Amnistía Internacional (AI) pidió hoy al primer ministro británico, Tony Blair, que no apoye la nueva ley de justicia y paz de Colombia cuando se reúna con el presidente Álvaro Uribe, posiblemente el próximo jueves.

El presidente colombiano visitará durante un día el Reino Unido, después de su estancia de tres días en España, donde animó a los empresarios a invertir en su país y pidió el respaldo oficial a la mencionada ley, que sienta el marco jurídico para la desmovilización de los grupos armados ilegales que participan en el proceso de paz de 2002.

En su visita a Londres, está previsto que el presidente Uribe se reúna con el primer ministro y también con el titular de Exteriores del Reino Unido, Jack Straw, aunque el programa es aún susceptible de cambios, según fuentes de la Embajada colombiana.

En todo caso, Amnistía pidió hoy al Gobierno británico que no respalde "ni política, ni económicamente" la ley de justicia y paz y que inste al presidente a presentar un nuevo texto que garantice "el derecho a la verdad, justicia y la reparación a las víctimas" de los crímenes cometidos.

La organización de derechos humanos fue incluso más allá y pidió a Uribe "que no ratifique la ley (actualmente en el Congreso) y que la sustituya por un texto nuevo", indicó Marcelo Pollack, responsable para Colombia.

Según Amnistía, la ley que el Gobierno colombiano "vende" como la solución para la desmovilización y castigo de los paramilitares, garantiza, en realidad, "su impunidad".

La legislación afecta, de momento, a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), los únicos que participan en la negociación de paz con el Gobierno, que se inició en 2002 con un alto el fuego.

Aunque, "desde ese supuesto alto el fuego, han desaparecido más de 2.000 personas" en el país latinoamericano, denuncia AI.

Según la organización, la ley tiene muchas lagunas.

Por ejemplo, no pone medios para el desmantelamiento de la estructura de los grupos, con lo cual pueden reorganizarse con facilidad e impunidad.

Las penas son "insuficientes", de 5 a 8 años, y tampoco da tiempo para investigar los hechos, ya que establece un máximo de 60 días por caso para crímenes que pueden remontarse a hace diez años.

No hay incentivos para que los acusados colaboren con las autoridades y si mienten en su declaración no serán castigados a menos que se demuestre que lo hicieron "con mala fe", critica AI.

Sólo afecta a los paramilitares "que están bajo investigación", unos cientos, mientras que "unos 4.800 han recibido amnistías bajo el decreto 128 de enero de 2003", añade.

Otro gran fallo de la ley, según sus críticos, es que no tiene en cuenta a las víctimas, que, entre otras cosas, "difícilmente podrán recuperar toda la tierra que le fue confiscada".

Por otra parte, AI pidió a Colombia que presente un calendario concreto para la aplicación de las recomendaciones de la ONU sobre derechos humanos, a lo que se ha comprometido en varias ocasiones.

EFE

12 de julio de 2005