Para que tenga éxito la recién
iniciada campaña en favor de
anular la ley que otorgó
impunidad a militares violadores
de los derechos humanos sus
promotores deberán convencer en
primer lugar a buena parte de
los votantes de la coalición de
izquierda actualmente en el
poder en Uruguay.
La campaña es impulsada por una
Coordinadora Nacional por la
Anulación de la Ley de
Caducidad, integrada por la
mayoría de las organizaciones de
defensa de los derechos humanos,
la central sindical PIT-CNT,
la Federación de Estudiantes
Universitarios, algunos partidos
del gobernante Frente Amplio, y
decenas de otras organizaciones
sociales.
Su objetivo es reunir, antes de
fines de abril de 2009, al menos
250 mil firmas (10 por ciento
del padrón electoral uruguayo)
que habilite a la convocatoria
de un plebiscito que se
realizaría conjuntamente con las
elecciones generales, a fines de
ese mismo año.
La ley que amnistía a los
militares culpables de torturas,
desapariciones y asesinatos
cometidos durante la dictadura
(1973-1985) fue aprobada en
1986, y ratificada por un
plebiscito tres años más tarde.
Por supuesto que ese texto puede
ser anulado por el parlamento,
en el cual el Frente Amplio
dispone de una mayoría absoluta,
pero los grupos dominantes de
esta coalición, que en 1989
había promovido sin éxito la
supresión de la norma, sostienen
hoy que “el pueblo ya se
pronunció” al respecto y que
“acatarán ese fallo”.
Lo mismo sostiene el presidente
de la república, el socialista
Tabaré Vázquez, para
quien el Frente Amplio accedió
al gobierno en 2005 prometiendo
“respetar la legislación
vigente” y los anteriores
“pronunciamientos de la
ciudadanía”.
La Coordinadora Nacional
responde que el plebiscito de
1989 tuvo lugar en
circunstancias muy especiales,
en medio de una campaña de
amedrentamiento lanzada desde el
poder político de la época y
desde las Fuerzas Armadas, que
amenazaban, velada o
directamente, con la posibilidad
de un nuevo golpe de Estado en
caso de que la amnistía a los
militares fuera anulada.
“Es absurdo pretender que las
leyes no puedan ser cambiadas
aunque hayan sido ratificadas
por un plebiscito. Cualquier ley
puede ser cambiada si cambian
las mayorías políticas. Además,
hoy hay otro contexto, el miedo
no opera como en aquellos años,
cuando el terror de la dictadura
estaba todavía presente en toda
la ciudadanía, y las
generaciones más jóvenes no
tienen por qué quedar
prisioneras de una decisión
tomada casi veinte años atrás”,
subrayó uno de los portavoces de
la comisión, el abogado Oscar
López Goldaracena.
Lo cierto es que, tanto en la
propia coalición de gobierno
como en su masa de votantes las
aguas están divididas. Hasta hay
quienes dicen, en filas de la
propia izquierda, que “el tema
de los derechos humanos ya fue”,
que “el país tiene hoy asuntos
más importantes que resolver”,
que “hay que mirar para
adelante”
Otros, sin llegar a ese extremo,
aducen que “el gobierno está
aprovechando al máximo los
resquicios que la ley deja y
enviando a algunos militares a
la justicia”, y que “eso es lo
máximo que se puede hacer en
este tema”.
Las divisiones en el campo de
los grupos y partidos que se
habían embanderado en la defensa
de los derechos humanos a la
salida de la dictadura han
llegado a tal grado que la
propia Asociación de Familiares
de Uruguayos Detenidos
Desaparecidos no ha logrado una
posición común respecto a si
promover o no la anulación de la
ley de caducidad.
Hasta hace unas semanas, la
mayoría de esa organización, que
en 1989 encabezó la campaña por
la anulación de la misma norma,
esta vez prefería abstenerse.
Sin embargo, una vez que se
oficializó la iniciativa y
sindicatos y organizaciones
políticas y sociales comenzaron
a juntar firmas, la relación de
fuerzas se invirtió y hoy son
muy mayoritarios los que se
pronuncian en favor de la
anulación.
El acto público con el que se
lanzó la campaña, el martes 4 de
setiembre en un teatro céntrico
de Montevideo, dio alas a la
Coordinación.
El teatro se vio desbordado de
público, y se notó una buena
asistencia de jóvenes, algo
interpretado como alentador en
momentos en que “esa franja de
la población se muestra
reticente a participar de
actividades que se puedan
asociar a lo político”, según
dijo uno de los portavoces de la
Coordinadora.
Otro enfatizó en que “son estos,
los temas éticos, los que pueden
movilizar a los jóvenes. De allí
su importante presencia en este
acto”, al igual que en las
Marchas del Silencio que cada
año recuerdan a los
desaparecidos bajo la dictadura
y que invariablemente reúnen a
cerca de 50 mil personas.
Un plus con el que cuentan los
impulsores de la anulación es la
adhesión a la campaña de figuras
históricas o referentes éticos
del Frente Amplio, como el
general (retirado) Víctor
Licandro o el ex diputado
socialista Guillermo Chifflet,
o de intelectuales y artistas de
amplia convocatoria como
Eduardo Galeano, Mario
Benedetti o Daniel
Viglietti.
En este panorama que se les
presenta difícil en el plano
político, la Coordinadora sabe
que de reunirse rápidamente las
firmas de varias decenas de
miles de personas, a las fuerzas
políticas de la coalición de
gobierno que hoy rechazan la
idea de la anulación les
resultará al menos incómodo
mantener esa posición. Sobretodo
si se alcanza ese nivel de
adhesión antes del próximo
congreso del Frente Amplio, en
diciembre.
“Dirigentes de los grupos
moderados del Frente Amplio,
integrantes del Poder Ejecutivo
y allegados al presidente
Vázquez aseguraron que si se
llega al Congreso con 50.000
adhesiones será ‘muy difícil
pararse para hablar en contra’
de la anulación”, consigna al
respecto en su edición del
jueves 20 el semanario Búsqueda.
Y agregó: “es evidente que
estamos ante un problema”.
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En Montevideo, Daniel Gatti
© Rel-UITA
21 de septiembre de 2007 |
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