Los casos de Chiquita y Drummond frente al TLC

El sindicalismo colombiano de tiempo atrás ha venido exigiendo un comportamiento cabal de las empresas nacionales o transnacionales, en correspondencia con la normatividad laboral nacional y los convenios de la OIT.

Hemos encontrado que la actitud de las empresas transnacionales es distinta en los países de origen a la que tienen en los países en desarrollo, donde hacen presencia.  En muchos de ellas, la vulneración a los derechos laborales es evidente y las políticas antisindicales se evidencian en la baja tasa de sindicalización y en la ausencia de diálogo para abordar los problemas laborales.

Estas razones han llevado a denunciar internacionalmente la conducta de esas empresas que hoy se constata, por una parte, sancionando a la empresa Chiquita  Brand, a quien se le comprobó el desembolso de recursos para apoyar a grupos armados ilegales, en este caso, los paramilitares.

La transnacional bananera Chiquita Brand pagó una multa de 25 millones de dólares a la justicia en Estados Unidos, tras reconocer que entregó más de 1.7 millones de dólares a grupos paramilitares en Colombia durante más de 10 años. Entre 1994 y el 2004, los pagos para garantizar la seguridad de la bananera, en zonas como Urabá y Magdalena, se efectuaron con cheques pagados a una convivir que era fachada paramilitar.

La bananera Chiquita procede de la misma multinacional estadounidense que en 1928 afrontó una huelga de sus trabajadores en Ciénaga, Magdalena, logrando que en medio de esa pacífica protesta la Fuerza Pública abriera fuego contra 3.000 trabajadores generando una de las masacres más horrendas de la historia de Colombia.

Otro caso evidente, es el relacionado con la Drummond donde una Juez Federal ha allanado el camino para que se juzgue a esta empresa en Colombia, por complicidad en el asesinato de tres dirigentes sindicales, en el 2001.

Sintramienergetica presentó pruebas que fundamentan la denuncia de muerte extrajudicial de sus dirigentes, aspirando a que prontamente se defina esta situación.  Para la CUT es de mucha importancia que la impunidad sea derrotada para que no se sigan justificando las violaciones a los derechos humanos, en todas sus expresiones.

En Colombia el sindicalismo es víctima de una violencia sistemática, lo que se corrobora al evidenciar que la larga tradición de violaciones a los derechos humanos del sindicalismo no se explica bajo un contexto o época determinada y mucho menos se trata de un resultado específico del conflicto interno armado colombiano.

En los diez y seis años comprendidos entre 1991 y 2006 han sido asesinados en Colombia 2.245 trabajadores y trabajadoras sindicalizados. En términos generales es posible afirmar que  el  promedio anual de asesinatos en estos quince años es de 140.

Los hechos de violaciones que hemos venido denunciando, nos dan la razón para demandar la celeridad en las investigaciones frente a estos y otros hechos. Consideramos que no hay las garantías que hagan posible la firma del TLC entre el Gobierno norteamericano y el colombiano, que se adelantan tanto en los Estados Unidos como en Colombia.

      Boris Montes de Oca Anaya                                     Carlos Rodríguez Diaz 

              Secretario General                                                       Presidente