y sociales sin necesidad de esperar la Asamblea Constituyente.

 

Si bien Correa apoyó la medida del TSE, ha intentado mantener distancia del conflicto entre el tribunal y el Congreso, aunque la Constitución lo faculta para llamar a un Congreso Extraordinario y otorgarles la titularidad a los diputados suplentes, en caso de que se reitere la falta de quórum en las sesiones ordinarias.

 

Correa señaló a Brecha que por el momento eso no está pensado, pero que si los diputados destituidos siguen intentando “crear el caos y fomentando la violencia”, podría intervenir. Una medida como ésa podría fortalecerlo mucho más.

 

Estudios no divulgados manejados por las fuerzas armadas señalan que más del 90 por ciento de la población apoya la destitución de los diputados y la firmeza en la actuación del gobierno. Con ese telón de fondo los diversos movimientos sociales han convocado a movilizaciones en apoyo a la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente y a la destitución de los diputados.

 

Festejen, ecuatorianos

 

Representantes de diversas organizaciones sociales, en especial de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), se movilizaron durante estos días hacia el Parlamento para festejar la destitución de los parlamentarios.

 

El activista y ex sacerdote Eduardo Delgado, del Frente Somos Poder Constituyente, convocó a todos los sectores políticos y sociales de izquierda a una “gran alianza social y política” con miras a las elecciones para una Asamblea Constituyente. El Frente está integrado por decenas de movimientos y organizaciones de todo el país, cuya fuerza principal es la CONAIE.

 

“Vamos unidos contra las viejas estructuras neoliberales de explotación social. La Constituyente debe ser una instancia de cambio radical. No podemos permitir que quieran transformarla en un simple laboratorio de fabricación de cualquier Constitución”, dijo Delgado a Brecha.

 

Por su parte, el presidente de la CONAIE y líder histórico del poderoso movimiento indígena, Luis Macas, declaró: “Vamos a gobernar desde la Constituyente. Vamos a barrer con el viejo Estado y acabar con los privilegios de un puñado de ricos”.

 

También anunció que el 15 de marzo el Frente Somos Poder Constituyente realizará la primera “preconstituyente popular”, en la que participarán cientos de representantes de todo el país.

 

Las encuestadoras calculan que la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente es respaldada por más del 80 por ciento de los consultados.

 

Crisis institucional

 

Ecuador sufre desde 1996 una endémica crisis institucional que derivó en la caída de varios presidentes. La actual fase de la crisis se precipitó la semana pasada, cuando se instaló una puja entre la mayoría parlamentaria y la mayoría de los miembros del TSE, que cuentan con el apoyo del presidente Rafael Correa.

 

Con el voto de sus 57 miembros hoy destituidos, el Congreso legislativo relevó el martes 6 de marzo al presidente del TSE, Jorge Acosta, por haber convocado a plebiscito para que la ciudadanía decida si está de acuerdo con la creación de una Asamblea Constituyente sin el aval parlamentario. Además, presentaron al Tribunal Constitucional un recurso contra la convocatoria, que permitiría a la Asamblea clausurar el Congreso y destituir a los legisladores una vez instalada. El Congreso había aprobado un estatuto que, en cambio, no permitiría la destitución.

 

Según la Constitución, los siete integrantes del TSE son designados por el Congreso en representación de los siete partidos más votados. Pero para destituir a uno o varios de esos miembros el Poder Legislativo primero debe someterlos a juicio político, lo que no se cumplió en el caso de Acosta, representante en el tribunal del populista Partido Sociedad Patriótica (PSP) del ex presidente Lucio Gutiérrez.

 

El PSP decidió apoyar la destitución de Acosta porque no cumplió con el estatuto surgido del Congreso, como le instruyó ese sector político. Pero no todos sus legisladores fueron destituidos, pues algunos no estaban presentes cuando se tomó la resolución contra el tribunal.

 

El TSE, con el voto de cuatro de los siete integrantes, decidió el miércoles 7 destituir a los legisladores que votaron en favor de la resolución, con el argumento de que la ley orgánica de elecciones ordena la destitución de todo funcionario público que “interfiera” con “los organismos electorales” en medio de un período electoral, así como la suspensión por un año de sus derechos políticos. El 13 de febrero pasado, en la convocatoria a la consulta sobre la Asamblea, el TSE declaró como período electoral “el lapso comprendido desde el 15 de febrero hasta el 15 de mayo de 2007”.

 

Por lo tanto, la mayoría del tribunal adujo en su resolución que Ecuador está “en lo que podríamos denominar estado de emergencia electoral, por lo que ningún organismo ni persona natural o jurídica puede realizar acto alguno que impida u obstaculice” el proceso. En la resolución también se decidió notificar al “comandante general de la policía para que haga cumplir de modo inmediato las sanciones antes impuestas, utilizando para ello todos los medios que legalmente sean necesarios”.

 

En suspenso

 

El presidente Correa apoyó la medida del tribunal y se comprometió mediante un comunicado a hacer cumplir la resolución del cuerpo. El edificio del Congreso Nacional amaneció el jueves 8 acordonado por 350 policías que impedían el ingreso de los diputados. Lista en mano, los policías sólo permitían el ingreso de los diputados que no habían sido destituidos y de los suplentes de los destituidos.

 

El presidente del Congreso, Jorge Cevallos, señaló que la resolución del TSE no será acatada, porque “no tiene asidero legal y busca solamente enfrentamiento entre instituciones y generar el caos”. El legislador presentó un pedido de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional, pero éste lo rechazó.

 

Mientras varios legisladores destituidos comienzan a desistir de su intención de ser reintegrados, la mayoría de los suplentes de los diputados cesados ha señalado su intención de ingresar al Parlamento para asumir los cargos que están vacantes. El propio presidente del Congreso señaló que debía acatar la decisión del Tribunal Constitucional, y convocó para el próximo martes 20 una nueva reunión del Poder Legislativo.

 

 

En Quito, Kintto Lucas

Convenio Brecha / Rel-UITA

19 de marzo de 2007