Pese a que durante los últimos años las autoridades
chilenas han introducido una serie de iniciativas
encaminadas a proteger los derechos humanos, siguen
recibiéndose denuncias de tortura y malos tratos en
Chile. Este país todavía no ha adoptado todas las
medidas necesarias para poner en práctica las
obligaciones que ha contraído en virtud de la
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes, en la que es Estado
Parte.
Entre las iniciativas oficiales se halla la creación
de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y
Tortura como resultado de una propuesta sobre derechos
humanos formulada por el presidente Ricardo Lagos en
agosto de 2003 para abordar la cuestión de los
millares de sobrevivientes de la práctica de la
tortura durante los años de gobierno militar.
«Amnistía Internacional espera que todos los casos de
tortura sometidos al estudio de la Comisión Nacional
sean examinados y que se proporcione a las víctimas el
reconocimiento oficial y la reparación que esperan
desde hace más de 20 años.»
«La tortura y los malos tratos no son sólo una
cuestión del pasado: todavía constituyen una práctica
generalizada en todo el país –dice Amnistía
Internacional–. Las medidas adoptadas por el gobierno
chileno, como la reforma de los procedimientos penales
iniciada en diciembre de 2000 y la tipificación de la
tortura como delito en el derecho interno en 1998,
deben ahora reforzarse con pasos concretos para que
Chile pueda erradicar la tortura de una vez por
todas.»
Una delegación de Amnistía Internacional que visitó
Chile en marzo de 2003 observó que el hacinamiento y
otras condiciones de reclusión en las cárceles
chilenas son caldo de cultivo de la tortura y los
malos tratos.
En enero de 2003, los presos políticos recluidos en la
cárcel de Colina II, en la Región Metropolitana,
fueron golpeados brutalmente y empapados con agua por
guardias penitenciarios y miembros del Grupo Especial
Antimotines.
También se han recibido denuncias de tortura a manos
de los propios militares. Los informes indican que no
es raro que los reclutas que cumplen el servicio
militar obligatorio sean sometidos a castigos que
constituyen tortura y malos tratos. Según se dijo,
Cristóbal Auger Hinrishen, de 19 años, ex cadete de la
Escuela Milita, fue sometido a malos tratos por sus
superiores en febrero y marzo de 2002. Actualmente,
Cristóbal sufre estrés postraumático.
«Es esencial que se lleven a cabo investigaciones
exhaustivas e independientes de todas las denuncias de
tortura, que se hagan públicos los métodos y las
conclusiones de las investigaciones y que se lleve
ante la justicia a los responsables», señala Amnistía
Internacional.
«La aparente inacción de las autoridades a la hora de
investigar los informes de tortura y malos tratos da
la impresión de que estos actos son tolerados y
fomenta su reincidencia», añade Amnistía
Internacional.
