En su informe
anual, titulado "Resonaron las voces de los jamás
escuchados", Amnistía Internacional destaca la labor de la
Comisión para la Paz, que presentó su informe final en abril
de 2003, pero alerta de la falta de avances para castigar a
los culpables de los crímenes.
Amnistía
Internacional (AI) recuerda que nadie ha sido procesado aún
en Uruguay por la muerte de 26 personas a causa de torturas
durante el régimen militar y expresa su temor de que el
Gobierno esté interfiriendo en la labor del poder judicial.
Según AI, las
autoridades mostraron indicios de querer ampliar el ámbito
de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado
(1986) que exime del castigo a los policías y militares
responsables de violaciones de derechos humanos previas a
marzo de 1985.
En este sentido,
señala la detención de un ex ministro de Exteriores –Juan
Carlos Blanco– acusado del encarcelamiento ilegal de Elena
Quinteros, "desaparecida" en 1976 tras ser sacada a la
fuerza de la embajada venezolana en Montevideo, donde había
buscado refugio.
"Esta era la
primera vez que se detenía a alguien por violaciones de
Derechos Humanos cometidas durante el régimen militar", dice
el informe, en el que se añade que, no obstante, "el ex
ministro obtuvo la libertad condicional y (...) se hallaba
en espera de juicio".
AI subraya que "se
temió seriamente que el Gobierno estuviese interfiriendo en
la labor del poder judicial cuando se pidió a un juez que
dejara de investigar la posibilidad de que hubiese cuerpos
de personas 'desaparecidas' enterrados en recintos
militares".
Sobre la situación
actual, la organización destaca la denuncia de que "hubo
informes sobre tortura y malos tratos a detenidos" y
constata que "se iniciaron investigaciones sobre estas
denuncias", aunque "ninguna se había completado al terminar
el año".
Relata también el
caso del ciudadano egipcio Al-Sayid Hassan Mujlis,
extraditado a su país en julio pasado, "pese al temor de que
corriera un grave riesgo de sufrir violaciones de Derechos
Humanos".
Su extradición,
por su presunta vinculación con la organización radical Al-Gama'a
Al Islamiya, se llevó a cabo "pese a la existencia de
indicios sólidos de que varios presuntos miembros de grupos
armados islamistas habían sido torturados tras ser devueltos
a Egipto".
