La Confederación Sindical Internacional
vuelve a constatar con enorme
preocupación que los asesinatos,
atentados y amenazas de muerte no
arredran en Colombia y que las
autoridades no se abocan realmente a
llevar a cabo una investigación
exhaustiva de los delitos cometidos casi
diariamente contra el movimiento
sindical.
El clima de hostigamiento, amenazas y ataques
contra los líderes sindicales es algo ya
difícil de soportar. En lo que va del
año, son 10 los trabajadores y
trabajadoras que han pagado con su vida
el hecho de ser sindicalistas y luchar
por mejorar la suerte de la clase
trabajadora colombiana. Los
sindicalistas asesinados o amenazados
provienen de todos los sectores,
maestros, bancarios, salud. El 2 de
febrero, cuando se encontraba cumpliendo
con sus labores en el Parque Nacional la
Macarena, José Martín Duarte Acero
de SINTRAMBIENTE-CGT recibió un
balazo por la espalda, falleciendo
minutos después de dar conocimiento del
hecho a sus familiares a través de su
teléfono celular.
Rafael Boada,
Presidente del sindicato de empleados
bancarios UNEB, Seccional
Bucaramanga fue víctima de un ataque
armado el 7 de marzo. Dos individuos en
una moto le hicieron dos disparos que
impactaron en el parabrisas.
Afortunadamente salió ileso. Ya había
recibido varias amenazas de muerte.
Varios de estos asesinatos ocurrieron
extrañamente en torno a la marcha "Por
la Dignidad de las Víctimas"
realizada en Colombia el 6 de
marzo con el apoyo del movimiento
sindical en homenaje a -y en solidaridad
con- todas las víctimas de la
arbitrariedad y del conflicto armado y,
por supuesto, con los familiares de los
2.574 sindicalistas asesinados; con los
más de cuatro millones de desplazados,
que en gran parte fueron despojados de
sus tierras y pertenencias; con los más
de 10 mil desaparecidos; con los cientos
de personas secuestradas y con los miles
de asesinados en cientos de masacres y
atentados selectivos.
En una
carta enviada al Presidente Uribe por la
CSI, su secretario general,
Guy Ryder le exhorta a llevar a
cabo una investigación exhaustiva de
todos los delitos cometidos y le ruega,
en particular, desplegar las medidas de
seguridad necesarias a fin de que no se
vayan a cumplir las amenazas de
asesinatos proferidas. Los mismos hechos
se comunicaron a la oficina
internacional del trabajo (OIT)
dentro del marco de una queja oficial de
la CSI en contre del gobierno colombiano
por violaciones repetidas de la libertad
sindical.
"Es menester -dice Guy Ryder- poner fin a
todos los actos de hostigamiento contra
los miembros de las organizaciones
sindicales, identificar a los
responsables, llevarlos ante un tribunal
competente e imparcial y aplicarles las
sanciones previstas por la ley a los
efectos de que estos crímenes no caigan
en la impunidad total y que los
trabajadores/as colombianos puedan
ejercer sus derechos libremente sin
poner en peligro sus vidas".
Tomado de
