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La justicia tendrá que decidir en Brasil si
la Ley de Amnistía protege a los represores de la
dictadura que cometieron tortura y fueron
responsables de la desaparición de personas y que
hasta ahora se ampararon en la misma, dijo el
viernes el ministro de la secretaría de Derechos
Humanos, Paulo Vannuchi.
"Cuando la justicia decida, se cerrará el tema sobre
si cabe castigo o no" a los represores del régimen
militar brasileño (1964-85), dijo Vannuchi a
periodistas tras un evento en reconocimiento a
víctimas de la dictadura.
La Ley de Amnistía perdonó en 1979 a quienes
cometieron "crímenes políticos y conexos",
definición que permitió el retorno de los disidentes,
pero que también liberó de juicio a los represores.
"Los juristas deberán decidir si la palabra
'conexos' tiene poder suficiente para proteger
torturas, ocultación de cadáver, violencias sexuales,
degüello y descuartizamiento", dijo Vannuchi,
alertando que la justicia nunca se definió y
estimando que "no tardará mucho" a hacerlo.
Ello porque la fiscalía de São Paulo inició en mayo
una acción civil contra el Estado y dos ex jefes
castrenses por torturas, muertes y desapariciones
durante la dictadura y "otras fiscalías de otros
estados estudian hacer lo mismo", según Vannuchi.
"En Argentina, Chile, Uruguay
y en Paraguay comienza a haber autoridades
judiciales adoptando medidas" en ese sentido,
recordó.
La amnistía brasileña también será analizada por la
Comisión de Derechos Humanos de la Organización de
Estados Americanos (OEA) próximamente,
recordó.
"Por analogía con lo que ocurrió con la amnistía en
Perú y en Chile, existe la posibilidad
de que se pronuncie diciendo que la brasileña es una
autoamnistía" de los represores, dijo Vannuchi.
El funcionario insistió en que el gobierno no
interviene en ese tema, sino que se concentra en la
apertura de archivos para localizar 140 cuerpos de
desaparecidos víctimas de la represión.
El tema levanta fuerte polémica cada vez que se
reabre y genera opiniones encontradas en el gobierno,
donde numerosos altos cargos y ministros fueron
víctimas de la dictadura. Cualquier reinterpretación
ha sido fuertemente rechazada por las Fuerzas
Armadas.
El presidente, Luiz Inacio Lula da Silva,
intentó zanjar el tema diciendo que lo más
importante "no es sancionar a los militares sino
recuperar la historia de aquellos que fueron
perseguidos".
Vannuchi,
él mismo perseguido en la dictadura, participó este
viernes de un emocionante evento, una especie de
juicio público, en el que el estado brasileño pidió
perdón y reconoció la condición de amnistiados a
religiosos víctimas de la dictadura, en la sede de
la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB).
"La Iglesia, sea católica, evangélica, anglicana,
tuvo un papel fundamental en la protección" de los
perseguidos, dijo el ministro interino de Justicia,
Luiz Paulo Teles.
El gobierno brasileño ha aprobado 25.000 procesos de
reconocimiento de reparación a víctimas de la
dictadura, entre estos 12.000 militares que se
opusieron al régimen.
AFP
30 de septiembre de 2008
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