El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, indemnizará a familiares de dos argentinos desaparecidos en ese país en 1980, durante la dictadura (1964-85), informó una entidad defensora de los derechos humanos. La compensación a los familiares de Mónica Pinus Binstok y Horacio Domingo Campiglia implica un reconocimiento oficial de la responsabilidad estatal en esos secuestros en Brasil de opositores a la dictadura en Argentina (1976-83). Lula ordenó ayer iniciar de “inmediato” la apertura de los archivos de la dictadura y creó para ese fin una comisión especial integrada por siete ministros.

La decisión de Lula da Silva de indemnizar a los parientes de los dos argentinos fue confirmada por Jair Krischke, consejero del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Rio Grande do Sul (MJDH). Krischke fue el principal interlocutor de las familias de argentinos desaparecidos en Brasil durante el régimen dictatorial, informó ayer el portal Folha Online. Mónica Binstock y Horacio Domingo Campiglia fueron capturados en el aeropuerto de Galeao (luego rebautizado Tom Jobim), en Río de Janeiro, el 12 de marzo de 1980 y desde entonces siguen desaparecidos. Ese mismo año, el 26 de junio, también desaparecieron los argentinos Lorenzo Ismael Viñas y el sacerdote Jorge Oscar Adur, en la ciudad brasileña de Uruguaiana, en la frontera con Argentina. Estos cuatro casos son posteriores a la amnistía dispuesta en Brasil en 1979, por lo que aún no fueron indemnizados sus parientes. También desaparecieron en Brasil los argentinos Norberto Habegger (1978, en Río) y Enrique Néstor Ruggia (1974, en Paraná) antes de la amnistía y sus familias fueron ya indemnizadas.

El secretario gubernamental de Derechos Humanos, Nilmario Miranda, afirmó que “habrá una apertura amplia de los archivos (de la represión). El secreto será la excepción de las excepciones”. Los archivos secretos que verán la luz pertenecen a las fuerzas armadas, la Agencia Brasileña de Información (ABIN), el Servicio de Información de la Policía Federal y dos organismos oficiales con documentación del período de la dictadura.

La reunión en la que Lula decidió la apertura de los archivos, revelaron testigos, tuvo momentos conmovedores y los ministros Miranda y José Dirceu, jefe de la Casa Civil, dos ex presos políticos torturados por la dictadura, lloraron emocionados. El ministro de Justicia, Marcio Thomaz Bastos, informó que si algún documento revela crímenes no prescriptos ni abarcados por la amnistía de 1989, los responsables tendrán que responder ante la Justicia.