El informe anual de AI acusa a
los gobiernos occidentales de orillar sus principios
humanitarios con el pretexto de la lucha contra el
terror, y es especialmente duro con el "intervencionismo
humanitario" de Washington y Londres que permite invadir
países y crucificar libertades para "exportar la
democracia". La población más desprotegida y pobre del
mundo paga el precio de la guerra contra el terror.
El 2005 ha sido un año de contradicciones en el que los
signos de esperanza para los derechos humanos se han
visto menoscabados por el engaño y las promesas
incumplidas de las grandes potencias, según ha
manifestado Amnistía Internacional con motivo de la
publicación de su informe anual. Durante su intervención
en la presentación del Informe 2006 de Amnistía
Internacional, la secretaria general de Amnistía
Internacional, Irene Khan, ha afirmado
que el programa de seguridad de los poderosos y
privilegiados ha secuestrado las energías y la atención
del mundo apartándolas de las graves crisis de derechos
humanos que tienen lugar en otros lugares.
“Hubo gobiernos que, tanto colectiva como
individualmente, paralizaron instituciones
internacionales y malgastaron recursos públicos en pos
de mezquinos intereses de seguridad, sacrificaron
principios en nombre de la ‘guerra contra el terror’ y
no se dieron por enterados de las violaciones
generalizadas de derechos humanos. Como consecuencia de
ello, el mundo ha pagado un alto precio en términos de
erosión de los principios fundamentales y también en la
forma de un daño enorme a la vida y los medios de vida
de la gente corriente”, ha manifestado la señora Khan.
“La atención intermitente y la actuación endeble de las
Naciones Unidas (ONU) y la Unión Africana distaron mucho
–y penosamente– de ajustarse a las necesidades que
planteaba la situación en Darfur”, ha asegurado Irene
Khan en relación con un conflicto que se ha cobrado
miles de vidas, que ha causado millones de
desplazamientos y en el que todas las partes en
conflicto siguen cometiendo crímenes de guerra y
crímenes de lesa humanidad.
Irak se sumió en una espiral de violencia sectaria en
2005. La señora Khan ha advertido: “Cuando
los poderosos son demasiado arrogantes para reevaluar y
reformar sus estrategias, el precio más alto lo pagan
las personas más pobres y desprotegidas, que en este
caso son los ciudadanos y ciudadanas corrientes de Irak”.
El problema de Israel y los Territorios Ocupados se
retiró de la agenda internacional en 2005, lo que
intensificó la penuria y desesperación de los palestinos
y los temores de la población israelí.
Los ataques de los grupos armados en 2005 alcanzaron
nuevas cotas de brutalidad e intensidad y se cobraron un
gran número de vidas humanas.
“El “terrorismo” de los grupos armados no tiene excusa,
es inaceptable. Sus autores deben ser obligados a
comparecer ante la justicia, pero en un proceso con
garantías, no a través de torturas o detención secreta.
Por desgracia, la brutalidad creciente de estos actos en
todo el mundo el año pasado no es si no otro amargo
recordatorio de que la ‘guerra contra el terror’ ha
fracasado y seguirá fracasando hasta que se conceda
prioridad a los derechos humanos y a la seguridad de las
personas por encima de mezquinos intereses nacionales de
seguridad”, ha afirmado Irene Khan.
“Sin embargo, en 2005 también hubo claras señales de
esperanza en contraposición a la desesperación.” El año
pasado pudimos presenciar una de las mayores
movilizaciones de la sociedad civil en la lucha contra
la pobreza y a favor de los derechos económicos y
sociales. La cumbre de la ONU, en la cual se examinaron
los avances en el cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio, puso de manifiesto el
estrepitoso fracaso de los gobiernos a la hora de lograr
una actuación acorde a las promesas contraídas. Por
ejemplo, dijeron defender los
derechos humanos de las mujeres pero no cumplieron los
objetivos internacionales de igualdad de acceso a la
educación para las niñas.
En 2005, el movimiento en favor de la justicia se apuntó
otro tanto con los primeros autos de procesamiento
dictados por la Corte Penal Internacional por crímenes
de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos en
Uganda. En Latinoamérica se quebró la inmunidad de
anteriores jefes de Estado con el arresto domiciliario
impuesto a Augusto Pinochet y la orden de detención
internacional cursada contra Alberto Fujimori.
Gobiernos de grandes potencias tuvieron que rendir
cuentas ante sus tribunales e instituciones públicas. El
tribunal de máxima instancia en el Reino Unido rechazó
un plan del gobierno británico para utilizar confesiones
obtenidas mediante tortura. El Consejo de Europa y el
Parlamento Europeo abrieron sendas investigaciones sobre
la participación europea en las “entregas
extraordinarias” dirigidas por Estados Unidos, y también
sobre el traslado ilegítimo de detenidos a países donde
corrían peligro de ser torturados o sufrir otros abusos.
Fue saliendo a la luz un dato tras otro que revelaba en
qué medida los gobiernos europeos habían colaborado con
Estados Unidos en los delitos, contraviniendo la
prohibición absoluta de tortura y malos tratos y
delegando las tareas de tortura mediante la
transferencia de detenidos a Estados como Egipto,
Jordania, Marruecos, Arabia Saudí y Siria, en los que se
sabe que se practica la tortura.
“Resulta lamentable que algunos gobiernos hayan tratado
de buscar nuevas formas de eludir sus obligaciones en
lugar de aceptar y considerar positivos los esfuerzos de
tribunales y cámaras legislativas para restablecer el
respeto de los principios fundamentales de derechos
humanos”, ha manifestado la señora Khan.
El Reino Unido solicitó “garantías diplomáticas” –o
garantías documentales– para devolver a personas a
países donde corrían peligro de ser torturadas.
En Estados Unidos se aprobó legislación que reafirmaba
la prohibición de la tortura y los malos tratos con la
oposición del presidente, George Bush; pero a
continuación se procedió a imponer duras restricciones
sobre el derecho de las personas detenidas en Guantánamo
a que un tribunal federal examine el trato que reciben.
“Con la misma contundencia que
condenamos los atentados “terroristas” contra la
población civil, debemos oponernos al argumento
esgrimido por los gobiernos de que es posible combatir
el terror mediante la tortura. Semejante argumento es
engañoso, peligroso y erróneo: no se puede apagar un
fuego con gasolina”, ha manifestado
Irene Khan.
“El doble discurso y la doble moral de las grandes
potencias son peligrosos porque debilitan la capacidad
de la comunidad internacional para enfrentarse a
situaciones problemáticas de derechos humanos como las
de Darfur, Chechenia, Colombia, Afganistán, Irán,
Uzbekistán y Corea del Norte. Permiten que los autores
de abusos en estos y otros países actúen con impunidad.”
“Cuando el gobierno británico guarda silencio respecto a
la reclusión arbitraria y los malos tratos en
Guantánamo, cuando Estados Unidos hace caso omiso de la
prohibición absoluta de la tortura, o cuando los
gobiernos europeos enmudecen respecto a su historial en
materia de entregas extraordinarias, racismo o
refugiados, están menoscabando su propia autoridad moral
para liderar la defensa de los derechos humanos en otros
lugares del mundo.”
“Fue un año en que la ONU perdió demasiado tiempo en
debatir sobre la reforma y la composición de sus
instituciones clave y en cambio no prestó atención a la
actuación de dos de sus miembros principales, China y
Rusia, que han permitido sistemáticamente que sus
propios intereses políticos y económicos prevalezcan
sobre los problemas de derechos humanos en el ámbito
nacional o internacional.”
“Aquellos en quienes recae la responsabilidad principal
de salvaguardar la seguridad mundial en el Consejo de
Seguridad de la ONU demostraron en 2005 que eran los más
dispuestos a paralizar el Consejo e impedir que adoptara
medidas efectivas en materia de derechos humanos.
“Los gobiernos de las grandes potencias están jugando un
peligroso juego con los derechos humanos. El historial
de conflictos prolongados y abusos crecientes contra los
derechos humanos está ahí, a la vista de todo el mundo.”
El año 2005 fue el comienzo de un cambio de disposición
en la opinión pública. “Esta presión incipiente debe
emplearse con eficacia para transformar en acción la
falta de responsabilidad internacional”, ha pedido la
señora Khan.
Estas son las
peticiones clave
de Amnistía
Internacional en 2006:
-
A las Naciones Unidas (ONU) y a la Unión Africana,
que aborden el conflicto de Darfur y pongan fin a
los abusos contra los derechos humanos que se
cometen allí;
-
A la ONU, que negocie la aprobación de un Tratado
sobre el Comercio de Armas que regule el comercio de
armas pequeñas para que no sea posible emplearlas en
la comisión de abusos contra los derechos humanos;
-
Al gobierno de Estados Unidos, que cierre el campo
de detención de Guantánamo y revele el nombre y la
localización de todas las personas detenidas en
otros lugares como parte de la “guerra contra el
terror”;
-
Al nuevo Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que
insista en la igualdad de criterios de respeto a los
derechos humanos por parte de todos los gobiernos,
ya sea en Darfur o en Guantánamo, en Chechenia o en
China.
“La autoridad política y moral de los gobiernos será
progresivamente juzgada en función de su posición
respecto a los derechos humanos dentro y fuera de su
país. Más que nunca, el mundo necesita que los países
con poder e influencia en el ámbito internacional –los
miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU,
así como aquellos que aspiran a formar parte de él– se
comporten con responsabilidad y respeto por los derechos
humanos. Los gobiernos no pueden seguir jugando con los
derechos humanos”, ha manifestado Irene Khan.
