La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT) rechaza la decisión unilateral  del Gobierno, que desconociendo al Congreso de la República permitirá a las Fuerzas Armadas estadounidenses operar en actividades antidrogas y antiterroristas desde las bases militares colombianas de Malambo (Atlántico), Palanquero (Cundinamarca) y Apiay (Meta), además de la posibilidad de otras dos donde ya hay personal asignado de Estados Unidos: Larandia (Caquetá) y Tolemaida (Tolima).

La CUT exige al Gobierno el respeto a la soberanía nacional a través del levantamiento de esas bases del territorio colombiano, puesto que esta decisión va en contravía a los caminos de paz que se han buscado, profundizará el conflicto interno y generará conflictos externos.

Estas bases concedidas graciosamente por el régimen uribista a los Estados Unidos a espaldas de la Nación y del Congreso, se suman a las más de 700 que ya tiene esta potencia en todo el mundo. El acantonamiento de tropas extranjeras en Colombia está prohibido por la Constitución Nacional, la cual sólo permite el tránsito autorizado previamente por el Congreso y bajo concepto favorable del Consejo de Estado. Sin embargo, en virtud de este acuerdo, habrá permanentemente en Colombia, por lo menos, 1400 soldados norteamericanos, 800 de manera directa y otros 600 bajo el eufemismo de “Contratistas” con que los Estados Unidos han disfrazado las tropas en sus guerras mercenarias.  

Con esta grave decisión que vulnera la soberanía nacional, Colombia se convierte de hecho en un país hostil para los vecinos de la región, al  transformarse en punta de lanza de la expansión de los Estados Unidos. Con esto, no sólo se le entrega a la potencia del norte patente de corso para intervenir en nuestros asuntos internos bajo el pretexto de la lucha antinarcóticos y antiterrorista, sino que se le facilita la infraestructura militar  y tecnológica para que desde nuestro territorio se perpetúen ataques y bombardeos a cualquier país de América Latina y del Caribe.

Esta determinación, que además incluye la insólita cláusula de impunidad judicial para las actuaciones de las tropas norteamericanas en Colombia sin importar que sean delictivas, es prueba fehaciente de los grados de abyección a los que es capaz de llegar el actual gobierno para lograr que el Congreso Norteamericano finalmente le dé vía libre el TLC y sostenga los  flujos de dineros para el fracasado Plan Colombia, eje de la tiránica política de la seguridad democrática.

La CUT exige que estos acuerdos secretos sean echados atrás y que nuestro país no cumpla el dudoso honor de reemplazar con todo el territorio nacional disponible la cerrada base de Manta que el gobierno soberano de Ecuador en buena hora desalojó de su territorio. 

TARSICIO MORA GODOY                    DOMINGO TOVAR ARRIETA

Presidente                                       Secretario General

              RAUL ARROYAVE ARANGO

     Director Departamento Relaciones Internacionales