El mayor de Ejército (r) Ricardo Manríquez Pearson, ministro
consejero y hasta hace pocos días cónsul general de Chile en
Honduras, es un torturador. No es un mal chiste, ni una
invención de fábula. El gobierno de Ricardo Lagos ha debido
dar más de alguna explicación por este bochorno
internacional, que no es el primero de la interminable
"transición a la democracia". El propio ministro de
Interior, José Miguel Insulza, reconoció ante los medios de
prensa que el mayor (r) Manríquez goza de "inamovilidad" por
ser funcionario de planta de la Cancillería, gracias las
"leyes de amarre" que dejó la dictadura del genocida general
Augusto Pinochet, y que los gobiernos civiles no se han
dignado en modificar. Es un escándalo gravísimo, pero en
Chile se explica con desparpajo que Manríquez Pearson
"seguirá como diplomático sin destinación y recibiendo
sueldo del Estado". En la ciudad de San Fernando, en la VI
Región, algunas de sus cientos de víctimas interpondrán una
querella en su contra.
El periódico La Nación, que reveló la noticia, publicó
testimonios de algunas de quienes fueron sus víctimas en el
Regimiento "Colchagua", en el cuartel de la Policía de
Investigaciones en San Fernando y en la Cárcel Pública. El
"diplomático" Manríquez tuvo en sus manos el destino de
miles de prisioneros políticos en la provincia de Colchagua
pues se desempeñó como jefe de Inteligencia Militar. Incluso
hoy está declarado "inculpado" en algunos casos de detenidos
desaparecidos. La noticia publicada el 12 de abril, impactó
a numerosos chilenos víctimas de la tortura. En San Fernando
y sus alrededores, ex prisioneros políticos revivieron los
tormentos aplicados por Manríquez y sus hombres. Cientos se
movilizaron, redactando una carta que entregaron al propio
presidente de la República en una ceremonia en la localidad
de Nancagua.
No sucedió mucho. Manríquez fue llamado por el gobierno para
regresar a Chile y se le quitó su calidad de "cónsul
general", ordenándosele ponerse a disposición de la justicia
por el caso del detenido desaparecido Justino Vásquez. En
dicho proceso hay numerosas declaraciones de quienes fueron
subordinados de Manríquez cuando se desempeñó como
interventor de la Policía de Investigaciones, que lo
reconocen como quien estuvo a cargo las detenciones y de
dirigir la represión en la zona. Entre los "subalternos" de
Manríquez que han declarado ante la jueza Sofía Adaros se
encuentran los funcionarios Carlos Yáñez, Mario Ubilla, el
subcomisario (r) Muñoz Cartes; José Valladares; el comisario
Plutarco Garrido, y el suboficial de Ejército (r) Francisco
Manríquez. Ricardo Manríquez Pearson sigue libre. Sus
víctimas lo daban por muerto en un Hospital siquiátrico. Ese
fue el rumor que se echó a correr hace décadas y que le
sirvió de manto a este torturador para hacer su vida con
plena normalidad. Y la seguirá haciendo como miles de
torturadores que gozan de impunidad en Chile.
Hace unas semanas, el juez con "dedicación exclusiva" en
casos de derechos humanos, Joaquín Billard, titular del
Primer Juzgado de Crimen de Santiago, condenó a 15 años y 1
día al ex jefe operativo de la Central Nacional de
Informaciones (CNI) Álvaro Corbalán Castilla por el
"secuestro calificado con resultado de muerte" en la persona
de Juan Luis Rivera Matus, registrado en 1975. Junto a
Corbalán se condenó al ex miembro de la Dirección de
Inteligencia del Ejército (DINE), Sergio Díaz López. En
calidad de encubridores, recibieron sentencias el jefe del
Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea (SIFA), general
(r) Enrique Ruiz Bunger y Carlos Madrid Hayden, a 600 días
de "pena remitida", es decir, se les condenó a ir a firmar
un libro una vez cada dos semanas.
La DINE ha seguido en funciones durante los tres gobiernos
"democráticos". Corbalán, condenado a "cadena perpetua" por
el crimen del sindicalista Tucapel Jiménez, ocurrido en
1983, fue visto hace poco "comprando verduras" y "paseando"
en un minimarket de la comuna de La Reina, al oriente de
Santiago. El gobierno y la justicia debieron dar
explicaciones. El escándalo finalmente se tapó con noticias
de la farándula y el deporte. No rodaron cabezas como debió
ocurrir, y casi nadie alzó la voz. La impunidad pareciera
ser más pesada que cualquier verdad.
El nombre de Juan Luis Rivera Matus apareció en el informe
de la "Mesa de Diálogo" -gestada por el gobierno, la Iglesia
Católica y las Fuerzas Armadas, en las postrimerías del
gobierno de Frei Ruiz-Tagle y principios de Ricardo Lagos-
como una de las víctimas "lanzadas al mar", junto a 131
personas. Lanzadas al mar en 1973 por el Ejército, la Fuerza
Aérea y la Marina, luego de ser asesinadas, amarradas con
alambres de púas, y sujetas a rieles de tren o envueltas en
sacos. Se dio esa "explicación" para intentar acabar con la
doctrina del secuestro "permanente" -delito inamnistiable e
imprescriptible-, basada en tratados y convenciones
internacionales. Nuestros "detenidos desaparecidos"
permanecen secuestrados aún mientras sus cuerpos no
aparezcan. 30 años de secuestro en la ignominia y el horror.
Sin embargo, el 2001 los restos de Juan Luis Rivera Matus
aparecieron en el Fuerte del Ejército "Justo Arteaga" en
Peldehue, al norte de Santiago.
Juan Rivera, militante del Partido Comunista (PC), dirigente
sindical de Chilectra, había sido detenido el 6 de noviembre
de 1975. Ese mismo día se interpuso un "recurso de amparo"
ante la Corte de Apelaciones que fue rechazado por el
tribunal, luego de un "informe falso" emitido por el
ministerio de Interior de ese entonces. Rivera no permanecía
clandestino como dijo el ministerio del Interior en 1975, ni
salió del país, ni se fue a Europa. Rivera no fue lanzado al
mar como dijeron los militares el 2001. Fue otra mentira
para ocultar la verdad, para enseñorearse aun más con la
impunidad de la que gozan
