Al menos 122 personas acusadas de haber violado los derechos humanos durante el régimen militar (1976-1983) fueron encarceladas en Argentina a partir de la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida, informó este lunes 27 el diario Página/12.

La cifra incluye también a los acusados de apropiarse de hijos de detenidos-desaparecidos, un delito que no fue cubierto por las leyes dictadas en 1985 y 1987, las cuales libraron de responsabilidad penal a quienes intervinieron en la llamada "guerra sucia" lanzada por los militares contra la subversión.

Esas leyes fueron anuladas en agosto de 2003 por el Parlamento argentino, pero, además, antes varios jueces las habían declarado inconstitucionales.

La Corte Suprema aun no se pronunció respecto a la decisión del Congreso de anular esas normas, lo que está retrasando el inicio de juicios orales.

Pese a ello, "las causas sobre violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura avanzan en todo el país. A veces con mayor publicidad, a veces en sigilo", señala Página/12 en este informe basado en cifras de una organización no gubernamental y de la Procuración General de la Nación.

De los al menos 122 presos, dos están en España y sólo tres son militares o policías en activo. Además hay 19 prófugos, seis que fueron detenidos pero a los que la justicia liberó por falta de pruebas y tres declarados incapaces.

Entre los presos más conocidos están Emilio Massera, Jorge Rafael Videla, Luciano Benjamín Menéndez, Antonio Bussi, Alfredo Astiz, Carlos Suárez Mason, Reinaldo Bignone y Eduardo Harguindeguy.

El diario menciona que 48 personas con antecedentes por violaciones de derechos humanos murieron antes de la anulación de las leyes, según los registros del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y de la Procuración General de la Nación.

Los principales expedientes abiertos a partir de que las llamadas leyes de perdón perdieron vigencia son cuatro.

Dos son las llamadas "megacausas" referidas a la Escuela de Mecánica de la Armada y el Primer Cuerpo de Ejército, que fueron cerradas cuando se sancionaron las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y reabiertas cuando el Congreso anuló esas normas.

Entre las dos causan suman más de 40 imputados y en ambos casos hay partes listas para ir a juicio oral.

Otra causa importante es la referida al Plan u Operación Cóndor, como se conoce la alianza de las dictaduras del Cono Sur para eliminar opositores.

En Argentina hay 20 personas presas por este motivo y además, en Chile, está procesado por crímenes de la Operación Cóndor el ex dictador Augusto Pinochet.

La cuarta causa importante, con 29 detenidos, tiene que ver con un golpe contra la organización armada Montoneros en el que se cree que hubo connivencia de dirigentes de esa organización.

EFE

28 de diciembre de 2004