Si la cancillería colombiana insiste oficialmente en establecer normas de lenguaje para la comunidad internacional que coopera con esta nación, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) "tendría que considerar la retirada del país",

dijo a IPS su director, Roberto Meier.

Meier es el primer diplomático que se expresa públicamente sobre los "Lineamientos para el enfoque de los proyectos de cooperación internacional", remitidos el 8 de este mes por el alto comisionado de paz de la Presidencia, Luis Carlos Restrepo, a embajadores, agencias del sistema de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) e instituciones de cooperación.

El documento pide omitir de los textos de esas entidades las expresiones "conflicto armado interno", "actores armados", "actores del conflicto", "actores no estatales", "comunidad de paz", "territorio de paz", "región o campo humanitario", "protección civil" y "observatorio de situación humanitaria", así como renunciar a actividades denominadas "humanitarias", entre otras limitaciones.

"Se puede hablar de un derecho internacional de los refugiados y hay una terminología que venimos utilizando hace 50 años, que ha sido aprobada por la Asamblea General (de la ONU), y eso no lo cambia un Estado", dijo el director de la oficina del ACNUR, organismo presente en Colombia desde 1997.

"El ACNUR está en 116 países, en su mayoría aquellos donde hay conflicto, tanto conflicto armado no internacional como conflicto internacional", sostuvo.

"Un Estado no tiene la potestad ni el derecho de decir a otros estados, por ejemplo, que están cooperando con él, cuál es el vocabulario que pueden utilizar o no. Para ello hay mecanismos muy claros de Naciones Unidas", agregó.

"Si un Estado quiere cambiar (la terminología), se dirige a la Asamblea General para que se cambien esos términos. Esos son los canales apropiados. Por lo tanto, para nosotros ese documento es inexistente", indicó.

"Si Colombia hubiese decidido que esos lineamientos entren en vigor, tendría que haberlos pasado a través de los canales apropiados. Al no haberlo hecho, creemos que esos lineamientos son simplemente un boletín interno del gobierno nacional", señaló.

El lunes, la canciller Carolina Barco respaldó el contenido del documento, pero no la forma en que fue distribuido al cuerpo diplomático y agencias de cooperación, y anunció que haría reuniones con los representantes para explicar los lineamientos.

Pero si este documento se recibiera a través de la cancillería, "entonces ya sería otro cantar. Si es así, entonces creo que sinceramente tendría que considerar la retirada del ACNUR del país".

La advertencia de Meier aparece un día después de una reunión en Bogotá del G-24, como se conoce al grupo de países donantes de Colombia y que integran también el sistema de la ONU y la banca multilateral. El contenido de la reunión no trascendió, pero las declaraciones de Meier dejan poco espacio para la imaginación.

"La posición sería que si (el documento) llega oficialmente de parte de la canciller, sería el Estado colombiano queriendo imponer unos términos.. Tendríamos que analizar muy profundamente y considerar si bajo esos términos nosotros podríamos seguir colaborándole al Estado colombiano", añadió Meier.

El ACNUR es una de las fuentes del capítulo Colombia del informe sobre la situación humanitaria en el mundo que presentará el subsecretario de la ONU para asuntos humanitarios, Jan Egeland, el próximo martes 21.

Tras lustros de ocuparse únicamente de quienes huyen cruzando fronteras, técnicamente refugiados, a mediados de los 90 la agencia humanitaria de la ONU decidió ampliar su mandato hacia los desarraigados dentro del propio país (desplazados).

El gobierno colombiano, conservador en cuanto a las cifras de la crisis humanitaria generada por la guerra interna de más de cuatro décadas, ya reconoce que los desplazados superan los dos millones. La no gubernamental Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) sitúa la cantidad en 3,2 millones desde 1985.

Existe el rumor de que el informe de Egeland exhibirá un grave panorama en este país andino, que Bogotá ya conoce su contenido y que éste no fue bien recibido.

Mientras tanto, se espera un pronunciamiento de la sociedad civil colombiana reunida en el Consenso de Cartagena sobre los Lineamientos.

El Consenso aglutina al empresarial Consejo Gremial Nacional, la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica, el Consejo Nacional de Planeación (organismo consultivo previsto en la Constitución), la Confederación de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines por una Cooperación para la Democracia y la Paz.

El comunicado será "de rechazo" a los lineamientos, adelantó a IPS Jorge Rojas, director de Codhes, una de las organizaciones de la Alianza.

La Alianza fue establecida con motivo del encuentro de donantes de Londres, en julio de 2003, cuando se creó el G-24 que condiciona el incremento de la cooperación internacional a que gobierno y Estado colombianos cumplan una serie de recomendaciones emanadas de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.

El G-24 se encontró nuevamente en la septentrional Cartagena de Indias en febrero. En esa ocasión las organizaciones colombianas conformaron el Consenso de Cartagena, que ya se ha expresado dos veces.

En lo que será el tercer comunicado del Consenso, "primero le preguntamos al gobierno si el proceso de Londres sigue vigente o no, pues éste incluye una serie de concertaciones entre el gobierno, la cooperación internacional y las ONG, que contradicen los Lineamientos de Restrepo", dijo Rojas.

También "advertimos públicamente que el gobierno está poniendo serios y graves obstáculos para la cooperación internacional con Colombia, en un momento en el que se profundiza la crisis humanitaria y aumentan las víctimas civiles del conflicto", añadió.

Según Meier, "la situación sigue difícil, compleja, hay cada vez más desplazados todos los días, en pocas cantidades, pero si sumamos el total, sigue subiendo"

Constanza Vieira
Convenio La Insignia / Rel-UITA

20 de  junio del 2005.